Eldiario.es| El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que llevará a cabo una reforma del Código Penal que, entre otras cosas, incluirá la eliminación del delito de sedición. Ese tipo penal será sustituido, a partir de ahora, por el de desórdenes públicos agravados. En una entrevista este jueves por la noche en laSexta, el presidente ha confirmado una reforma que se negocia desde hace meses en el seno del Ejecutivo y con los socios parlamentarios de ERC. “Se trata de modernizar, de homologar el código penal en lo que respecta al delito de sedición. Mañana mismo PSOE y Unidas Podemos vamos a presentar una iniciativa legislativa para reformar ese delito de sedición para reemplazarlo por un delito homologable a otras democracias europeas”, explicó el presidente.

Sánchez detalló que, en adelante, las penas por esos delitos serán catalogadas al estilo de los códigos penales de otros países de nuestro entorno. “La propuesta contempla homologar las penas y renombrar el tipo para que pase al de desórdenes públicos agravados, como otras democracias a las que España se quiere equiparar”, dijo el presidente antes de justificar que esta medida no es, en su opinión, una cesión al independentismo. “Lo que quiere el independentismo es la amnistía, algo que este Gobierno no va a aceptar”, apuntó.

El líder del Ejecutivo ha comparado la situación que vivían Catalunya y España en 2017 con Carles Puigdemont y Mariano Rajoy gobernando y la que se vive a día de hoy. “Estamos construyendo convivencia. Invito a la gente que se dé un paseo por Catalunya y la comparen con 2017. ¿Preferimos la del 2017 o la de 2022?”, se preguntó.

Cuestionado expresamente por si esta medida salva de algún modo la responsabilidad ante la justicia de expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, Sánchez ha sido tajante: “Puigdemont tendrá que dar cuentas ante la justicia española” porque “los delitos siguen estando presentes en nuestro código penal”.

“Un compromiso personal de investidura”

Hasta ahora, el presidente del Gobierno había aludido de forma recurrente a la “falta de mayoría parlamentaria” para sacar adelante una reforma del Código Penal, en referencia no solo a la postura del PP sino del propio independentismo catalán. Pese a lo cual Pedro Sánchez nunca ha escondido que esa reforma forma parte de un “compromiso de investidura personal”, tal y como volvió a insistir hace solo unos días en Bruselas. “Tenemos un Código Penal que no es homologable a las principales democracias europeas en algunos de los delitos” dijo Sánchez tras plantear que “2017 nos dejó algunas lecciones para nuestra democracia” en referencia al procés.

Hace dos semanas, Alberto Núñez Feijóo encontró precisamente en ese compromiso del Gobierno por reformar el Código Penal la última excusa para romper las negociaciones que estaban a punto de culminar con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. “Eso es romper la unidad de los españoles ante la ley”, se justificó el vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, solo un día después de que su propio partido defendiera públicamente que el delito de sedición y la renovación del CGPJ eran “dos cosas distintas”.

En la entrevista de este jueves, el presidente del Gobierno ha afirmado que no cambiará las mayorías del Consejo General del Poder Judicial para zanjar la crisis actual. “No solucionaría nada”, ha declarado Sánchez, quien ha afirmado que el PP incumple la Constitución al situar al Poder Judicial “en una crisis gravísima”.

El presidente ha asegurado que durante el último encuentro mantenido en Moncloa con el líder de la oposición le preguntó cuál es la alternativa a la posición que mantiene el PP. “¿Cuál es la alternativa, ir a 2024 a ver si gana el PP las elecciones y ver si puede imponer una mayoría distinta?”, ha dicho Sánchez en laSexta.

Desde ERC han calificado el anuncio de Sánchez “muy positivamente”. “La eliminación de la sedición es un gran paso adelante, un paso imprescindible en la dirección de acabar con la represión política por el conflicto entre el estado español y Catalunya. No hubiera sido posible sin la negociación política entre ambos gobiernos, y no hubiera sido posible sin la apuesta de Esquerra Republicana por la vía negociada para acabar con la represión”, han valorado fuentes de la formación independentista.

Acuerdo de la mesa de diálogo

El acuerdo al que ambos partidos han llegado ahora para reformar el Código Penal culmina los pactos parciales a los que habían llegado en la mesa de diálogo sobre la llamada “desjudicialización”. El último documento conjunto surgido de la reunión del 26 de julio pasado ya incorporaba un compromiso para emprender reformas legales que aligeraran los delitos y las causas judiciales a las que se enfrenta el independentismo. En ese mismo texto se ponían como fecha límite el fin de 2022.

Pese a que la voluntad es tocar varios delitos, la sedición ha sido desde el principio el principal foco de la negociación, debido a que es el tipo penal más duro por el que están condenados los líderes ya juzgados, como Oriol Junqueras y Jordi Turull, y al que podrían enfrentarse los que aún no han tenido juicio, como Carles Puigdemont o Marta Rovira.

Tanto el Gobierno como ERC han argumentado que el delito de sedición, tal y como está tipificado en el ordenamiento español, ha quedado desfasado y no es compatible con los códigos penales europeos. En la mayoría de países de nuestro entorno, la sedición se castiga con penas más bajas que en España y, además, tiene como requisito la violencia.

Que este delito cambie o desparezca tiene consecuencias directas sobre los ya condenados, debido a que la ley española establece que se aplicarán de forma retroactiva los cambios en el Código Penal que sean beneficiosos para el reo.

En este caso, como los indultos se concedieron de forma parcial y solo para las penas de cárcel, los cambios podrían rebajar el tiempo de inhabilitación para cargos públicos a los que están condenados. Sin embargo, la mayoría de los líderes independentistas juzgados por el procés tienen también una pena por otros delitos, como el de malversación, por lo que sería el propio Tribunal Supremo el que debería recalcular cómo quedan sus penas.

En el plano político, el acuerdo alcanzado supone el primer fruto concreto de la mesa de negociación, al menos reconocido por ambas partes como tal. Desde ERC y el Govern habían puesto sus máximas expectativas en esta reforma, que consideran que despeja algunos de los problemas judiciales del independentismo, aunque entienden que debe de haber más cambios para el objetivo de conseguir, si no una amnistía, sí los efectos de una amnistía gracias a reformas parciales.

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