A la disponibilidad de agua y a la organización comercial, se suma un elemento decisivo: la garantía de mantenimiento continuo, el tercer factor del valor agrario.
Hay formas de cuantificar el valor de una finca que parecen evidentes, pero que en realidad son incompletas. Se suele considerar su superficie, la calidad del suelo, la orientación solar o incluso el cultivo implantado. Sin embargo, en el mundo agrario, el verdadero valor rara vez está únicamente vinculada a la tierra. Está en las condiciones que permiten que esa tierra produzca frutos de calidad.
Por eso, nadie discute que una parcela cambia radicalmente de valor cuando dispone de agua de riego. Tampoco se cuestiona que su rentabilidad mejora cuando se integra en una organización que facilita la comercialización de sus productos o abarata los insumos. En ambos casos, lo que transforma la finca no es lo que es, sino el sistema del que forma parte.
Y, sin embargo, hay un tercer factor, igual de determinante, que todavía no se está incorporando con la misma claridad: la garantía de que esa finca va a ser atendida y cultivada de forma profesional y sostenida.
Porque, en un territorio donde el principal riesgo no es la falta de tierra, sino su abandono, el valor ya no depende sólo de la capacidad de producir, sino de la certeza de mantenerse. Y esa certeza no es un atributo natural. No depende del suelo, ni del clima, ni siquiera del cultivo. Depende de algo mucho más decisivo: la mano de obra y la organización de la explotación.
Durante décadas, el análisis agrario ha girado en torno a dos grandes ejes. El primero ha sido el acceso a recursos productivos, especialmente el agua. El segundo, la capacidad de integrarse en estructuras que permitan colocar el producto en el mercado en condiciones competitivas. Ambos factores han demostrado ser determinantes. Pero hoy, en muchos territorios, y desde luego en Hermigua, emerge con claridad un tercero.
No basta con poder producir. No basta con poder vender. Si no se puede sostener el trabajo en el tiempo, el sistema se rompe.
Este es el punto en el que muchas pequeñas explotaciones dejan de ser viables. No porque no tengan potencial, sino porque no alcanzan el tamaño mínimo eficiente necesario para organizar, por sí solas, la continuidad del trabajo. La poda, el riego, el control de vegetación y el mantenimiento general no son actuaciones puntuales. Son exigencias permanentes.
Y cuando esa continuidad falla, el deterioro comienza. No de forma inmediata ni visible al principio, pero sí de forma inevitable. La finca se resiente, el coste de recuperación aumenta, la productividad cae y, finalmente, el abandono deja de ser una posibilidad, para convertirse en una consecuencia.
En este contexto, la pregunta clave deja de ser qué produce la finca, y pasa a ser otra: si existe un sistema que garantice su mantenimiento. Aquí es donde aparece el tercer factor del valor agrario.
Una finca que forma parte de una estructura organizada que asegura la continuidad del trabajo, no es la misma finca que aquella que depende, exclusivamente, de la capacidad individual de su titular. Aunque tengan el mismo suelo, el mismo cultivo y las mismas condiciones naturales, su valor económico y su viabilidad real son completamente distintas, porque una tiene garantizado su funcionamiento y la otra no.
Este principio no es nuevo. Ya se ha aplicado con éxito en otros ámbitos del propio territorio. La gestión del agua es el ejemplo más claro. Nadie entiende hoy el valor de una parcela sin considerar sus derechos de riego, y nadie cuestiona que ese valor está directamente vinculado a la existencia de un sistema organizado que garantiza el acceso y la distribución del recurso hídrico.
La administración no gestiona directamente el agua de riego vinculada a cada parcela, pero tampoco se desentiende: apoya, regula y sostiene cuando es necesario. Ese equilibrio es lo que hace que el agua funcione como sistema. Y ese mismo principio puede aplicarse al trabajo agrario.
La integración en una estructura como una AIE, introduce ese tercer factor: la garantía de mantenimiento mediante mano de obra organizada y compartida. No sustituye al agricultor, no altera la propiedad ni cambia el cultivo, pero sí introduce algo fundamental: la certeza de que la finca va a ser atendida. Y esa certeza, en un contexto de abandono progresivo, es un elemento de valor.
De hecho, puede afirmarse que estamos ante una evolución natural del concepto de valorización agraria. Primero fue el agua, como condición de posibilidad. Después, la organización comercial, como condición de rentabilidad. Ahora, la organización del trabajo, como condición de sostenibilidad.
Sin este tercer factor, los otros dos pierden eficacia. Una finca con agua, pero sin mantenimiento, se degrada. Una finca integrada en el mercado, pero sin continuidad en el trabajo, pierde productividad. La lógica es clara: sin sistema, no hay sostenibilidad.
