UGT insiste en revisar el modelo de contratos públicos celebrados por las administraciones en materia de seguridad privada

Es inadmisible que la contratación pública de servicios de seguridad privada recaiga en un porcentaje elevado en manos de empresas de seguridad que evidencian grandes deudas con hacienda y seguridad social para posteriormente presentar concursos y dejar a miles de personas trabajadoras en el desempleo

Las noticias aparecidas en prensa durante estos días y relacionadas con una organización dedicada presuntamente al blanqueo de capitales y fraudes a la seguridad social donde aparecen algunas empresas de seguridad privada con sendos contratos adjudicados en la administración pública,  vuelven a reabrir el debate de la situación de determinadas empresas instauradas en el sector de la seguridad privada en nuestro país que tras recibir numerosas adjudicaciones de servicios de las administraciones , entre otras posibles irregularidades, contraen enormes deudas para posteriormente  dejar a las personas trabajadoras en el desamparo laboral. Un modelo perverso que para UGT es necesario cambiar desde el ámbito político para un sector que debe cimentarse en la calidad de sus servicios y en el mantenimiento de las condiciones laborales y donde empresas y administración deben tener responsabilidad solidaria, unos por el servicio realizado y la administración sobre las empresas que realizan los servicios.

Un modelo de contratación pública de servicios de seguridad privada donde para UGT prima abiertamente la adjudicación a la oferta más económica que resulta en numerosas ocasiones no cubrir ni los costes salariales mínimos recogidos en la negociación colectiva. En igual forma la administración en general no realiza ningún tipo cuanto menos eficaz de revisión durante la ejecución del contrato así como establece criterios mínimos en relación con la solvencia de las posibles empresas adjudicatarias.

La falta de ningún tipo de responsabilidad legal por parte de la administración sobre lo que ella misma contrata, está generando un espiral de empresas de seguridad adjudicatarias de contratos públicos que dejan de abonar las nóminas a sus vigilantes, resuelven su economía dejando deudas en hacienda y seguridad social y posteriormente cesan en la actividad, poniendo de relieve un modelo de contratación que desde UGT una vez más se considera que debe ser revisado con urgencia.

 

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