José Ramón Mora, candidato de C.C. al Parlamento, denuncia el “acoso telefónico” que sufren los estudiantes que viven fuera de La Gomera

• “Existen múltiples llamadas a los estudiantes de La Gomera que viven fuera de la isla desde teléfonos de las sedes de determina opción política”

• “Alguien parece haber obtenido los datos personales de los estudiantes de forma ilegal”

• Instamos a los estudiantes a gravar dicho “acoso telefónico” y que se pregunte de donde se han obtenido los datos personales.

El candidato al Parlamento de Canarias por La Gomera, José Ramón Mora Hernández, ha puesto de manifiesto la existencia de múltiples llamadas a los estudiantes de La Gomera que viven fuera de la isla, realizadas desde teléfonos de las sedes de determina opción política o desde personas vinculadas a dicho partido.

“Los llamantes parecen disponer de información personal de los estudiantes y tratan de vincular el voto de estos con alguna beca u ayuda que han recibido de determina institución, pero que pagamos todos con nuestros impuestos”

Esta situación de acoso y la tenencia de datos personales de los estudiantes nos hace pensar que alguien ha obtenido estos datos de forma ilegal desde alguna institución, vulnerando la Ley de Protección de Datos y jugando con ventaja sobre los demás partidos que concurren a las elecciones.

Llamamos a los estudiantes a no dejarse acosar por dichas llamadas, le indicamos que no deben temer nada, sus becas están a salvo y garantizadas, es más, creemos que estas aún son insuficientes y que las cuantías deben ser incrementadas notablemente.

Instamos a los estudiantes a gravar las conversaciones de dicho “acoso telefónico” y que se requiera, por parte del estudiante, al llamante, el origen o la fuente mediante la cual se han obtenido dichos datos personales.

Este candidato, estudiará y en su caso podrá en conocimiento de la Junta Electoral de Zona, de la Agencia de Protección de Datos tal situación a los efectos de que se actué contra los llamantes y acosadores telefónicos.

Creo, termina diciendo, que tal situación podría estar tipificada claramente en el Código Penal, pues supone una intimidación de las personas e incluso rozaría el delito electoral, pues trata de torcer la voluntad del votante “ofreciendo recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas”, lo que podría conllevar pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses, así como inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo.