El descuido del entorno y el abandono del paisaje agrario pueden hacer que una inversión se aplace o se descarte. Quien se plantea rehabilitar una vivienda, abrir un negocio o ampliar una actividad valora también lo que sucede alrededor: el cuidado del lugar, las condiciones para trabajar y la confianza en su futuro. Recuperar ese entorno es una condición necesaria, aunque no suficiente, para favorecer nuevas iniciativas. Es también una decisión prudente: mejora la vida de quienes ya estamos aquí, sostiene las actividades existentes y conserva oportunidades mientras se estudian otros proyectos.
Esta también debería ser una referencia al hablar de política para las personas. Porque la expresión también adquiere contenido cuando las decisiones permiten mantener una explotación, encontrar trabajo, emprender o formar una familia en el municipio. Por ello, una inversión pública debe explicar qué necesidad atiende, cuánto cuesta sostenerla y qué beneficio deja. Su justificación se completa cuando funciona y contribuye al bienestar que prometía.
Para elegir esas inversiones necesitamos una idea compartida del municipio que queremos construir. Qué cualidades deseamos conservar, qué actividades podemos desarrollar, qué dificultades debemos corregir y cómo vamos a conseguirlo. Esa visión permite establecer prioridades y comprobar si avanzamos. Una infraestructura puede contribuir a ese camino; su construcción, por sí sola, no la convierte en un atractivo ni en una ventaja competitiva.
Hermigua tiene dificultades que condicionan su capacidad de competir por costes. El relieve, la dispersión de sus núcleos y el tamaño reducido de explotaciones y negocios encarecen los desplazamientos, la producción y los servicios. Compartir equipos, compras, trabajos y distribución puede aliviar parte de esas limitaciones. Su principal oportunidad necesita apoyarse especialmente en la diferenciación: calidad, identidad, paisaje, tranquilidad y servicios que respondan bien a las necesidades de sus usuarios.
Un territorio pequeño necesita elegir. Cada actividad y cada infraestructura consumen espacio, recursos y capacidad de gestión, y pueden condicionar las siguientes. Conviene seleccionar aquello que podamos sostener y que refuerce las cualidades sobre las que queremos construir nuestro futuro. La suma de proyectos atractivos considerados por separado no garantiza un municipio coherente, ni una economía viable.
Esa orientación exige una política adaptada al municipio. Quien educa a varios hijos sabe que los principios comunes deben aplicarse reconociendo las capacidades, dificultades y circunstancias de cada uno. Ayudarlos a desarrollar sus posibilidades requiere apoyos distintos. La política insular debería prestar una atención semejante a sus pueblos: comprender qué los limita y qué actuaciones pueden fortalecerlos. La equidad territorial depende también de esa lectura.
En Hermigua, la persistencia del abandono y el deterioro de activos esenciales permiten cuestionar si esa atención ha sido suficiente. La comparación con San Sebastián u otros municipios debe incluir la utilidad, la integración y el funcionamiento de las actuaciones, además de sus presupuestos. Todos los pueblos merecen el mismo rigor. Una inversión elevada puede aportar poco, e incluso añadir una desventaja, cuando perjudica un recurso valioso o genera gastos, sin prestar el servicio esperado.
Por eso, recuperar el litoral, el barranco y el paisaje agrario forma parte de una política económica. Son espacios que influyen en la vida cotidiana, en la identidad del municipio y en las oportunidades de sus empresas. Su recuperación necesita prioridades, responsables y mantenimiento posterior. El abandono no puede ser nuestra decepcionante tarjeta de visita, especialmente cuando pretendemos que la calidad del entorno sea una razón para elegir Hermigua.
El cuidado ofrece, además, una señal de continuidad. Una finca atendida, un espacio público conservado o un entorno ordenado permiten percibir que existe capacidad para sostener lo que se hace. Esa confianza importa para quien debe comprometer ahorro, trabajo y años de su vida en un proyecto. No podemos cuantificar cuántas iniciativas han dejado de plantearse por el deterioro del municipio sin estudiar sus causas, pero sí reconocer que el entorno forma parte de la decisión de invertir.
Algunas oportunidades ni siquiera llegan a formularse: quien pierde interés puede dirigir su atención a otro lugar, sin presentar un proyecto ni explicar su decisión. Por eso, la ausencia de solicitudes no permite concluir que el abandono carezca de consecuencias económicas. Escuchar a propietarios, empresarios y posibles promotores ayudaría a conocer qué los frena y qué condiciones podrían animarlos a avanzar.
El arraigo puede animar a quienes nacieron aquí, tienen familia o veranearon en el pueblo. Sin embargo, una actividad necesita perspectivas económicas que acompañen a los vínculos sentimentales. Hermigua debería ofrecer condiciones para que regresar, quedarse o instalarse sea una decisión con futuro. Recuperar sus activos es una base útil para varias actividades posibles, incluso antes de saber cuáles acabarán prosperando.
