La Delegación del Gobierno en Canarias ha tramitado un 57,44 % de las cerca de 63.300 propuestas de sanción interpuestas durante el primer estado de alarma

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Hasta la fecha, la Delegación del Gobierno en Canarias ha tramitado un total de 36.356 actas de denuncia interpuestas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020

La Delegación del Gobierno en Canarias ha tramitado hasta la fecha un total de 36.356 actas de denuncia interpuestas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, esto es, Policía Nacional, Guardia Civil, así como por el Cuerpo General de la Policía Canaria y Policía Local, durante el primer estado de alarma, entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020.

Se trata del 57,44 % de las 63.291 propuestas de sanción derivadas del incumplimiento de las medidas limitativas aprobadas durante el primer estado de alarma que fueron interpuestas en toda Canarias, según datos del Ministerio de Interior.

Los expedientes de estas fechas responden en su mayoría al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, según el que los incumplimientos de las medidas recogidas en el mismo debían tramitarse a través de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Esto implica que la tramitación de esos expedientes sancionadores correspondía a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, con excepción de Cataluña y País Vasco donde las competencias en materia de seguridad ciudadana están transferidas a los respectivos Gobiernos autonómicos.

De las 36.356 actas de propuesta de sanción tramitadas por la Delegación del Gobierno, 24.621 se han resuelto con sanción (12.452 por resolución sancionadora y 12.169 por pago anticipado), y 10.440 se encuentran todavía en proceso de instrucción, habiéndose archivado 1.295.

Por provincias, en Las Palmas se interpusieron 36.971 propuestas de sanción derivadas del incumplimiento de las medidas de restricción interpuestas durante el primer estado de alarma, mientras que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife fueron 26.320 propuestas de sanción.

“Estos datos demuestran el enorme esfuerzo realizado por todas las trabajadoras y los trabajadores públicos por garantizar la seguridad sanitaria de todos en los momentos más complicados que quizá hayamos podido vivir como sociedad en tiempos de democracia en España”, afirma el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana.

“Es un esfuerzo que no ha quedado ahí y, aunque vislumbremos ya el principio del fin de la crisis sanitaria, vamos a seguir trabajando para no echar por tierra todos los avances dados hasta el momento. Es muy importante tener presente que el virus sigue estando entre nosotros y que, a la aceleración del proceso de vacunación, hemos de sumar, como hemos demostrado que hemos sabido hacer hasta ahora en Canarias, un plus de responsabilidad personal. Como ya he reiterado en varias ocasiones: el mejor control, es el autocontrol”, añade.

En el conjunto de España, las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno han resuelto con sanción 172.482 expedientes, 54.193 se encuentran todavía en proceso de instrucción y 11.206 han sido archivados.

El objetivo fundamental de los controles durante el estado de alarma ha sido garantizar el cumplimiento de las medidas limitativas adoptadas para proteger la salud de las personas logrando doblegar la curva de transmisión y situarla en un nivel que no supusiera un riesgo para la capacidad del sistema sanitario.

Ese objetivo se consiguió, como demostraron los datos epidemiológicos. La semana anterior a la declaración del estado de alarma, el ritmo de contagios semanal crecía al 35 % y cada persona infectada provocaba alrededor de 3 nuevos contagios. A finales del mes de abril de 2020, el incremento semanal de contagios era del 5 %, a finales de mayo del 1,5 % y a finales de junio era inferior al 1 %.

Expedientes pendientes de tramitación

Hoy mismo se pone en marcha un programa de refuerzo para agilizar la tramitación de los expedientes aún pendientes con el objeto de que queden resueltos en tiempo y forma.

El compromiso del personal de las unidades de sanciones de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno ha sido esencial para revisar y analizar las denuncias, a pesar de las dificultades que rodearon el desempeño de su tarea en los primeros meses.

En total, se trata de 235 efectivos en todo el país encargados de determinar si, a la vista de los hechos, procedía o no iniciar el expediente sancionador. La desproporcionada carga de trabajo a la que se han tenido que enfrentar queda reflejada en los siguientes datos:

En 2019, el total de denuncias recibidas en las Delegaciones del Gobierno referidas a todos los ámbitos en los que se ejerce la potestad sancionadora, es decir, seguridad ciudadana, drogas, armas, seguridad privada, violencia en el deporte, derecho de reunión, etc., ascendió a 464.734. De este total anual, 64.346 estaban referidas al ámbito de seguridad ciudadana.

Esta cifra contrasta con las 960.580 actas de sanción interpuestas en un periodo de tres meses (desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio de 2020) vinculadas exclusivamente al incumplimiento de medidas limitativas articuladas para combatir el COVID-19 durante el primer estado de alarma. Supone una volumen de expedientes 8 veces superior a un periodo equivalente de 2019.

En el segundo estado de alarma la tramitación de los expedientes de sanción corresponde a las Comunidades Autónomas.

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