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La regidora obtiene, según el BOP, la tercera mejor puntuación en el concurso-oposición para Técnico Superior de Administración General, impulsada por la máxima nota posible en la fase de méritos.
- Para hacer efectivo el nombramiento, la convocatoria exige firmar una declaración responsable asegurando no estar inhabilitada para empleos o cargos públicos.
Apenas un mes después de dimitir como alcaldesa de Hermigua tras aceptar una condena firme por prevaricación administrativa, María Solveida Clemente Rodríguez figura en la lista de aspirantes propuestos para convertirse en funcionaria de carrera del grupo A1 (el máximo nivel de la Administración) en el Cabildo Insular de La Gomera.
Así consta en la Resolución n.º 2026-1519, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife del pasado viernes 6 de noviembre. El anuncio hace pública la propuesta del Tribunal Calificador para cubrir plazas de Técnico/a Superior de Administración General mediante el sistema de concurso-oposición por el turno libre.
El peso de los méritos en la nota final
De las diez plazas convocadas originalmente (correspondientes a las ofertas de empleo público de 2022, 2023 y 2024), el tribunal solo ha propuesto el nombramiento de ocho aspirantes. Clemente ocupa el tercer puesto de la lista.
El obstáculo legal de la inhabilitación
La publicación de este nombramiento coincide en el tiempo con su reciente condena penal. El pasado 6 de octubre, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condenó a Solveida Clemente a 21 meses de inhabilitación para ejercer cargo público por un delito de prevaricación administrativa, tras adjudicar en 2008 el quiosco-bar de El Pescante sin concesión de Costas y con informes técnicos desfavorables.
Aunque la resolución actual del Cabildo la incluye en la lista de aprobados, su nombramiento definitivo como funcionaria de carrera queda supeditado al cumplimiento estricto de los requisitos administrativos en un plazo de 20 días naturales. Según establece el punto segundo de la resolución, todos los aspirantes deben presentar obligatoriamente el Anexo III (Declaración Responsable), un documento en el que el candidato declara bajo su responsabilidad «no hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial».
La clave jurídica reside en el alcance exacto del fallo de la Audiencia Provincial. Mientras que la inhabilitación absoluta impide acceder a cualquier puesto en la Administración Pública, la inhabilitación especial recae únicamente sobre los cargos análogos al que motivó la condena (en este caso, cargos públicos electos o de gobierno). Cabe recordar que, tras conocerse la sentencia en octubre, la propia Clemente justificó su acuerdo de conformidad con la Fiscalía señalando que así evitaba la petición de la acusación popular de suspenderla de «empleo y cargo público», lo que habría puesto en riesgo su carrera como empleada pública.
Plazo abierto para recursos
De acuerdo con las bases de la convocatoria publicadas en el boletín oficial, si un candidato propuesto no acredita reunir los requisitos exigidos en el plazo de veinte días naturales, decaerá automáticamente su derecho a ser nombrado. Asimismo, la resolución del Cabildo abre un plazo de un mes para que cualquier interesado pueda interponer un recurso de alzada ante la Presidencia de la institución insular contra este acuerdo.