“La Comunidad de Regantes del Valle de Hermigua se funda en 1916 con todos aquellos propietarios y regantes de tierras de regadío que tenían derecho al aprovechamiento de las aguas que discurren por los barrancos de la cuenca de El Cedro y sus manantiales. Funciona como Corporación de Derecho Público adscrita al Consejo Insular de Aguas de La Gomera, gozando de plena autonomía jurídica y económica”.
Hasta aquí, una brevísima referencia histórica de quien, desde hace más de un siglo, suministra el agua de riego a las explotaciones agrícolas de Hermigua: su Comunidad de Regantes.
Sin embargo, la próxima instalación de una planta desaladora portátil en Hermigua abre una oportunidad para reflexionar sobre el futuro del agua en el valle. Más allá de la capacidad técnica para producir agua potable a partir del mar, conviene analizar, con serenidad, cuál debería ser el destino más adecuado de ese recurso, teniendo en cuenta el elevado coste energético de la desalación y elevación, la protección del suelo agrícola, la sostenibilidad económica del riego, el impacto ambiental de las salmueras, las garantías sanitarias del sistema, la huella climática asociada y el equilibrio territorial de Hermigua a largo plazo.
En los últimos años, la desalación se ha consolidado como una herramienta estratégica para garantizar el suministro hídrico. La tecnología actual permite transformar agua de mar en agua apta para el consumo humano, mediante procesos de ósmosis inversa, remineralización y potabilización. Sin embargo, el debate no debería limitarse únicamente a la posibilidad técnica de producir agua, sino también al destino más adecuado de esa agua, dentro de un territorio agrícola y paisajístico como Hermigua.
El agua desalada no es equivalente al agua natural tradicionalmente utilizada en la agricultura del valle. Aunque pueda corregirse químicamente y acondicionarse, sigue presentando características distintas en cuanto a mineralización, equilibrio de sales y comportamiento agronómico. Su uso continuado en determinados cultivos y suelos, puede exigir controles y correcciones permanentes que eviten problemas de sodificación, alteraciones estructurales del suelo o desequilibrios nutricionales.
En Hermigua, el valor del suelo no depende únicamente de la existencia de agua, sino también de su calidad y de la estabilidad física, biológica y química del terreno. Los bancales, la estructura edáfica acumulada durante generaciones, la materia orgánica y la microbiología del suelo forman parte de un patrimonio agrario extremadamente delicado y difícilmente recuperable, si llegase a deteriorarse.
Por ello, quizás convenga abrir una reflexión pública sobre si el destino más lógico del agua desalada y potabilizada debería ser, prioritariamente, el abastecimiento humano, permitiendo así reservar las aguas naturales tradicionales para la agricultura, el mantenimiento del paisaje y la protección del suelo agrícola del valle.
Ese planteamiento no supondría cuestionar la utilidad de la desaladora, sino, precisamente, integrar dicha infraestructura dentro de una estrategia territorial más amplia y equilibrada. La desalación podría convertirse así en un instrumento de garantía hídrica y resiliencia frente a sequías o emergencias, mientras las aguas históricas continuarían sosteniendo la actividad agrícola y la identidad paisajística de Hermigua.
A ello se suma otro elemento que merece una reflexión serena: el elevado coste energético de la desalación, potabilización y elevación del agua, en que incurre una planta situada a unos 300 del litoral, destinada a entregar agua a cotas muy superiores y a larga distancia, hasta la red de distribución o riego. Siendo así, surgen varias preguntas y, cualquier respuesta, conlleva importantes agravios comparativos, sin que, hasta ahora, se sepa en virtud de qué acuerdos se ha podido decidir:
¿Hasta qué cota de altitud se propone impulsar y utilizar el agua desalada?.
¿Se reservarán las aguas naturales, para regar los terrenos situados en cotas de altitud superior?.
¿Qué uso se piensa dar, para qué tipo de consumo, y desde qué cota a qué cota, al agua natural de los manantiales, administrada por la Comunidad de Regantes?.
¿Las aguas naturales terminarán reservándose, prioritariamente, para abastecimiento humano, incluido el necesario para el desarrollo de otras actividades económicas más lucrativas que la agricultura?.
¿El agua desalada se destinará, principalmente, al riego agrícola?.
¿Y, en su caso, de todas las explotaciones agrícolas o sólo de algunas?. ¿Bajo qué criterio?.
Se sabe que la producción y entrega de un metro cúbico de agua desalada a la altitud requerida, supondrá un coste económico considerable, antes incluso de incorporar amortizaciones, mantenimiento técnico especializado, sustitución periódica de membranas o componentes, personal técnico, reparaciones o renovación constante de equipos. productos químicos o gestión de la salmuera. Precisamente por ello, quizás convenga no analizar únicamente el coste inicial de implantación de la desaladora, previsto en 1.781.000 euros. sino también el coste acumulado de sostenerla durante décadas.
