La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias denuncia que la aprobación de la Ley para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, procedente del Decreto ley 3/2025, de 21 de abril, supone un paso decisivo en la privatización de funciones públicas esenciales para el control del territorio y del uso del suelo.
CCOO lamenta que el Parlamento de Canarias haya dado luz verde a la norma pese a los reparos formulados durante su tramitación, entre ellos los del Consejo Consultivo de Canarias, y al rechazo expresado por profesionales y personal de oficinas técnicas y gerencias de urbanismo. Para el sindicato, el texto subordina el interés general a lógicas privadas y mercantiles en un territorio sometido a una elevada presión urbanística.
Informes privados sin ratificación municipal
El núcleo más preocupante de la ley es la regulación de los denominados «informes técnicos de conformidad», que podrán ser emitidos en régimen de colaboración por colegios profesionales, entidades urbanísticas de colaboración o medios propios personificados. Cuando sean favorables, estos informes excluirán la obligatoriedad del informe técnico municipal sobre los aspectos examinados y no necesitarán una verificación o ratificación posterior del personal de la Administración competente.
CCOO considera que este mecanismo desplaza a los servicios técnicos municipales en una materia directamente vinculada al ejercicio de potestades públicas y a la garantía de la legalidad urbanística. Las funciones que determinan qué puede construirse, con qué condiciones y de acuerdo con qué usos no deben convertirse, a juicio del sindicato, en una prestación sujeta a las reglas del mercado y de la rentabilidad.
Un sistema al alcance de quien pueda pagarlo
La norma establece que, cuando el informe sea solicitado por la persona interesada, su coste será asumido por esta y podrá situarse entre el 0,5% y el 3% del presupuesto de ejecución material del proyecto, sin incluir el IGIC. CCOO alerta de que esta fórmula beneficia especialmente a los grandes promotores y al capital con capacidad para pagar una vía privada de tramitación, mientras deja en una posición desigual a la ciudadanía y a las iniciativas con menos recursos.
El sindicato rechaza que la emergencia habitacional se utilice como coartada para crear un nuevo mercado en torno a las licencias urbanísticas. El problema de la vivienda, sostiene, exige acción política, inversión pública, ampliación del parque público de alquiler y medidas capaces de contener los precios. «La solución no pasa por facilitar una vía de pago a los grandes promotores ni por profundizar en la dinámica especulativa del suelo en Canarias», señala CCOO.
Ataque a la autonomía municipal
CCOO denuncia también una intromisión en la autonomía local y en la capacidad de autoorganización de los ayuntamientos. La ley permite que cada corporación rechace mediante acuerdo plenario la aportación de informes privados a instancia de las personas interesadas. El sindicato considera que este sistema invierte la lógica de protección de las competencias municipales, porque obliga a los plenos a pronunciarse expresamente para conservar íntegramente el modelo de control técnico público.
La organización sindical advierte además de que otras modificaciones incorporadas a la ley pueden desplazar determinaciones del planeamiento municipal, aprobadas con participación ciudadana y adaptadas a la realidad de cada municipio, y alterar el régimen de equipamientos, dotaciones, aprovechamientos y usos del suelo. A ello se suma que la calificación de las viviendas asequibles incentivadas tendrá una duración de siete años, tras los cuales, salvo las excepciones previstas, pasarán a ser viviendas libres.
CCOO recuerda que varios ayuntamientos, entre ellos Candelaria, Las Palmas de Gran Canaria y Santa María de Guía, ya han manifestado en sus plenos su rechazo a esta injerencia. Asimismo, personal de distintas oficinas técnicas y gerencias de urbanismo ha elaborado y difundido un manifiesto contra la privatización de funciones públicas que deben regirse por los principios de objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica.
CCOO estudia una respuesta jurídica
Para el sindicato, la norma representa una nueva modalidad de huida del Derecho Administrativo al trasladar funciones sometidas al estatuto de derechos, deberes e incompatibilidades del empleo público a personas y entidades externas sujetas al derecho privado. CCOO considera que esta intervención de agentes ajenos a la Administración en procedimientos vinculados al ejercicio de potestades públicas puede entrar en conflicto con la doctrina del Tribunal Supremo.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía anuncia que estudiará las actuaciones jurídicas que procedan frente a una ley que, a su juicio, debilita el control público del suelo, reduce las garantías sobre el interés general del territorio y abre la puerta a la compraventa de informes en un ámbito reservado históricamente a la Administración.