- La PMP ha logrado ver reflejadas sus reivindicaciones en la nueva Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica a través de las disposiciones adicionales añadidas al proyecto de ley debatido y aprobado hoy en el Congreso.
- Para la PMP, la nueva ley supone un “importante paso adelante” para su principal reivindicación: la urgente necesidad de un nuevo marco normativo que proteja adecuadamente los derechos de las personas mayores respecto al acceso a los servicios bancarios, y que conlleve que el servicio de banca física sea considerado un servicio esencial y de carácter universal.
- Las disposiciones adicionales de la ley instan al Gobierno a tomar medidas inmediatas destinadas a paliar la exclusión financiera y entrarán en vigor en un plazo de tres meses.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), el movimiento más representativo a nivel estatal (con 15.079 asociaciones y más de 5.746.000 afiliados) para la defensa de los derechos de las personas mayores y pensionistas ante los poderes públicos, privados y el conjunto de la sociedad, muestra su satisfacción ante la aprobación, este jueves en el Congreso de los diputados, de las enmiendas al proyecto de Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, la cual incluye las enmiendas transaccionales aprobadas por unanimidad el jueves pasado en el Senado, destinadas a garantizar una atención personalizada en los servicios bancarios a los usuarios más vulnerables.
Así, la PMP ha logrado dar un “importante paso adelante” para su principal reivindicación: la urgente necesidad de un nuevo marco normativo que proteja adecuadamente los derechos de las personas mayores respecto al acceso a los servicios bancarios, y que conlleve que el servicio de banca física sea considerado un servicio esencial y de carácter universal hasta su transición a la banca digital.
Dicha demanda queda reflejada en la nueva ley con la incorporación de dos disposiciones adicionales. En una de ellas se insta al gobierno a promover “en el plazo de tres meses a la aprobación desde la entrada en vigor de la ley, las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la atención personalizada en los servicios de pagos a los consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad que lo demanden, sin discriminación motivada por ‘brecha digital’.
En otra de las disposiciones adicionales se hace constar que el Gobierno promoverá, en coordinación con el Banco de España, como supervisor, y representantes de entidades de crédito, un plan de medidas para favorecer la inclusión de las personas más vulnerables, especialmente aquellas de mayor edad, que incluya entre otras las siguientes: que el cierre de las oficinas bancarias no conlleve la desaparición de cajeros automáticos externos; el incremento del personal de apoyo para ayudar a las personas con menores capacidades digitales a realizar las operativas necesarias o la instalación de señales e indicaciones de prioridad en el uso de los cajeros automáticos por parte de personas vulnerables; tecnologías de acceso a la banca sencillas, comprensibles, inclusivas y seguras para embarazadas y personas dependientes, reservando en la medida de lo posible cajeros para su uso.
La PMP quiere señalar a este respecto que, si se quiere implementar adecuadamente todas estas medidas, “es necesario modificar la política de reducción de personal que se viene manteniendo”.
Asimismo, queda reflejado que el Gobierno continuará impulsando entre las líneas de actuación de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, iniciativas como la instalación en sus oficinas de cajeros automáticos en pequeños núcleos de población o la firma de acuerdos de colaboración con las entidades bancarias para la realización de operaciones de ingreso o retirada de efectivo.
Todas las enmiendas transaccionales de la ley aprobadas hoy entrarán en vigor en un plazo de tres meses, sin embargo, la PMP continuará trabajando y manteniendo reuniones con representantes políticos e instituciones para que todas las medidas tomadas sean evaluadas durante su proceso de implantación, realizando un seguimiento para su real efectividad.
Según reitera la plataforma, se requieren actuaciones concretas reguladas a través de un marco legal, el cual debe obligar a las entidades a mejorar la atención de las personas mayores, al mismo tiempo que contemplar un cuadro de infracciones y de posibles sanciones ante el incumplimiento de lo establecido en la nueva norma.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) nace como un proceso de confluencia de las Organizaciones, Federaciones y Confederaciones de Mayores y Pensionistas más importante del país, con el objetivo de representar al movimiento asociativo de las personas mayores y facilitar la interlocución con los poderes públicos y otros actores sociales.
La PMP ha sido puesta en marcha por Unión Democrática de Pensionistas (UDP), constituida por 50 asociaciones territoriales y 13 asociaciones sectoriales con más de un millón de afiliados; la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), con 25 organizaciones de mayores de las diferentes Comunidades Autónomas, con más de 800.000 socios de base y más de 1.500 asociaciones; y por la ONCE, con representación territorial en todo el país, en la que más del 50% de sus afiliados son personas mayores.
Además, como entidad social de referencia, participa el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), con 8.000 asociaciones que representan a 4 millones de personas con discapacidad, de las que más del 60% son personas mayores (2,6 millones). Y, por otra parte, como socio ordinario se ha incorporado también la Asociación CONJUPES (Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de España), con 1.500 asociaciones y 550.000 afiliados. También se ha sumado a la PMP como socio adherido la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), con 1.483 asociaciones y más de 600.000 asociados, de los que un 70% son personas mayores de 65 años (420.000).