Las IV Jornadas de Contratación Pública Responsable de Canarias, que se han celebrado los días 19 y 20 de noviembre en la sede de la Presidencia del Gobierno regional en Tenerife, han contado con una veintena de expertos en la materia que han abordado las claves de un modelo de contratación más ético que promueva una economía inclusiva y sostenible.
Durante dos días, en torno a 500 personas de 100 administraciones públicas distintas (ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias) han asistido a las jornadas de manera presencial y virtual, para abordar el necesario impulso a la contratación pública responsable, que permite la creación de oportunidades sociolaborales dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad a través de los contratos que licitan las administraciones públicas. Para ello es clave el pleno cumplimiento de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, ya sea a través de la reserva de contratos a empresas sociales y la introducción de cláusulas medioambientales y sociales en las licitaciones, así como con el fomento del empleo protegido.
En el encuentro se ha vuelto a poner de manifiesto el enorme potencial y, a la vez, el escaso desarrollo que están teniendo en las islas las fórmulas de contratación pública reservada a empresas sociales a las que obliga la Disposición Cuarta de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, desde hace ya seis años.
A día de hoy, solo 10 ayuntamientos (de un total de 88) y 3 cabildos (de siete) han reservado contratos con alguna empresa social (de inserción o centros especiales de empleo de iniciativa social), y solo dos consejerías del Gobierno de Canarias, por lo que el Ejecutivo regional está aún lejos de cumplir con el 2% de reserva fijado en sus presupuestos anuales. Estas cifras indican que apenas el 15% de las administraciones locales canarias reserva licitaciones o lotes de contratos a empresas sociales. Tal como expuso el responsable del Observatorio de Contratación Responsable de Canarias, Carlos Estévez, “en 2024 apenas se superarán los 1,1 millones de euros en contratos a empresas sociales. Esto es un porcentaje exiguo, ya que, si se cumpliera lo acordado, solo por el Gobierno de Canarias, y sin contar con lo del resto de administraciones, la cifra rondaría los 70 millones de euros anuales”.
Durante las jornadas se expusieron también los importantes retos que afrontan las empresas sociales, como la diversificación de los servicios que prestan y de los productos que ofrecen para poder aprovechar todo el potencial que ofrece la reserva de contratos establecida en la Ley de Contratos del Sector Público y, a la vez, ser más competitivas en su relación con el sector privado.
Tradicionalmente se asocia a estas empresas con la prestación de servicios de mantenimiento, jardinería o limpieza, pero son muchos los ámbitos en los que pueden ofrecer su trabajo como el diseño gráfico, servicios de catering, confección textil, producción artística y cultural, reformas, ayuda a domicilio y muchos más. Además, las empresas de inserción están abiertas a prestar otras actividades y servicios si existe un nicho de mercado. De ahí que durante las jornadas haya quedado de relieve la importancia de fortalecer los nexos y la comunicación entre los servicios públicos de contratación y las empresas sociales para poder tener información clara y actualizada de los productos y servicios que ofrecen.
Todo ello permite ampliar el número de empresas sociales y, en consecuencia, las oportunidades de inclusión laboral para personas en situación de vulnerabilidad.
Asistentes
En sus dos días de duración, las jornadas han contado con una veintena de participantes, tanto representantes públicos y de entidades sociales como otros expertos de los ámbitos jurídico y académico y de la administración pública. Así, se contó con las intervenciones de la consejera regional de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, María Candelaria Delgado; el viceconsejero de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Gabriel Andrés Megías; la presidenta de la Red Anagos, Alicia Silva; el presidente de Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias (EAPN Canarias), Juan Carlos Lorenzo; la adjunta de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común, Ana María de León; el director general de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias, Juan Domingo Cabrera, y el profesor de Economía de la ULL y experto en contratación pública responsable, Javier Mendoza, entre otras personalidades.
Las jornadas han estado dirigidas al personal de las administraciones públicas y de empresas sociales, responsables de políticas públicas, estudiantes, profesionales del sector privado y cualquier persona interesada en la contratación pública sostenible.
El Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias, dependiente de la Red Anagos, ha organizado la cuarta edición de estas jornadas con el apoyo de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias (EAPN), la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias (Adeican) y la Asociación Regional de Centros Especiales de Empleo de Economía Social (Arceescan). El encuentro ha contado con la financiación del Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.