El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han alcanzado un acuerdo para incluir en el decreto de medidas anticrisis la congelación del precio de los alquileres en la renovación de los contratos, según ha adelantado El País y ha podido confirmar este diario. La medida tendrá una vigencia de al menos seis meses, tal y como había dejado caer esta mañana en una entrevista en Radio Nacional de España el secretario de Estado de Derechos Sociales y secretario de Economía de Podemos, Ignacio Álvarez.
El acuerdo se ha alcanzado a última hora, escasos minutos antes de que comience el último Consejo de Ministros del año, en el que se va a discutir la renovación del real decreto con medidas para paliar los efectos de la crisis por la guerra en Ucrania y la inflación. Los equipos negociadores de ambas partes del Gobierno estuvieron reunidos hasta altas horas de la madrugada, enconadas principalmente en el asunto de los alquileres, sobre el que Unidas Podemos había reforzado la presión en los últimos días. Las conversaciones se han retomado esta mañana en una reunión entre el presidente del Gobierno y la ministra de Trabajo en la que han cerrado los últimos detalles.
Con este acuerdo, el Ejecutivo renovará el decreto anticrisis que vencía el próximo 31 de diciembre. En principio, el nuevo paquete contendrá la mayoría de políticas del anterior, como la reducción del IVA de la electricidad o la subvención de los combustibles, aunque en este punto es previsible que haya algunas modificaciones, e incluirá algunas nuevas, como había pedido el socio minoritario de la coalición. Sánchez comparecerá tras la reunión de los ministros para explicar los detalles del nuevo escudo social y hacer balance del año.
En materia de vivienda, PSOE y Unidas Podemos han acordado renovar la limitación del 2% la revalorización anual del precio de los arrendamientos, que tradicionalmente estaba indexada al IPC, que ya estaba vigente desde el primer decreto anticrisis, aprobado en abril. Pero además, han alcanzado un acuerdo para congelar los precios de las rentas cuando se vencen los contratos y ambas partes quieren renovarlos. El propietario tiene libertad en ese momento para exigir al inquilino un nuevo precio y, según alertan desde la formación confederal, en los últimos meses se venían produciendo incrementos del 20 o el 30%. Con la nueva medida, el dueño de la vivienda tendrá que mantener el precio que estaba vigente al menos durante los próximos seis meses, periodo en el que estarán vigentes la mayoría de medidas del decreto.
Aunque las conversaciones entre las dos partes del Gobierno para la renovación del decreto se habían abierto a principios de diciembre, a petición de Díaz, en los últimos días se habían acercado posturas en la mayoría de asuntos y se habían constatado también los puntos de bloqueo. El domingo, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, escribió un tuit en el que pedía que se aprobase la congelación de los alquileres y las hipotecas. El lunes, fuentes de Unidas Podemos afirmaban que las negociaciones estaban bloqueadas ante la negativa del PSOE a aprobar las medidas que pedía el espacio confederal sobre vivienda.
Mientras se seguían las conversaciones, Díaz escribió en la tarde del lunes un mensaje en sus redes en el que pedía “dar tranquilidad” a las familias y “no a los fondos buitres”. Era una consigna parecida a la que había trasladado durante el día la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que lamentaba que al PSOE siempre le flaqueasen las piernas a la hora de regular el mercado de la vivienda.
Esta política temporal sobre los alquileres será presumiblemente la antesala de una negociación más grande entre los dos socios de la coalición por la Ley de Vivienda cuya tramitación lleva meses bloqueada en el Congreso. En una entrevista en Televisión Española este mismo martes, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha deslizado la intención de su grupo parlamentario de plantear que esa ley incluya topes a los precios de todos los contratos y no solo de los que ahora están en vigor y deben renovarse, algo que por otro lado el espacio confederal ya había planteado. “Hasta que no tengamos aprobada la Ley de Vivienda, el precio de los contratos completamente nuevos es muy difícil de intervenir porque ni siquiera hay un índice para poder referenciar”, ha explicado, al tiempo que ha defendido la necesidad de “proteger de forma efectiva” a todas esas personas que “tienen problemas para llegar a fin de mes por el gasto en vivienda”.