En pleno clamor social contra los desahucios, con una huelga general por la vivienda convocada para el 11 de noviembre por este motivo y cuando ya ha arrancado la precampaña electoral para los comicios del 29 de noviembre, el PP de Castilla-La Mancha no ha dudado en clarificar cuál es su postura sobre esta situación: bajar impuestos a empresas inmobiliarias y fondos buitre, y acelerar desahucios administrativos, es decir, los que se producen en el parque residencial con algún tipo de protección pública.
Así lo refleja en tres de las 58 enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado para su inclusión en la futura norma de medidas sobre suelo y vivienda que el Gobierno de Emiliano García-Page quiere que las Cortes regionales aprueben para noviembre y cuyo contenido ya ha desgranado este periódico en las últimas semanas.
Estas propuestas del PP, que se abstuvo en la toma en consideración de la norma, se han debatido hoy mismo en la Comisión de Fomento del Parlamento autonómico, encargada de elaborar el dictamen sobre la futura regulación. Previamente, el diputado socialista Álvaro Toconar ya había alertado de estas propuestas del PP.
“Si hoy en esta comisión aprobamos sus enmiendas tendríamos tres noticias: que los fondos buitre tendrían una importante bajada de impuestos, que se agilizarían los desahucios en el parque público residencial, y que las empresas, la ciudadanía y los ayuntamientos tendrían más trabas para construir viviendas en Castilla-La Mancha”, ha dicho.
Las tres polémicas enmiendas
Con ello se refería, en concreto, a tres enmiendas del Grupo Popular. La primera de ellas pide añadir un nuevo artículo en la futura ley mediante el que se aprobaría una reducción del 9 al 6 por ciento el tipo general de transmisiones patrimoniales aplicable a los inmuebles.
En la segunda de sus propuestas, el PP ha apostado también por añadir un nuevo artículo para regular un tipo “reducido” de ese mismo impuesto, del 5 al 3%, para la “adquisición de viviendas por empresas inmobiliarias destinadas a su posterior venta”, sin especificar qué tipo de empresas y con qué fines. Ambas supondrían, según el PSOE, “bajar impuestos y allanar el camino a los fondos buitre”, los mismos que han provocado desahucios como el de Maricarmen, la espita que abrió las protestas sociales en todo el país y la histórica acampada en la Puerta del Sol de Madrid.
Es más, en ambas propuestas de bajadas de impuestos, dispone que serán aplicables a los hechos imponibles devengados desde el 1 de enero de 2026. Es decir, las empresas que hubieran presentado autoliquidación e ingresado una cantidad superior a la que resulte de su aplicación “podrán solicitar su rectificación y la devolución de la diferencia, con los intereses que correspondan conforme a la normativa tributaria”.
Ampliar las causas para un desahucio administrativo
Pero además, en la tercera de sus polémicas enmiendas, piden ampliar las causas que pueden provocar un “desahucio administrativo” (el que se produce en el parque público residencial). El PP quiere así que, en las viviendas adjudicadas para atender una necesidad de carácter temporal expresamente identificada en la resolución de adjudicación, fuera causa de desahucio la desaparición sobrevenida y acreditada de la circunstancia que la justificó, algo que no incluye el texto original de la futura ley. Con ello, se acelerarían este tipo de resoluciones administrativas.
Esta cuestión ha marcado buena parte del debate en comisión de la futura ley castellanomanchega, que se tramita por la vía de urgencia como proposición del Grupo Socialista.
El diputado socialista, durante su intervención y tras defender las bondades de la ley ante la crisis nacional de la vivienda, no ha dudado después en afear al PP que con sus propuestas (una enmienda la totalidad por la puerta de atrás) pretenda “agilizar desahucios, bajar impuestos fondos buitre y más burocracia”. “Plantean que los fondos buitre paguen menos impuestos que la gente”.
Fuera de las Cortes también se ha referido a esta cuestión, la consejera portavoz del Gobierno castellanomanchego, Esther Padilla: “En un momento en el que el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de la población, el PP plantea medidas que benefician a los grandes inversores. Va por un camino distinto al de la ciudadanía. Su propuesta consiste en aliviar la presión fiscal de quienes hacen negocio con una necesidad básica”.
Pero el PP ha pasado de puntillas por sus tres controvertidas enmiendas. En su intervención inicial, el diputado Ignacio Redondo apenas las ha mencionado. Se ha limitado a afirmar que la futura ley puede “no tener encaje” en la legislación estatal y, por lo tanto, introduce “inseguridad jurídica”.
Ha defendido así que sus propuestas no buscan “bloquear” la futura normativa y al llegar al bloque de enmiendas donde propone bajadas de impuestos, simplemente ha hablado de “beneficio fiscal” pero no las ha detallado, ni ha concretado a qué tipo de empresas se bajaría impuestos.