El Gobierno aprueba ayudas directas para adquirir vehículos eléctricos o híbridos enchufables e instalar infraestructuras de recarga

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El Consejo de Ministros ha aprobado la tercera edición del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (MOVES III), que financia con ayudas directas la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables como turismos, furgonetas o motos, así como la adquisición e instalación de infraestructuras de recarga.

Novedades del Plan

El programa, que se podrá seguir reforzando en ejercicios futuros, cuenta con una dotación mínima de 400 millones de euros ampliables, al menos, a 800. La iniciativa, presentada el viernes por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y en la que han participado las comunidades autónomas y el sector, constituye la primera línea de actuación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de movilidad sostenible. Forma parte de un paquete más amplio que incluirá actuaciones en transporte público, movilidad no motorizada y zonas de bajas emisiones.

Ayudas a la compra de vehículos

La nueva edición del Plan MOVES aumenta las ayudas directas para particulares y autónomos y financia con hasta 9.000 euros la compra de furgonetas, con hasta 7.000 euros la de turismos y con hasta 1.300 euros la de motocicletas si el usuario achatarra un vehículo de más de siete años de antigüedad. En caso contrario, las ayudas pueden alcanzar los 4.500 euros para los turismos.

Por su parte, las ayudas para empresas otorgan una mayor cuantía a las pymes y pueden ascender a 4.000 euros por la compra de un turismo eléctrico y hasta 5.000 por la adquisición de una furgoneta. Se fomenta igualmente el achatarramiento, esencial para reducir las emisiones contaminantes, mejorar la seguridad vial y contribuir a la economía circular. En este sentido, el Ejecutivo ha impulsado también hoy una gestión más eficiente y segura de los residuos de los vehículos al final de su vida útil transponiendo la normativa comunitaria al respecto.

Infraestructuras de recarga

Las infraestructuras de acceso público apoyadas por el programa tendrán que garantizar su operatividad durante al menos cinco años y permitir la recarga puntual a los usuarios de vehículos eléctricos sin necesidad de que medie contrato con el operador del punto de recarga.

La nueva línea también mejora las ayudas a la instalación de infraestructuras de recarga para particulares, comunidades de propietarios y pequeñas y medianas empresas, así como para puntos de carga rápida y ultrarrápida.

Refuerzo de las ayudas y plazos de la convocatoria

Las ayudas se refuerzan con un diez por ciento adicional en tres supuestos: la adquisición de turismos eléctricos destinados al uso de taxi o servicio de VTC, las actuaciones en municipios de menos de 5.000 habitantes y las cuantías para las personas con movilidad reducida que necesiten adaptar su vehículo. Además, en esta edición se mantiene el descuento adicional de al menos 1.000 euros por parte del concesionario para la adquisición de turismos y furgonetas.

Los particulares y los autónomos pueden beneficiarse de las ayudas desde el 10 de abril, mientras que las empresas deberán esperar a la convocatoria por parte de las comunidades autónomas, que dispondrán de un plazo de tres meses desde la entrada en vigor del Real Decreto. MOVES II seguirá vigente hasta el término de las convocatorias de cada comunidad para evitar un período sin ayudas.

Políticas activas de empleo

El Gobierno ha autorizado la propuesta de distribución territorial de dotación de fondos gestionados por las comunidades autónomas con competencias en el ámbito de las políticas activas de empleo. El importe total es de 2.111 millones de euros con cargo al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales determinará la distribución final de esa cantidad. Todas las comunidades autónomas mejorarán o igualarán sus percepciones para financiar las políticas activas de empleo en 2021 respecto al ejercicio anterior.

Esta distribución de fondos se completará con otra partida de 688 millones de euros con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Plan Integral de Empleo de Canarias

En materia de empleo, el Consejo de Ministros también ha aprobado destinar 42 millones de euros para desarrollar el Plan Integral de Empleo de Canarias 2021, que incluirá programas para reducir el desempleo en las islas, ahora agravado por los efectos económicos derivados de la crisis sanitara del COVID-19, y para mantener los puestos de trabajo. Además, se dirigirá a los desempleados de larga duración, a los jóvenes y promocionará el emprendimiento.

Los fondos, a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se distribuirán mediante un convenio con el Gobierno de Canarias.

Ayudas a proyectos de investigación industrial

El Ejecutivo ha aprobado una convocatoria de ayudas para I+D+I en ‘Líneas Estratégicas’. En concreto, el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Agencia Estatal de Investigación, destinará 64,5 millones de euros en subvenciones y 43 millones en créditos a proyectos de investigación industrial en los que colaboren empresas y organismos de investigación.

Los proyectos seleccionados contarán con un mínimo de 400.000 euros y un máximo de 2 millones de euros y durarán tres años. Deberán avanzar tanto en el conocimiento científico como en el desarrollo tecnológico en una de las 23 líneas estratégicas seleccionadas, que abarcan ámbitos tan diversos como las baterías, el patrimonio cultural, los robots para ayudar a las personas o la despoblación.

Programas de desarrollo rural

El Consejo de Ministros ha autorizado la distribución de 104,12 millones de euros para los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas. La decisión tendrá que ser refrendada por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.

El objetivo de esos programas es mejorar la competitividad del sector agroalimentario, asegurar la gestión sostenible de los recursos naturales y alcanzar un desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales.

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