- El vicepresidente primero y consejero de Régimen Interior y Patrimonio Insular del Cabildo, Adasat Reyes, pide claridad en las nuevas obligaciones de los cabildos en patrimonio, comercio y emergencias, y coordinación para evitar duplicidades
- Respalda las medidas para recuperar La Palma y valora las mejoras para la vivienda vacacional, aunque reclama preservar el régimen específico de las Islas Verdes
El vicepresidente primero y consejero de Régimen Interior y Patrimonio Insular del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes, ha reclamado este jueves que las reformas normativas del Gobierno de Canarias se acompañen de recursos suficientes, responsabilidades claras y respeto a las competencias insulares. Durante su intervención en la Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento, valoró tres decretos leyes relativos a modificaciones sectoriales, la recuperación de La Palma y las actividades clasificadas.
Reyes reconoció la necesidad de cumplir los acuerdos de la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y Canarias, actualizar procedimientos y simplificar trámites. No obstante, advirtió de que las nuevas obligaciones deben estar definidas y resultar asumibles para las administraciones responsables. “Nuestra principal preocupación no es cuestionar la finalidad de estas modificaciones, por supuesto, sino garantizar su aplicación”, manifestó.
En materia de patrimonio cultural, pidió aclarar la transición desde los catálogos insulares hacia la figura de los bienes de interés patrimonial insular, especialmente respecto a los bienes protegidos y los expedientes en tramitación. El objetivo, explicó, es evitar incertidumbre sobre la protección existente y una acumulación de procedimientos sin personal suficiente para resolverlos.
Asimismo, solicitó concretar los plazos y la documentación de los informes insulares, evaluar los medios disponibles para la inspección y establecer mecanismos de asistencia técnica durante la adaptación. También demandó precisar las condiciones de intervención autonómica ante la inactividad de un cabildo, con requerimientos previos y coordinación.
Respecto a las licencias comerciales, destacó la necesidad de disponer de información suficiente para justificar los informes dentro del plazo de dos meses. Estos pronunciamientos afectan a responsabilidades insulares relacionadas con espacios naturales protegidos, movilidad y riesgos hidráulicos.
El vicepresidente cuestionó, además, la exigencia de informes autonómicos vinculantes para aprobar determinados planes insulares comerciales. Reclamó integrar los instrumentos existentes sin duplicidades ni gastos innecesarios y delimitar la supervisión autonómica para preservar la capacidad de decisión de los cabildos.
Extendió esta petición a los planes de emergencia, que deben responder a la orografía, la dispersión de los núcleos y las dificultades de accesibilidad de cada isla. En este ámbito, defendió la coordinación entre administraciones y la dotación de medios técnicos adecuados para los servicios insulares.
En relación con La Palma, Reyes expresó el respaldo del Cabildo gomero a las medidas urgentes complementarias para su recuperación económica y social tras la erupción. Trasladó el “apoyo absoluto siempre a las medidas que se tomen respecto a la recuperación de la isla de La Palma” y destacó la importancia de avanzar en la reubicación de sus habitantes y la recuperación comercial y agraria.
Sobre el decreto de actividades clasificadas, valoró las mejoras para dar seguridad jurídica a la vivienda vacacional. “Permite complementar las rentas de muchas familias, genera oportunidades y contribuye a distribuir los beneficios del turismo por el territorio insular”, señaló.
Reyes destacó la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2027 del plazo para presentar la comunicación previa de actividades clasificadas y el aplazamiento hasta el 13 de diciembre de 2030 de las determinaciones territoriales y urbanísticas previstas para las Islas Verdes. También valoró la concreción de los requisitos técnicos exigibles.
No obstante, advirtió de que esa solución temporal debe preservar el régimen diferencial de la Ley 14/2019 en los supuestos en que deba continuar aplicándose. Planteó precisar esta cuestión con el Gobierno y expresó una posición favorable con los matices expuestos.
El Cabildo de La Gomera sitúa así la suficiencia de recursos, la coordinación administrativa y el respeto a las singularidades insulares como condiciones para trasladar las reformas a una gestión eficaz al servicio de la ciudadanía.

