Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha registrado hoy 56 enmiendas para mejorar el Proyecto de Ley (PL) de Ordenación del Sistema Público de Comunicación Audiovisual de Canarias con el objetivo de corregir y redefinir el modelo abierto a la externalización, a la privatización y al control político impulsado por el Gobierno presidido por Fernando Calvijo. La portavoz parlamentaria en la materia de NC-BC, Carmen Hernández, afirmó que sus propuestas apuestan por un modelo “cien por cien” público, independiente y sometido al control democrático del Parlamento. Los nacionalistas progresistas impulsan además el refuerzo de los derechos y la estabilidad laboral de la plantilla, así como la participación de los profesionales en el ente.
Frente a las “serias deficiencias democráticas y jurídicas” del texto legislativo de Clavijo que motivó, con anterioridad a NC-BC, a presentar una enmienda a la totalidad rechazada por CC, el PP, la ASG y la AHI; las enmiendas presentadas se estructuran en torno a cuatro ideas base. Apuestan por blindar por ley una RTVC totalmente pública, corrigen las deficiencias democráticas y los problemas de ilegalidad planteados por el Consejo Consultivo y defienden a la plantilla frente a las privatizaciones y subrogaciones. También blindan los informativos.
Principales
Entre las principales propuestas alternativas de NC-BC resaltadas por Carmen Hernández, citó la prohibición expresa de la externalización de funciones esenciales para garantizar que el servicio se preste con medios y personal propios. La definición clara de qué se considera actividad estructural para evitar ambigüedades legales y el refuerzo del carácter público del ente como herramienta de cohesión social, cultural y territorial en el archipiélago.
Nueva Canarias-BC plantea una reforma profunda de los mecanismos de control institucional para evitar la concentración de poder en la dirección general que promueve el PL. Para ello, Hernández propone la obligatoriedad del mandato marco, aprobado por el Parlamento por una mayoría reforzada. Una junta de control más amplia y representativa, elegida por el Legislativo y la limitación de las competencias de la dirección general, especialmente en materia económico y editorial.
La parlamentaria alertó de que el modelo de Clavijo “vacía” de contenido el “control parlamentario” para concentrar un “poder excesivo” en una sola figura, la de la dirección general.
Otro conjunto importante de enmiendas se centra en la protección de la plantilla al garantizar sus derechos laborales y la estabilidad en el empleo, la eliminación de la disposición adicional séptima que permite interpretaciones favorables a los procesos de externalización y el refuerzo de la participación de los trabajadores en los órganos del ente. “Sin trabajadores públicos no hay una radio y televisión pública real”, subrayó Hernández.
Las alternativas de NC-BC al Gobierno de las dos derechas también se detienen en el papel “central” de los servicios informativos mediante la creación de un consejo de informativos, como órgano profesional independiente. La prohibición total de la externalización de la producción informativa y el establecimiento de mínimos de programación informativa.
Además, se incorporan enmiendas específicas destinadas a fortalecer la radio pública y garantizar la presencia informativa radiofónica en todas las islas.
Según Carmen Hernández, el texto del gabinete de Clavijo nace con un enfoque “profundamente antidemocrático” y un encaje legal, constitucional, seriamente cuestionado por el Consultivo. “Estamos ante una norma diseñada para poner la radio y televisión pública al servicio del Gobierno, algo que no supera los mínimos estándares democráticos”, denunció.
Frente a los intereses de mercado, Hernández mantuvo que la “única” garantía de que las canarias y los canarios estén informados de manera objetiva y transparente son los medios públicos. Insistió en la advertencia sobre la concentración de poder en la dirección general del ente al afirmar que se le da “capacidad para contratar, decidir la línea editorial y actuar sin controles. ¿Quién lo controla entonces? ¿El Gobierno de Clavijo?”, interrogó.
En ese sentido, denunció una tendencia preocupante al asegurar que el modelo de las dos derechas responde a una hoja de ruta. La misma, añadió, pasa por convertir la radio y la televisión canaria, a un año de las elecciones canarias, en meros instrumentos del Gobierno de CC y el PP. “Eso ya se empieza a percibir en los contenidos y en determinadas decisiones”, criticó.
NC-BC, como dijo Hernández, ha trabajado las enmiendas con el comité de empresa del ente público y otros integrantes del sector en las islas. Mostró su predisposición a dialogar en el Parlamento si el Ejecutivo plantea mejoras “coherentes” con el modelo público.
El grupo nacionalista progresista defiende que el debate sobre RTVC no es técnico ni burocrático sino profundamente democrático. “Estamos hablando de un derecho fundamental, el de recibir información veraz, plural e independiente”, defendió una Carmen Hernández, para quien “eso solo se garantiza con una radio y televisión pública fuerte, profesional y al servicio de la ciudadanía canaria”.