Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) considera de una enorme gravedad política lo ocurrido hoy en el Parlamento, donde el presidente del Gobierno de las dos derechas, Fernando Clavijo, ha contradicho a su propio consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, y a un documento oficial de la Secretaría General Técnica de su Ejecutivo, remitido al Legislativo. También a la Adenda de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias del ejercicio 2025, firmada el 19 de junio de 2026 que consigna dinero para pagar los acuerdos extrajudiciales, y a las 36 sentencias judiciales. El portavoz parlamentario de NC-BC, Luis Campos, afirmó que el jefe del Ejecutivo mantuvo una mentira en sede parlamentaria sobre el origen de las indemnizaciones millonarias a determinados promotores turísticos como consecuencia de la ley de la moratoria de 2009 para justificar su “rendición” a los privados y viciar el debate reabierto en la sociedad para fijar límites al crecimiento y apostar por el desarrollo sostenible.
Tras escuchar la respuesta del jefe del Ejecutivo a la pregunta oral del portavoz parlamentario de NC-BC, Luis Campos recordó que ayer miércoles, en una comparecencia sustanciada en el pleno, Manuel Miranda reconoció que las indemnizaciones extrajudiciales pactadas con los privados, cercanas a los 500 millones de euros, estaban relacionadas con la “no aplicación” del artículo 17.1 de la ley de 2009 de Paulino Rivero y José Manuel Soria.
Una afirmación que, según demostró NC-BC, coincide con la “respuesta oficial” de la Secretaría General Técnica de Política Territorial al grupo nacionalista progresista. Ese documento oficial, como se puede leer en su contenido, establece que las sentencias vinculadas a la Ley 6/2001 y a la Ley 19/2003 del Ejecutivo de Román Rodríguez y Adán Martín fueron todas desestimatorias y no generaron indemnizaciones por responsabilidad patrimonial.
En cambio, respecto al artículo 17.1 de la Ley 6/2009, señala expresamente que la Administración estaba trabajando en la ejecución de las sentencias, como también se reconoce en la Adenda a la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias del ejercicio 2025, firmada el 19 de junio de 2026 que consigna dinero para pagar los acuerdos extrajudiciales, y en las 36 sentencias judiciales.
“¿A quién hay que creer, señor Clavijo: a usted, a su consejero, al secretario general técnico de su propio Gobierno, a la cuenta general de la comunidad o a las 36 sentencias judiciales?”, preguntó Campos. A su juicio, el presidente ha optado por mantener una “mentira y por manipular”.
El portavoz de NC-BC mantuvo la calificación de “rendición absoluta” la actuación del Ejecutivo de Clavijo con los acuerdos extrajudiciales alcanzados con los promotores turísticos, que comprometen cerca de 500 millones de euros de fondos públicos. “Esto no es un ganar porque les han dado todo lo que han pedido ya que mantienen la propiedad de los suelos y sus derechos urbanísticos, mientras Canarias afronta una factura millonaria”, criticó.
Para Luis Campos, lo sucedido en el pleno demuestra que Clavijo “está dispuesto a todo, incluso a desautorizar” a su propio consejero Miranda y “a contradecir los documentos oficiales” de su Ejecutivo para “mantener sus falsedades”.
“No puede culpar a las moratorias para protegerse de sus propias decisiones. Su propio Gobierno ha dejado por escrito dónde están las indemnizaciones. Lo demás es manipulación”, subrayó.
Fernando Clavijo, según el portavoz parlamentario de NC-BC, “ha quedado atrapado en su propia contradicción”. Un presidente que “dice una cosa mientras su consejero dice otra y los documentos oficiales de su Gobierno, como las sentencias dicen otra muy distinta, demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar para justificar una rendición ante los intereses privados que va a costar cientos de millones de euros a Canarias”.
El también secretario general de NC-BC dijo además que Clavijo, al criminalizar a las moratorias, intenta viciar el debate instalado entre las canarias y los canarios para establecer límites al crecimiento y apostar por un desarrollo sostenible.