El planeamiento influye decisivamente en esas condiciones. Los instrumentos insulares y municipales regulan dónde pueden desarrollarse actividades y bajo qué requisitos. Una estrategia necesita comprobar su encaje en ese marco e identificar qué obstáculos impiden iniciativas compatibles con el territorio. Hermigua debe defender sus necesidades cuando se elaboran o revisan esas decisiones, y ofrecer condiciones comprensibles a quienes quieren producir, rehabilitar un inmueble o instalar un negocio.
Ese trabajo exige distinguir las limitaciones que protegen recursos necesarios, de los bloqueos o desajustes que pueden corregirse. Hace falta concretar qué actividades se necesitan, dónde podrían desarrollarse y qué soluciones permitirían implantarlas, sin perder aquello que da valor al municipio. La protección del entorno debe acompañarse de condiciones para mantenerlo vivo y habitado.
En el suelo agrario aparece una cuestión especialmente importante. Su protección reconoce un interés que trasciende al propietario: conservar capacidad productiva, paisaje y recursos para la sociedad. Sin embargo, la clasificación por sí sola no asegura que una finca continúe cultivándose. Las dificultades de mercado, los problemas sanitarios de los cultivos, los costes y la falta de trabajadores pueden hacer inviable su continuidad.
Cuando eso sucede, debemos preguntarnos qué falta para alcanzar el propósito de la protección. Desde una perspectiva de responsabilidad pública, resulta insuficiente regular el destino de esos terrenos, sin ocuparse de las condiciones que permiten mantenerlos productivos. Si consideramos valiosa su continuidad, corresponde conocer por qué se abandonan y estudiar cómo corregir las causas sobre las que sea posible actuar.
Los propietarios y agricultores tenemos nuestra parte: cuidar las explotaciones, organizarnos y contribuir al coste de los servicios que necesitamos. Ese esfuerzo puede acompañarse de apoyo público cuando permite conservar beneficios colectivos y ofrece resultados comprobables. Facilitar trabajo agrario, asesoramiento y cooperación entre fincas sería una manera de dar contenido efectivo a la protección establecida.
Las inversiones públicas deberían guardar coherencia con esa orientación. La disponibilidad de financiación facilita ejecutar una obra, pero no acredita su necesidad, su emplazamiento, ni su viabilidad posterior. Antes de comprometerla, corresponde explicar qué actividad favorecerá, qué costes generará y cómo se relaciona con las prioridades del territorio. También deben considerarse sus efectos sobre otras oportunidades.
¿Cuánto influye el deterioro del litoral en quien estudia abrir un alojamiento?. ¿Cómo afecta una transformación del paisaje a quien pretende desarrollar una actividad basada en su tranquilidad o singularidad?. Una infraestructura bien elegida puede atraer iniciativas; otra puede alterar las condiciones que las hacían interesantes. La evaluación debe considerar ambos efectos, incluyendo las oportunidades que podrían perderse, aunque sean más difíciles de medir que el presupuesto de la obra.
El pretendido Centro de Talasoterapia merece examinarse con esa exigencia: su emplazamiento, su efecto sobre el paisaje de la bahía, los costes acumulados y las dificultades de funcionamiento. En mayo de 2026 se publicaba que continuaba fuera de uso, aunque hoy se disfrute del gimnasio municipal, y de un empleado que controla su acceso. Cabe preguntar si, al elegir aquella ubicación, se evaluó también su incidencia sobre otras actividades y sobre el atractivo de Hermigua para invertir. Antes de añadir recursos, debería conocerse qué problemas se pretende resolver, quién gestionará el servicio y qué gastos recurrentes serán necesarios para su mantenimiento.
La actuación de las autoridades transmite una orientación. Quienes contemplan instalarse aquí, observan qué se conserva, qué se transforma y con qué criterios se decide. Una intervención pública puede reforzar su confianza en el futuro del lugar o generar dudas sobre la continuidad de las cualidades que valoran. Esa señal también forma parte de sus consecuencias.
En Abrante, término municipal de Agulo, el atractivo del mirador debe valorarse junto con la gestión de sus servicios, cuya mejora fue objeto de una intervención anunciada en octubre de 2025. La propuesta de un teleférico desde el casco histórico de Agulo, incluida en la hoja de ruta presentada por el Cabildo en abril de 2026, requiere justificar demanda, construcción, explotación, mantenimiento e integración paisajística, además de evaluar su indudable impacto ambiental. Habría que estudiar cómo modificaría la experiencia de visitar uno de los municipios considerados más bonitos de España, su entorno, y qué actividades podría favorecer o cuáles podrían perder atractivo.