Desde esta perspectiva, la concertación del verde agrario adquiere un sentido preciso. No es una ayuda, ni una intervención puntual, ni una política sectorial más. Es la forma de introducir ese tercer factor en el sistema, de garantizar que el mantenimiento del territorio deje de depender de esfuerzos individuales aislados y pase a formar parte de una estructura organizada, continua y evaluable. Y esto tiene implicaciones profundas. Por eso, puede hablarse de un modelo claramente “ganar-ganar”.
Para el agricultor, supone pasar de la incertidumbre a la previsibilidad; de depender de su capacidad individual a integrarse en un sistema que le permita sostener y revalorizar su explotación. No pierde su finca. Pasa de una lógica individual a otra colectiva, acepta reglas compartidas y confía en una estructura común, para ganar viabilidad. La alternativa a esa cesión parcial de control no suele ser la independencia plena, sino el deterioro progresivo y, en muchos casos, el abandono
Para la administración, el cambio también es profundo. Supone pasar de intervenir, a organizar y supervisar; de financiar actuaciones puntuales a sostener resultados; de gestionar problemas a estructurar soluciones. Implica renunciar a una parte del control operativo inmediato, pero ganar impacto, continuidad, medición y eficiencia. Porque, con un mismo nivel de esfuerzo público, el sistema permite mantener más superficie activa, generar empleo más estable, sostener mejor el territorio y obtener más resultado por cada euro invertido.
Y para el territorio, el efecto es todavía más claro: el paisaje agrario deja de depender exclusivamente del esfuerzo individual disperso, y pasa a sostenerse mediante una estrategia organizada. Se reduce el abandono, se mantiene el suelo productivo, se mejora el paisaje, disminuyen riesgos ambientales y el valle deja de deteriorarse tan rápidamente.
Sabemos que el paisaje no se pierde de golpe. Lo hace cuando deja de mantenerse. Y, del mismo modo, no se recupera con una intervención aislada, sino cuando existe continuidad y enfoque. Y es en este punto donde el análisis deja de ser técnico, para convertirse en una cuestión estratégica.
Porque, si aceptamos que el valor de una finca no depende sólo de la tierra, sino del sistema en el que está integrada, entonces también debemos aceptar que la política pública no puede limitarse a actuar sobre la tierra, sino hacerlo inteligentemente, sobre ese sistema.
De no hacerlo, cada finca pierde continuidad y pierde valor. Cada parcela que deja de atenderse aumenta el coste de su recuperación. Y cada decisión que aplace la organización sistematizada de lo que ya existe, refuerza, en la práctica, la tendencia al abandono.
Sin embargo, existe una alternativa. Una alternativa que no exige reinventar nada, sino aplicar de forma coherente una lógica que ya funciona en otros ámbitos: organizar lo que es continuo, estructurar lo que es disperso y sostener aquello que, por su naturaleza, no puede depender de decisiones aisladas.
La incorporación de ese tercer factor no es un matiz. Es un cambio de escala. Es lo que permite que el agua y el mercado dejen de ser condiciones necesarias, pero insuficientes, para convertirse en parte de un sistema completo. Porque, al final, la diferencia no está en lo que una finca puede llegar a producir, sino en si puede seguir funcionando, aunque el agricultor no esté presente.
A la vista de todo ello, la conclusión es clara. El valor agrario ya no puede entenderse sin incorporar la garantía de mantenimiento como elemento estructural. La pequeña explotación, en ausencia de organización, está condenada a la pérdida progresiva de viabilidad. Y el paisaje, sin continuidad en su cuidado, inevitablemente se degrada.
Existen instrumentos jurídicos suficientes para actuar, estructuras capaces de organizar la respuesta y recursos públicos que ya se están destinando a este ámbito. La cuestión no es si se puede intervenir, sino cómo hacerlo de forma eficaz.
El modelo hoy dominante, basado en programas temporales o actuaciones puntuales, tiene límites evidentes. Genera contratos de corta duración, rotación constante de trabajadores, escasa continuidad en las labores y dificultad para medir resultados duraderos. Se interviene, sí, pero el territorio no cambia de forma sostenida. No es una crítica a la utilidad social del empleo temporal, sino una constatación de que no todos los modelos producen el mismo efecto.
Ahí es donde aparece con claridad el núcleo de la propuesta: la concertación del verde agrícola. No como una ayuda abstracta, ni como una subvención sin más, ni como una política sectorial aislada, sino como un sistema. Un sistema en el que los agricultores siguen siendo titulares de sus fincas, una estructura que organice el trabajo, la mano de obra y la actividad genera valor económico, con una administración COFINANCIANDO UNA PARTE DEL COSTE, NO SU TOTALIDAD, para sostener resultados verificables de interés general.
