Iniciativa por La Gomera (IxLG) reclama en el Cabildo el cumplimiento de la Ley de la lectura y de las bibliotecas de Canarias

  • La ley establece que en todos los municipios de las islas debe haber, al menos, una biblioteca pública accesible dotada de los servicios bibliotecarios básicos y de acceso tecnológico, cuando en La Gomera solo existen en San Sebastián y Valle Gran Rey.

Iniciativa por La Gomera (IXLG) a través de los consejeros Aarón Rodríguez Ramos y Guzmán Correa Marichal, militantes de la formación progresista, ha registrado una moción en el Cabildo Insular mediante la que se insta al gobierno de ASG a dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 5/2019 de la lectura y de las bibliotecas de Canarias, reconociendo a la Biblioteca Insular y a las Bibliotecas Municipales de la isla como un servicio público de interés general y determinando el interés de promover y mantener los servicios que prestan a la ciudadanía.

«Las bibliotecas públicas son un espacio necesario e imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades en la educación. Garantizan el acceso democrático al conocimiento, permitiendo consultar desde las obras clásicas hasta la última revista del kiosco, sin necesidad de que ello dependa del bolsillo de cada uno», explica el consejero Aarón Rodríguez Ramos.

La Ley 5/2019, aprobada por unanimidad del Parlamento de Canarios en marzo de 2019, encomienda a la comunidad autónoma y a los cabildos la colaboración en los municipios con población inferior a 5.000 habitantes para el cumplimiento de la norma, estableciendo inequívocamente que en todos los municipios de las islas debe haber, al menos, una biblioteca pública accesible dotada de los servicios bibliotecarios básicos y de acceso tecnológico.

«La situación en nuestra isla es dramática. El proyecto de Biblioteca Insular del Cabildo de La Gomera ha fracasado, y con ello la rehabilitación de más de 1 millón de euros de la Casa Bencomo; que hoy se infrautiliza como oficina de turismo», asegura el consejero Guzmán Correa Marichal, que lamenta además que las bibliotecas municipales solo estén funcionando en la mitad de los municipios de la isla (San Sebastián y Valle Gran Rey) y de manera precaria.

En tal sentido, los consejeros afirman que “no se detecta que el gobierno insular tenga el menor interés de comenzar a dar cumplimiento con esta Ley y tampoco vemos que se empuje dentro del gobierno a intentar corregir el terrible déficit que hay en La Gomera con las Bibliotecas públicas y con la cultura en general Parece claro que la cultura para ASG no deja de ser un complemento circunstancial”.

Para la formación progresista, resulta contradictorio que ASG votase y alardease en su momento sobre el contenido de esta Ley, cuando en su práctica política de gobierno priva de servicios bibliotecarios a una gran parte de los habitantes de La Gomera que tiene necesidades de formación, ocio y conocimiento, necesidades que en otros territorios tienen en las Bibliotecas Públicas un importante instrumento. “Ni en los municipios donde gobiernan ni en el Cabildo se ve un interés real por la implantación de este servicio fundamental” argumentan los consejeros; que recuerdan que esta moción ya fue presentada hace un año en el Cabildo Insular por la entonces consejera Ada García; pero «en un abuso de poder, del que no se tenga recuerdo en la democracia en la isla, Casimiro Curbelo nunca la llevó a pleno, vulnerando los derechos fundamentales de esta consejera».

La moción trabajada por Iniciativa por La Gomera (IxLG) promueve que la Biblioteca Insular de La Gomera cuente con las instalaciones y el equipamiento adecuado, además de las necesidades de personal profesional requerido. Del mismo modo, se insta a la colaboración con los municipios.

“También proponemos que los servicios bibliotecarios se extiendan a los caseríos y núcleos de población alejados de los cascos, con el fin de asegurar el acceso a la lectura libre y gratuita y las actividades paralelas, a todos los habitantes de la isla de La Gomera. Quienes vivimos en esta isla estamos en inferioridad de condiciones con respecto a los habitantes de otros territorios que sí disfrutan de servicios bibliotecarios de calidad. El acceso libre e igualitario al conocimiento es un derecho constitucional que no se puede ejercer sin bibliotecas públicas equipadas y sin personal especializado que lo facilite” finalizan su exposición.

 

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