Importa saber cómo se distribuirían sus beneficios, la ubicación definitiva de las estaciones y si los recorridos de visitantes permitirían valorar qué otros negocios podrían captar ese flujo, si el gasto se extendería por el municipio o se concentraría en pocos establecimientos localizados estratégicamente, y qué conexiones se crearían con productores y proveedores locales. Porque, mientras la inversión privada puede contribuir al desarrollo, la infraestructura pública debe justificar un retorno suficientemente amplio para la comunidad.
La comparación entre alternativas necesita una exigencia común. Quienes proponemos apoyar un servicio agrario compartido debemos explicar cuánto cuesta, qué aportan los agricultores, qué trabajo permite realizar y qué resultados esperamos. Quienes eligen otras inversiones, también deberían justificar por qué las consideran más convenientes, a quiénes benefician y qué efectos tendrán sobre el empleo, la economía y el territorio.
Cabe formular la pregunta en sentido inverso: ¿qué razones permiten considerar preferible la inversión elegida frente a destinar recursos a sostener la producción agraria y organizar el trabajo que necesita? Nuestra propuesta podría resultar menos conveniente si carece de demanda, presenta costes excesivos o apenas mejora la continuidad de las explotaciones. Las alternativas deben someterse al mismo examen, mientras todavía existe la posibilidad de elegir, y comprobarse después mediante resultados.
La agricultura merece participar en esa comparación porque produce alimentos, ingresos y trabajo, y mantiene un paisaje que beneficia a residentes, visitantes y empresas. Su continuidad se vuelve incierta cuando falta relevo. Algunas explotaciones agrarias todavía cuentan con un medianero de avanzada edad; otras, con personas, igualmente próximas a la jubilación, que les ayudan con el riego de las parcelas. En ambos casos, son las que tienen suerte. La experiencia y dedicación de esas personas, merece nuestro reconocimiento. Precisamente por eso, debemos preguntarnos quién realizará esas tareas elementales cuando ya no puedan asumirlas, dando lugar a más abandono.
Después de compartir artículos y mensajes con agricultores y personas vinculadas al municipio, he encontrado una respuesta muy escasa. Comprendo que pueda haber dudas, cansancio, desconfianza o información insuficiente. Pero postergar indefinidamente la decisión también tiene consecuencias. Una finca que pierde atención puede producir menos, deteriorarse y exigir después más trabajo y dinero para recuperarla. Podemos perder, además, la oportunidad de que otras personas aprendan de quienes todavía la conocen y la mantienen.
Las herramientas y los equipos necesitan trabajadores preparados y una estructura que organice sus tareas. La formación necesita oportunidades para aplicar lo aprendido. Un servicio agrario compartido podría reunir trabajos de poda, desbroce, riego, tratamientos, plantación y cosecha que cada explotación, difícilmente, puede atender por separado. Completar esa organización es esencial para convertir los medios disponibles en actividad productiva.
La aportación pública de 150.000 euros anuales que proponemos estudiar, necesita una memoria económica: agricultores interesados, superficie atendida, horas necesarias, plantilla, costes y contribución de los usuarios. Con participación de los agricultores y colaboración del Ayuntamiento y el Cabildo, podría comprobarse cuánto cultivo permite mantener, qué empleo sostiene y cómo mejora el funcionamiento de las explotaciones.
Podemos comenzar con una experiencia limitada, reuniendo unas pocas fincas y sus tareas prioritarias. Aunque el servicio inicial no cubra todas las necesidades, permitiría evitar parte del deterioro y comprobar demanda, costes y calidad. La prueba necesitaría compromisos concretos, una duración definida y criterios para corregirla, ampliarla o finalizarla. Así, pasaríamos de discutir una posibilidad a valorar una experiencia real.
Se me puede reprochar cierta impaciencia, y probablemente haya algo de razón. Mi forma de entender estas situaciones tiene mucho de empresario: me preocupa el coste del tiempo. La comparación con el interés compuesto ayuda a explicarlo, aunque aquí no exista una tasa fija. El retraso puede acumular pérdida de producción, menores ingresos y mayores costes de recuperación. Actuar a tiempo también puede acumular experiencia, confianza y mejores condiciones para incorporar personas. Estudiar bien la iniciativa es necesario; ese estudio debe tener un plazo y conducir a una decisión.
El trabajo local aportaría beneficios a las familias: menos gastos y tiempo de desplazamiento, mayor descanso y mejores posibilidades de conciliación. La cercanía de San Sebastián ofrece, además, un mercado para productos y servicios desarrollados desde Hermigua. Aprovechar esa relación permitiría ampliar la actividad local y retener, en Hermigua, una mayor parte del valor generado.