Desde esta perspectiva, la concertación del verde agrícola no es solo una propuesta útil; es un cambio de enfoque. Dejar de tratar el paisaje como una suma de problemas individuales y empezar a gestionarlo como una infraestructura viva de interés general. Introducir continuidad donde hoy hay intermitencia, organización donde hay fragmentación y medición donde hoy predomina la actividad difusa. No pagar por actuar, sino pagar por sostener.
Además, este modelo no carece de base jurídica. El mantenimiento del paisaje agrario encaja en fines de interés general de carácter ambiental, territorial y económico. Existen instrumentos suficientes para formalizar relaciones de colaboración público-privada siempre que haya control, transparencia, financiación condicionada a resultados e indicadores objetivos. No se aprecia, en ese marco, vulneración de la normativa de contratación pública ni del régimen de subvenciones, siempre que el instrumento se configure adecuadamente como convenio de colaboración, con cofinanciación, ausencia de precio de mercado, no exclusividad y verificación efectiva de resultados. En ese sentido, el problema principal no es jurídico. Es conceptual y político.
Seguimos tratando el mantenimiento del territorio como una actuación puntual cuando, en realidad, es una necesidad continua. Seguimos interviniendo donde deberíamos estar sosteniendo. Seguimos gastando sin organizar. Por eso la verdadera disyuntiva ya no es entre intervenir o no intervenir, porque la intervención pública ya existe. La elección es otra: seguir administrando el problema o empezar a resolverlo con un sistema mejor diseñado.
Hermigua reúne condiciones especialmente favorables para ensayar este cambio. Tiene escala adecuada, identidad agrícola clara, territorio bien definido y una comunidad lo bastante próxima como para poner a prueba un modelo piloto. Precisamente por eso, lo razonable no es adoptar una decisión irreversible, sino comprobar su eficacia en condiciones reales. Definir una superficie, fijar criterios claros, establecer indicadores, medir resultados y evaluar su impacto en empleo, superficie mantenida y sostenibilidad territorial.
Cuando una propuesta es viable, medible y reversible, la forma más prudente de gestionarla no es descartarla, sino ponerla a prueba. No intervenir también es una decisión, y tiene coste. Supone aceptar más abandono, más pérdida de suelo productivo, más deterioro del paisaje, más riesgo ambiental y más debilidad económica. No actuar también cuesta, y además cuesta cada vez más.
Por eso, al final, el problema no es el dinero. Es cómo se utiliza. No hace falta necesariamente más presupuesto. Hace falta otra lógica. Una lógica que integre el gasto en la actividad real que sostiene el territorio; que transforme empleo temporal en trabajo estable; que convierta apoyo público en inversión productiva; y que trate el paisaje agrícola, no como una herencia pasiva, sino como una responsabilidad presente.
El paisaje no depende de elecciones. Depende de decisiones. Y en este punto, la decisión ya no es técnica, ni jurídica, ni presupuestaria. Es política. O se sigue gestionando el problema con fórmulas que ya han mostrado sus límites, o se empieza a resolver mediante un sistema capaz de organizar lo disperso, sostener lo continuo y activar el territorio con el mismo dinero.
Por ello, procede avanzar hacia modelos que permitan introducir este tercer factor en la práctica, mediante experiencias piloto que vinculen la financiación pública a resultados verificables y permitan evaluar su impacto en términos de superficie mantenida, empleo generado y sostenibilidad del territorio.
Cuando una propuesta es viable, medible y reversible, la forma más prudente de gestionarla no es descartarla, sino comprobarla.
La conclusión, por tanto, es clara. El territorio no necesita más intervenciones aisladas. La pequeña explotación, sin organización, está condenada a una pérdida progresiva de viabilidad. Necesita un sistema que funcione. Y ese sistema, por primera vez, tiene nombre, lógica y forma. El paisaje, sin continuidad en su cuidado, inevitablemente se degrada. Pero existe una alternativa: cofinanciar la actividad real, organizar el trabajo a través de estructuras productivas vincular el esfuerzo público a resultados verificables. La diferencia ahora no está en si es posible. Está en si se decide hacerlo.
Mientras tanto, sólo resta felicitar al Cabildo Insular de la Gomera, por su reciente decisión de comprometer 2,3 millones de euros, para actuaciones continuadas en la red de senderos de la isla, con la ayuda de 26 personas. Para la concertación del verde agrícola de Hermigua, experiencia reproducible en otros municipios, precisaremos mucho menos apoyo, con un efecto multiplicador y un valor inducido sobre la inversión pública, mucho mayor. Merece la pena comprobarlo.
@JulioMora60
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