Ese esfuerzo energético puede resultar asumible cuando se trata de garantizar el abastecimiento humano, dado que el volumen destinado al consumo doméstico es relativamente moderado y el agua potable constituye un servicio esencial; y, en ocasiones, también podrían asumirlo actividades económicas con mayor margen que el derivado de las explotaciones agrarias. Sin embargo, trasladar ese mismo modelo a grandes consumos agrícolas plantea interrogantes económicos y territoriales relevantes, especialmente en un contexto de incremento continuo del precio de la energía de una elevada dependencia exterior.
Pero, una desaladora no produce únicamente agua. También produce una huella energética y climática que merece ser conocida y evaluada públicamente. El elevado consumo eléctrico necesario para desalar y elevar el agua, implica emisiones indirectas de CO₂ asociadas a la generación de esa energía.
Dependiendo del volumen anual producido, las emisiones asociadas podrían alcanzar varios cientos de toneladas de CO₂ al año. Por ello, quizá también debería plantearse cómo compensar o reducir esa huella mediante sistemas de autoconsumo renovable, mejora de la eficiencia energética, recuperación de energía y programas de restauración vegetal y forestal capaces de absorber parte de las emisiones generadas.
La reflexión sobre el agua no debería desligarse de la reflexión sobre la energía y el clima, porque garantizar el abastecimiento hídrico del futuro, también implica analizar el coste ambiental y energético de las soluciones adoptadas.
La implantación de un modelo hidráulico crecientemente apoyado en la desalación, también introduce una nueva vulnerabilidad que rara vez forma parte central del debate público: la dependencia energética. A diferencia de los sistemas tradicionales basados en galerías, nacientes, estanques y conducciones gravitatorias, una desaladora sólo puede funcionar si existe un suministro eléctrico constante y estable, por lo que la garantía futura del agua estaría estrechamente vinculada a la garantía del suministro eléctrico.
El agua así obtenida, deja de depender principalmente de la gravedad y del territorio, para depender, cada vez más, de bombas, membranas, cuadros eléctricos, electrónica industrial y energía importada. Y esa transformación no es menor. Supone trasladar una parte importante de la seguridad hídrica hacia un sistema tecnológicamente más complejo y, potencialmente, más vulnerable ante averías, cortes eléctricos, encarecimiento de la energía o problemas de mantenimiento.
A ello se suma otra cuestión poco visible: la creciente dependencia tecnológica exterior. Una desaladora como la que se instalará próximamente, necesita membranas de ósmosis inversa, productos químicos, sistemas de filtrado, sensores, automatismos, repuestos y asistencia técnica especializada. Y, todo ello, exige una cadena permanente de mantenimiento, reposición y soporte técnico que, en gran medida, depende de suministros y tecnologías externas a La Gomera.
Esa dependencia tecnológica no sólo tiene implicaciones económicas, sino también estratégicas. Cuanto más industrializado y tecnificado se vuelve el sistema del agua, mayor puede ser también su vulnerabilidad frente a problemas logísticos, incrementos de costes energéticos o dificultades de reposición y mantenimiento a largo plazo.
El verdadero debate económico quizás no sea cuánto cuesta construir la infraestructura, sino cuánto costará mantenerla operativa y quién terminará soportando finalmente ese coste creciente en el futuro. Especialmente, en un contexto de subida estructural del precio de la energía y reducción progresiva del número de explotaciones agrícolas activas capaces de absorber parte del sistema. Anticiparnos a estas contingencias, evitará que nos encontremos ante un nuevo “elefante blanco” o, lo que sería aún peor, ante una crisis todavía más profunda del sector agrario, con peores consecuencias sobre el paisaje.
Desde el punto de vista operativo, la gestión de la salmuera constituye, además, uno de los aspectos más sensibles de cualquier proyecto de desalación, porque no es simplemente agua salada devuelta al mar, sino un rechazo con una concentración salina muy superior a la natural, que puede contener restos de productos utilizados en los procesos de limpieza y mantenimiento de la planta.
Al ser más densa que el agua marina, tiende a hundirse y desplazarse sobre el fondo. Si el vertido se realiza en zonas con poca renovación de agua o escasa dispersión, pueden producirse acumulaciones progresivas de salinidad, capaces de alterar ecosistemas, comunidades de algas y otros organismos marinos sensibles.
Por ello, la ubicación y el diseño del emisario submarino resultan fundamentales. La profundidad del vertido, las corrientes marinas, la dinámica del oleaje, la capacidad de renovación del agua y la existencia de hábitats sensibles condicionan directamente el impacto ambiental del sistema. Por tanto, cualquier emisario debería diseñarse con criterios de máxima prudencia técnica: adecuada profundidad, zonas con buena dispersión natural, sistemas difusores que favorezcan la mezcla rápida con el mar y monitorización ambiental permanente.
