Los negociadores del Parlamento y del Consejo han llegado a un acuerdo para revisar las normas sobre prevención y lucha contra la trata de personas. Con este acuerdo se ampliará el alcance de la directiva actual para incluir el matrimonio forzado, la adopción ilegal, la explotación de la gestación subrogada y un mejor apoyo a las víctimas.
«Con la revisión de esta directiva, hemos conseguido por primera vez criminalizar en los 27 Estados Miembro a los usuarios de servicios prestados por víctimas de trata, incluida la explotación sexual, además de reforzar la protección y asistencia a las víctimas», ha destacado el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, ponente en la sombra de la directiva.
El informe también tiene como objetivo que las autoridades de lucha contra la trata y de asilo coordinen sus actividades para que las víctimas de trata que también necesitaen protección internacional, reciban el apoyo y la protección adecuados, y que además se respete su derecho al asilo.
Además, incluye que los jueces van a poder considerar la difusión no consentida de imágenes o vídeos sexuales como una circunstancia agravante a la hora de dictar sentencia.
El Parlamento y el Consejo tendrán que aprobar formalmente este acuerdo, momento a partir del que los estados miembros tendrán dos años para implementar las disposiciones.

