En Hermigua, la prioridad debe ser impulsar iniciativas empresariales que fortalezcan el tejido productivo, agrícola y turístico rural, antes que invertir en grandes infraestructuras lúdicas.
Estas iniciativas generan empleo, aumentan los ingresos locales y contribuyen a fijar población, pues la agricultura y el turismo rural son los motores naturales de su economía. Potenciarlos, permite valorizar los recursos propios, atraer nuevas inversiones, mejorar servicios básicos y dinamizar la economía local de forma sostenida. Sólo a partir de ese crecimiento puede surgir una demanda real de infraestructuras de ocio bien dimensionadas, sostenibles y adaptadas al contexto; su sobredimensión, en cambio, implica altos costes de construcción y mantenimiento, baja rentabilidad y cargas económicas difíciles de asumir.
La promoción turística rural —alojamientos, gastronomía, rutas, etc.— apoyada en un paisaje cuidado y en una agricultura atendida y rentable, puede convertirse en una fuente estable de ingresos, alineada con las dinámicas productivas del municipio. Por ello, el desarrollo debe comenzar por consolidar un tejido económico capaz de garantizar empleo, autosuficiencia y arraigo. Mientras las inversiones en ocio deberían ser consecuencia del crecimiento y no su punto de partida. Al fin y al cabo, ¿qué sentido tiene destinar elevadísimos recursos al entretenimiento, cuando Hermigua figura entre los municipios con menor renta per cápita de Canarias, en lugar de apostar por una formación y capacitación profesional práctica, unida a oportunidades reales?
La intervención pública municipal debe centrarse en crear condiciones favorables para el emprendimiento local, especialmente en sectores clave como la agricultura, la transformación de productos agrarios y el turismo rural. Una estrategia eficaz es la creación de empresas parapúblicas de servicios —entidades de titularidad o participación pública y gestión profesionalizada— que no compitan con el sector privado, sino que lo refuercen y complementen. Su papel es actuar donde el mercado no llega, ofreciendo servicios esenciales que potencien la actividad de pequeños productores y emprendedores: asesoramiento técnico, producción, prestación de servicios, logística, comercialización, transformación agroalimentaria, promoción turística o formación especializada. Estos instrumentos deben entenderse no como entidades subsidiadas per se, sino como piezas estratégicas para operar en ámbitos con falta de escala, baja rentabilidad inmediata o carencia de capital social organizado, manteniendo criterios de profesionalización, sostenibilidad y orientación al interés general.
En un municipio rural, el auténtico motor del desarrollo es el empleo estable, no la infraestructura monumental. El futuro pasa por crear oportunidades, dar vida al campo, fortalecer el turismo rural y apoyar a quienes desean emprender sin abandonar su tierra. No se necesita paternalismo, sino impulso; no infraestructuras vacías, sino actividad real. El entorno rural, lejos de ser una limitación, ofrece la oportunidad de construir un modelo de desarrollo coherente con nuestra gente, nuestro paisaje y nuestro modo de vida.
Sólo tiene sentido una gran infraestructura si responde a una visión estratégica compartida y de largo plazo, y si genera progreso social, económico y ambiental. Porque, aunque Hermigua presenta muchas necesidades, lo urgente es atraer inversión, ofrecer empleo y garantizar estabilidad. El reto es generar actividad económica arraigada en el territorio, capaz de poner en valor lo que ya tenemos: el campo, los productos locales, las casas rurales, la gastronomía y los paisajes.
Muchos defendemos un modelo en el que Ayuntamiento y Cabildo no esperen soluciones externas, sino que creen las condiciones para que la inversión llegue y se mantenga. Necesitamos una administración facilitadora y catalizadora que impulse a quienes quieran emprender: al agricultor que desea comercializar directamente, al joven que quiere abrir un negocio turístico, al grupo de mujeres que quiere crear una cooperativa de servicios.
Las empresas parapúblicas pueden ofrecer los servicios hoy inaccesibles para un pequeño productor y hacer viable que más personas vivan de su trabajo en el municipio.
El principal reto del entorno rural es la despoblación, el envejecimiento y la falta de relevo generacional. Frente a ello, debemos actuar con sentido común y visión a medio y largo plazo. Lo prioritario no es levantar grandes instalaciones lúdicas que acaben infrautilizadas o resulten demasiado costosas de mantener, sino dinamizar el tejido económico local y apoyar a quienes quieren quedarse o regresar. La construcción de equipamientos, por sí sola, no garantiza empleo ni sostenibilidad; demasiadas veces sólo implica costes estructurales, sin mejorar la vida de la población.
Apelamos a una intervención pública activa, contextualizada e inteligente, orientada a modelos de desarrollo rural integradores, viables y comprometidos con el territorio, porque no hay desarrollo sin empleo, ni empleo sin tejido productivo. El motor del desarrollo rural sostenible debe permitir fortalecer la economía local y aprovechar los recursos existentes —agricultura, productos de proximidad, turismo rural, cultura y paisaje— para construir un modelo diversificado y respetuoso con el entorno, donde la administración municipal impulse y anime la generación de un ecosistema donde emprender no sea una heroicidad, sino una opción real.
Además, esta estrategia optimiza el gasto público, priorizando inversiones con retorno directo en empleo, dinamismo económico y servicios. En un contexto de recursos limitados, esto no es solo deseable: es imprescindible. El desarrollo rural del siglo XXI no se construye desde el centro, sino desde los márgenes; no con planes genéricos, sino con políticas adaptadas a la escala humana. Requiere visión, compromiso político y participación social, porque sin economía, no hay futuro.
Vivir en el medio rural no debe ser sinónimo de falta de oportunidades, sino una elección con horizonte. Las grandes infraestructuras de alto coste y bajo impacto han demostrado sus límites. Es hora de apostar por la economía productiva, por el empleo local y por oportunidades reales. Ni las grandes obras, ni las promesas han frenado la despoblación. La clave es invertir en el tejido económico local: en el sector agrario, la transformación de productos, el turismo rural sostenible, la economía social, los servicios de proximidad, la cultura y el patrimonio; todos ellos, pilares de una economía rural moderna y diversificada. La administración pública local puede marcar la diferencia, no como actor dominante, sino como facilitador.
Frente a las infraestructuras costosas y poco útiles, estas estrategias resultan más eficaces y sostenibles, pues tienen impacto directo en la economía local, generan empleo estable y multiplican el valor de cada euro invertido. El medio rural no necesita promesas, sino políticas valientes y transformadoras que apuesten por quienes viven aquí, por quienes quieren volver y por quienes creen que un pueblo debe ofrecer oportunidades.
Se trata de centrarse en lo que importa: menos cemento y más economía; menos titulares y más futuro.
En la administración municipal, los retornos de las inversiones realizadas deberían ser cuantificados y comparados frente a sus respectivos costes de oportunidad, recordando que pueden ser no sólo económicos, sino también sociales, ambientales, culturales, institucionales y de infraestructuras; Y todos, siendo complementarios, permitir configurar un desarrollo integral que priorice a las personas y al territorio.
@JulioMora60
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