La transformación alimentaria es una posibilidad coherente con esa orientación. Elaboraciones basadas en el plátano, el millo, la naranja, el aguacate o la parchita podrían aumentar el valor de la producción y encontrar compradores en comercios, restaurantes y alojamientos. Para convertirlas en negocios habría que comprobar suministro, demanda, márgenes y distribución. Espacios compartidos de elaboración y apoyo sanitario y comercial podrían reducir dificultades iniciales y beneficiar a varias explotaciones.
La cooperación también puede favorecer talleres, oficios y servicios auxiliares: mantenimiento, reparaciones, limpieza, rehabilitación, reparto, logística y apoyo administrativo o digital. Agrupar necesidades de residentes y empresas facilitaría una carga de trabajo más previsible para proveedores locales. Estos servicios reforzarían el funcionamiento de negocios que hoy resuelven por separado demandas semejantes.
El turismo activo y la formación especializada podrían complementar esa economía mediante cursos, academias y actividades vinculadas al entorno, en colaboración con alojamientos y restauración. Necesitan demanda suficiente, calidad y compatibilidad ambiental. La formación local debería acompañarse de tutorización, prácticas y oportunidades de empleo o emprendimiento. Los programas para participantes externos tendrían que valorar también las estancias y la actividad que generan durante el año.
La tranquilidad y la calidad de vida pueden atraer profesionales y negocios digitales. Los posibles menores costes de instalación deben contrastarse con transporte, conectividad, suministros y disponibilidad de trabajadores. Conocer esas condiciones permite elegir actividades adecuadas y resolver dificultades antes de promoverlas.
La vivienda completa este conjunto. Facilitar la residencia habitual de personas que trabajan en San Sebastián puede fijar población y sostener servicios, si existen viviendas disponibles y transporte adecuado. Las segundas residencias generan trabajo de rehabilitación y mantenimiento, pero su crecimiento debe preservar el acceso a la vivienda permanente. El propósito es mantener un pueblo habitado durante todo el año y ampliar las oportunidades de quienes llegan y de quienes ya viven aquí.
Estas posibilidades necesitan una selección coherente con la orientación del municipio. El Ayuntamiento, con el Cabildo y los agentes locales, podría identificar necesidades no cubiertas, espacios y mercados, y preparar unas pocas iniciativas viables. Cada propuesta debería acreditar costes, ingresos previstos, calidad del empleo y efectos sobre el entorno. La colaboración pública, privada y cooperativa permitiría repartir responsabilidades mediante acuerdos con aportaciones, plazos, seguimiento y condiciones de salida.
Para elegir bien, hay que escuchar antes de cerrar las decisiones. Reuniones con orden del día y documentación previa permitirían a agricultores, trabajadores, empresarios, asociaciones y vecinos contrastar alternativas y costes. Si se pretende profundizar y compartir compromisos, hace falta información para prepararse y disposición para revisar las propuestas. El aplauso o el silencio de una reunión poco preparada no bastan para conocer el grado de acuerdo informado.
La orientación que propongo relaciona esas actuaciones: recuperar los activos de Hermigua, reducir las dificultades para aprovecharlos y organizar actividades que se refuercen entre sí. La agricultura sostiene el paisaje; el paisaje favorece al turismo y a la residencia; los servicios compartidos facilitan la actividad; la formación y la vivienda ayudan a incorporar personas. Esa relación permite elegir inversiones con un propósito reconocible y valorar su contribución al conjunto.
En el servicio agrario, el primer paso es saber quién está interesado, qué tareas necesita y qué compromiso puede asumir para una prueba. Si existen dificultades, debemos conocerlas; si hay una alternativa mejor, corresponde estudiarla. Esperar a que cada agricultor se quede sin ayuda, hará más difícil encontrar una solución.
Cuidar el paisaje y dar a Hermigua una orientación estratégica compartida son condiciones necesarias para mejorar su futuro, aunque por sí solas no basten. Deben acompañarse de trabajo organizado, iniciativas viables y compromisos sostenidos. Empezar por conservar y recuperar lo que nos da valor es una decisión prudente: beneficia al municipio ahora y prepara condiciones para lo que pueda venir. Todavía contamos con recursos, experiencia y personas capaces de sostener ese esfuerzo. Organizarnos a tiempo es una forma concreta de pensar en nuestro futuro.
La responsabilidad política, para bien o para mal, trasciende el mandato. Una obra, una alteración del paisaje o una oportunidad perdida pueden seguir condicionando al municipio cuando quienes tomaron la decisión ya hayan dejado el cargo. Por eso, decidir exige mirar más allá de la inauguración y del calendario electoral. El pueblo permanece y asume las consecuencias: merece que cada actuación se valore también por las posibilidades que dejará abiertas a quienes vengan después.
Por eso, animo a todos a sostener lo que nos sostiene.
@JulioMora60
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