El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, deberá declarar mañana en San Sebastián de ante la juez que investiga su patrimonio, Blanca María Suárez González. En esa causa, figura como denunciante el equipo de Delitos Urbanísticos de la Policía Judicial de la Guardia Civil, y como acusación particular el portavoz de CCN en el Cabildo
de La Gomera.
El informe de la Guardia Civil, emitido en enero de 2013 a petición del Juzgado detalla que, en 1998, Curbelo poseía una vivienda, un local comercial, tres garajes, un trastero y una participación de una séptima parte, por herencia, sobre cuatro fincas situadas en una zona de San Sebastián de La Gomera llamada Lameros del Barranco. Sin embargo, actualmente, según los datos que maneja la Guardia Civil, se le atribuye la propiedad de siete viviendas en La Gomera, La Laguna (Tenerife) y Villanueva de La Cañada (Madrid), nueve garajes y cuatro locales comerciales. Entre esas propiedades figuran algunas a su nombre y otras que han sido escrituradas por familiares suyos, pero que el Instituto Armado considera controlados por él. La Benemérita cifra el valor del patrimonio en 2,1 millones de euros.
La Guardia Civil sostiene que parte de ese patrimonio se ha adquirido a precios «irreales», en operaciones «sospechosas» o con ingresos que no encuentran justificación con las retribuciones que recibía Curbelo en ese período, en el que cobró entre 88.548 y 111.603 euros anuales, fundamentalmente por sus cargos en el Senado, el Cabildo de La Gomera y organismos públicos de Canarias.
Una de las propiedades que se encuentra bajo sospecha de haber sido adquirida a precios irreales es una finca en Mazapeces, en el municipio de Valehermoso, que figura a nombre de Almudena Curbelo Curbelo y cuyo anterior propietario era un hombre de 90 años que, se sospecha, pudo haberla enajenado sin estar bien informado de su auténtico valor. Asimismo, se ponen en cuestión varias operaciones de la sociedad Galga SL.
Cuando se hizo público el informe de la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil, Curbelo defendió la limpieza y legalidad de su patrimonio y criticó que se indague su evolución solo a partir de 1998 y «no unas décadas antes, cuando contaba con siete inmuebles que por herencia o adquisición» eran de su propiedad y que, en su mayoría, fue vendiendo.
También manifestó que estaba «tranquilo» y dispuesto a ofrecer a la juez cuantas explicaciones sean necesarias para demostrar que las acusaciones que se dirigen contra el «son falsas».
Fuente: A.M La Opinion de Tenerife