Además, la separación entre la captación de agua marina para la desaladora, y los emisarios de salmuera o aguas residuales, constituye una cuestión esencial para la seguridad sanitaria. No basta, únicamente, con mantener distancia física entre las tres o más conducciones que deberán instalarse en los apenas 900 metros de longitud de la Playa de Santa Catalina, sino que resulta imprescindible conocer el comportamiento real de las corrientes y masas de agua, para evitar fenómenos de recirculación hacia la captación de la desaladora.
En Hermigua, donde litoral, biodiversidad, paisaje y actividad agrícola forman parte del mismo equilibrio territorial, la prudencia técnica y ambiental debería ser máxima.
Además, la ubicación prevista de la instalación en suelo rústico de protección agraria, introduce también una dimensión territorial que merece ser analizada con detenimiento. La vinculación administrativa de este tipo de infraestructuras al interés agrario puede resultar más sencilla, cuando el destino principal del agua está ligado directamente al riego y al mantenimiento de la actividad agrícola. Sin embargo, si el agua producida se orienta, prioritariamente, al abastecimiento humano, el debate sobre el encaje territorial, el interés público y la coherencia del modelo hidráulico, adquiere todavía mayor relevancia.
Así, podría sostenerse que dedicar el agua desalada al abastecimiento humano permitiría precisamente proteger las aguas naturales tradicionales para la agricultura, reforzando indirectamente la preservación del paisaje agrario y del sistema agrícola del valle. En ese sentido, la desaladora podría entenderse no únicamente como una infraestructura hidráulica aislada, sino como parte de una estrategia global de equilibrio territorial y resiliencia hídrica.
Sin embargo, junto a las cuestiones técnicas y ambientales, ha comenzado a surgir también otra reflexión relacionada con la forma en que se ha desarrollado el proyecto, y con la percepción de parte de la población respecto a la ausencia de un debate público previo, suficientemente amplio.
Cuando una actuación afecta simultáneamente al agua, la agricultura, el litoral, el paisaje, el consumo energético, la salud pública y el modelo territorial futuro de un municipio, resulta comprensible que muchos vecinos consideren razonable haber podido conocer con mayor detalle, y con carácter previo, los objetivos, alternativas, ventajas, costes, riesgos y posibles impactos antes de que la infraestructura comenzara a ejecutarse.
Probablemente, muchas de las reacciones y dudas que hoy existen no nacen únicamente de la desaladora en sí, sino, muy especialmente, de la sensación de que determinadas decisiones han podido adoptarse sin una explicación pública suficientemente detallada y participativa.
En ocasiones, las administraciones impulsan este tipo de actuaciones desde una lógica principalmente técnica y administrativa, especialmente cuando consideran que existe una necesidad urgente de garantizar el abastecimiento o cuando deben cumplir determinados plazos de financiación y ejecución, para acogerse a una financiación oportuna, preferente y conveniente, sujeta a plazos. También es frecuente que los responsables públicos intenten evitar procesos largos de confrontación o bloqueo social, especialmente en municipios donde cualquier debate puede adquirir una dimensión política y emocional.
Sin embargo, en proyectos de esta naturaleza, la transparencia y la participación suelen resultar fundamentales para generar confianza colectiva. La población no sólo necesita conocer que una infraestructura puede funcionar técnicamente, sino también comprender sus implicaciones económicas, ambientales, sanitarias y territoriales a medio y largo plazo.
Quizás una estrategia más prudente habría consistido en abrir inicialmente un proceso informativo amplio sobre la situación hídrica real de Hermigua, explicando con claridad los problemas existentes, las previsiones futuras y las distintas alternativas posibles para reforzar el sistema hidráulico del municipio, en vez de presentar las conclusiones de una decisión ya adoptada.
A partir de ahí, podría haberse facilitado una comparación transparente entre diferentes soluciones, incluyendo costes energéticos, impacto ambiental, afecciones territoriales, ventajas, limitaciones y posibles usos del agua producida. Del mismo modo, quizá habría resultado conveniente explicar, desde el principio, no sólo los beneficios potenciales del proyecto, sino también sus incertidumbres, exigencias técnicas y posibles inconvenientes.
Sabemos que Hermigua es muy sensible desde el punto de vista agrícola y paisajístico. Muchas veces el conflicto social no surge, necesariamente, por la existencia de una infraestructura concreta, sino por la percepción de no haber podido participar, suficientemente, en la comprensión y evaluación de decisiones que afectan al futuro colectivo de nuestro municipio.
