Según recoge la resolución, se le considera presunta autora de un delito contra la hacienda pública, con las agravantes de cuantía de la defraudación y utilización de personas jurídicas interpuestas por el IRPF del ejercicio 2012, 2013 y 2014, así como por el Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2012, 2013 y 2014.
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