La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz

La Comisión Asesora para el análisis del salario mínimo adscrita al Ministerio de Trabajo propone subidas del SMI para situarlo entre los 1.046 a los 1.082 euros brutos al mes en 2023, es decir aumentos del 4,6% al 8,2% desde los actuales 1.000 euros brutos. En esta franja calculan que se sitúa la meta del 60% del salario medio donde el Gobierno de coalición se comprometió a llevar el SMI al final de la legislatura, siguiendo la recomendación de la Carta Social Europea. Además, los expertos concluyen que el SMI es una herramienta útil para combatir la pobreza y desigualdad, como ha explicado este lunes la relatora del órgano, Inmaculada Cebrián López.

Los expertos han estimado cuatro posibles escenarios de alza para alcanzar este objetivo el próximo año, como adelantó La Vanguardia. La horquilla va de un aumento mínimo del 4,6%, que supondría un SMI de 1.046 euros brutos al mes; seguido de un alza del 5,4% (1.054 euros); otro escenario de aumento del 6,6% (1.066 euros); y por último, la subida más elevada, del 8,2%, que situaría el salario mínimo en los 1.082 euros brutos mensuales.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha agradecido su labor a la comisión, que ha considerado que da “solidez” a la toma de decisiones del Gobierno, responsable último de decidir la subida del SMI. Díaz ha informado de que este miércoles se reunirá con los agentes sociales para abordar este tema y ha rehusado a posicionarse sobre una cifra dentro de la franja propuesta por los expertos. “Voy a escuchar” a sindicatos y empresarios, ha afirmado.

Aunque El País informó de que la recomendación mínima de subida sería del 3%, hasta los 1.030 euros brutos al mes, este incremento propuesto por el Ministerio de Economía no forma parte de la horquilla que plantea la comisión de expertos. Aunque el dato se valoró y discutió intensamente por los miembros de este organismo asesor, no prosperó al considerarse que partía de una evolución del salario medio que no era creíble, según fuentes conocedoras. El informe, no obstante, se hace eco en el documento de esta aportación del Ministerio de Nadia Calviño en un anexo, aunque no forma parte de la franja final de subidas propuestas.

Los expertos matizan que “el cálculo de SMI para 2023 se ha realizado tomando como referencia la estimación del salario medio de 2022 y no el de 2023 que, razonablemente, cabe esperar que será superior”.

Hay otro punto muy importante. La comisión recalca “que el aumento del mínimo exento en 2023 a 15.000 euros permitirá que el incremento del SMI” implique subidas menores, en “algo más de la mitad del SMI bruto”. “Ello significa una transferencia parcial del coste del aumento del SMI de las empresas a la Hacienda Pública”, subrayan.

Respecto a la afectación al empleo, a la vista de los estudios al respecto sobre el gran aumento del SMI en 2019 (22%), la comisión destaca que “las subidas del SMI han tenido un impacto marginal sobre el crecimiento del empleo, minorando, en el peor de los casos, de forma muy poco intensa su aumento, al tiempo que han contribuido a reducir la pobreza y la desigualdad”. Por ello, consideran que “la actual subida no tendría por qué afectar al comportamiento del empleo de forma significativa”.

Un factor clave este año: la inflación

Otro elemento que destaca la comisión en sus conclusiones es “el significativo incremento de precios experimentado a lo largo de 2022”, la crisis inflacionista que ha encarecido el coste de la vida y que, como argumentan, “tiene un mayor impacto sobre los colectivos de ingresos más bajos”.

Como también recomendó la OCDE hace unos días, los expertos llaman a tener en cuenta el gran alza de precios en la subida de este año. En concreto, el órgano “considera oportuno proceder a revisar, como así permite el Estatuto del los Trabajadores, la evolución del SMI tras seis meses de su actualización, con la finalidad de evaluar su suficiencia en un contexto inflacionista”.

La inflación parece que jugará un papel relevante en la subida del salario mínimo para el próximo año, que al final es decisión última del Gobierno de coalición. Los sindicatos CCOO y UGT han reiterado su exigencia de que el SMI mantenga el poder adquisitivo de los trabajadores con el salario legal más bajo. Es decir, que se incremente con la inflación.

Uno de los escenarios del comité de expertos se aproxima a esta reclamación. La banda alta de la propuesta, el alza del 8,2% hasta los 1.082 euros brutos se acerca mucho a la inflación media del año, del 8,5%, con la que se revalorizarán todas las pensiones, por ejemplo.

Ahora habrá que ver qué decide el Ejecutivo, donde las dos almas de la coalición viene afrontando tensiones por este tema cada año. De momento, la vicepresidenta Nadia Calviño ha intentado que el informe de expertos de este año recomendara un escenario de subida menor, el de 1.030 euros, que finalmente no ha prosperado. Desde el PSOE se insiste en todas las declaciones públicas de sus miembros y ministros en la meta del 60% del salario medio.

En cambio, en Unidas Podemos y en concreto Yolanda Díaz recuerdan también que hay que tener en cuenta la inflación, como recoge el Estatuto de los Trabajadores en su redactado, y ha vuelto a insistir este lunes la vicepresidenta segunda.

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