En este contexto, también resulta significativo recordar las reflexiones que algunos especialistas han venido realizando desde hace años sobre el modelo hidráulico insular. Ingenieros y técnicos con amplia experiencia han defendido reiteradamente que, antes de multiplicar infraestructuras de desalación energéticamente muy intensivas, quizá debería haberse actuado con mayor profundidad sobre la mejora de las redes, la reducción de pérdidas, el almacenamiento, la recuperación y mantenimiento de infraestructuras tradicionales, la gestión eficiente de caudales, y la planificación integral del sistema hidráulico insular.
Desde esa perspectiva, la cuestión de fondo no sería únicamente si una potabilizadora puede funcionar técnicamente, sino si convertir la desalación en uno de los ejes estructurales del modelo hídrico, constituye realmente la estrategia más inteligente, sostenible y coherente para el futuro de la isla y de Hermigua, en particular.
Porque existe una diferencia importante entre utilizar una desaladora como apoyo estratégico o solución complementaria ante situaciones críticas, y convertir la desalación en una dependencia estructural permanente del sistema hidráulico. Esa diferencia afecta, directamente, al consumo energético futuro, a la huella de carbono, a los costes de mantenimiento, a la dependencia tecnológica y a la vulnerabilidad económica del sistema.
En ese sentido, también merece una reflexión el posible riesgo de abandono agrario inducido. Si el agua agrícola termina siendo cada vez más costosa, compleja o energéticamente dependiente, muchas pequeñas explotaciones podrían ver comprometida todavía más su viabilidad económica. Y en Hermigua, el abandono agrícola no representa únicamente una pérdida económica privada, sino también una transformación profunda del paisaje, del equilibrio territorial y de su propia identidad.
La desaparición progresiva de agricultores implica también pérdida de mantenimiento continuo del territorio, deterioro de bancales y muros, aumento de erosión, riesgo de incendios, expansión del abandono y debilitamiento del paisaje agrario que históricamente ha definido a Hermigua.
Porque, en realidad, el agua nunca ha sido únicamente una cuestión técnica. El agua condiciona el modelo territorial, la agricultura, el paisaje, la economía y el futuro mismo del valle. Quien controla la producción, el coste, la impulsión y la distribución del agua, termina condicionando también buena parte de las dinámicas futuras de desarrollo del territorio.
No hace falta ser un gran especialista para considerar razonable que una actuación compleja, costosa, energéticamente intensiva y con posibles implicaciones sobre agricultura, litoral, salud pública y territorio merezca ser explicada, comparada y debatida, públicamente, antes de consolidarse como modelo de futuro.
Precisamente por ello, si la infraestructura prevista finalmente continúa adelante, quizá lo razonable sería exigir el máximo nivel posible de prudencia técnica, transparencia pública y protección territorial.
También podría resultar conveniente disponer de información, pública y clara, sobre: el coste energético real del sistema, el coste final aproximado del metro cúbico producido, el volumen anual previsto, el destino prioritario del agua, el trazado de impulsiones, la ubicación exacta de captación y emisario, las profundidades de vertido, los protocolos sanitarios, y los sistemas de seguimiento ambiental previstos.
Del mismo modo, podría resultar prudente establecer: una vigilancia oceanográfica y ambiental permanente, la monitorización microbiológica continua, el análisis de contaminantes emergentes, los controles periódicos sobre suelos agrícolas, la revisión anual del comportamiento del sistema, la evaluación pública de emisiones y huella climática; los planes de compensación ambiental y forestal, y los mecanismos públicos de seguimiento y transparencia. Señalando que la proximidad física y el conocimiento de la existencia y de os resultados de todas estas medidas cautelares, siendo imprescindibles, también serán fuente de permanente juicio y valoración, por parte de la ciudadanía y de quienes nos visiten.
La magnitud económica, energética y territorial de una actuación de este tipo aconseja que su evaluación no finalice el día de su puesta en funcionamiento, sino que continúe durante toda la vida útil de la infraestructura.
Abrir un debate técnico, transparente y participativo sobre estas cuestiones, no debería interpretarse como una oposición a la infraestructura, sino como una muestra de responsabilidad colectiva hacia uno de los recursos más estratégicos para el presente y el futuro de Hermigua.
Y quizás, la pregunta final que merezca realmente una reflexión colectiva, sea ésta:
¿Puede terminar repercutiéndose el elevado coste energético y de elevación del agua desalada sobre un número cada vez menor de explotaciones agrícolas, comprometiendo su viabilidad económica y aumentando la presión sobre unos suelos especialmente frágiles, mientras las aguas de los agricultores, de mayor calidad y administradas por la Comunidad de Regantes, se destinan, prioritariamente, al consumo doméstico y a otras actividades económicas con mayor margen?
@JulioMora60
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