¿Sabes que la superficie agrícola de todo el valle de Hermigua es inferior a la de muchas fincas de Tenerife, que compiten en los mismos mercados?.
Con esa escala presente y, sin ánimo de ser exhaustivo, a continuación relaciono algunos de los problemas que enfrentan las pequeñas explotaciones agrarias de Hermigua: su reducida superficie, sus accesos en pendiente, la elevada edad media de los agricultores, la ausencia de relevo generacional, el reducido precio de los productos comercializados, la escasez y el elevado precio del agua de riego, el incremento de la presión fiscal, los altos costes asociados al consumo de abonos y productos fitosanitarios, la farragosa carga administrativa relacionada con el mantenimiento del cuaderno de campo, la necesidad de cumplir con la preceptiva obligación sobre los productos fitosanitarios, obligación de cumplimiento de la normativa sobre riesgos laborales, las continuas contingencias por ausencia o baja laboral inesperada, la dificultad para acceder a mano de obra especializada, o a técnicos agrícolas que las asesoren sobre la evolución del cultivo.
Aunque siempre se agradece, frente a los obstáculos anteriores, lo de menos es acceder a una subvención para que facilite la adquisición del equipamiento necesario. ¿Qué hacemos con una desbrozadora, con una red de sulfatar, con una motosierra, con una escalera o con una biotrituradora,… si no hay quien las utilice?.
Sin operarios que usen las herramientas y la maquinaria, no hay nada que hacer.
El “cuello de botella” que dificulta la actividad agrícola no es el equipamiento, sino la falta de personal especializado que, a tiempo parcial, pueda apoyar al agricultor de la explotación agraria (medianero, arrendatario o titular), en el desarrollo de las actividades programadas, que no pueda ejecutar por sí mismo.
Ante este escenario, sólo cabe repensar una posible solución que dé respuesta a quienes ya no pueden atender las parcelas sin ayuda externa, pero que tampoco deseen abandonar su explotación. La falta de mano de obra limita el tejido productivo y perpetúa la dependencia una ayuda externa insuficiente, discontinua e/o irregular; que provoca pérdida de competitividad y una despoblación progresiva.
Enunciada la situación de partida, conviene distinguir las dos formas complementarias más conocidas de apoyo público. De una parte, la infraestructura pública productiva, que es un conjunto de activos que facilitan el desarrollo de una actividad económica, creando las condiciones materiales y logísticas para que ésta sea viable; y de otra, el tejido productivo, que se refiere al conjunto de agentes económicos locales que participan en la misma, y que representa el dinamismo empresarial y asociativo que da vida a esa economía.
En municipios pequeños como Hermigua, con baja escala económica, débil acceso a canales de comercialización, escaso relevo generacional y dificultad para atraer mano de obra especializada, se requiere la intervención pública que fortalezca el tejido productivo local, con un enfoque integrador y de largo plazo.
Para atraer mano de obra hacia un tejido productivo que se desea potenciar, la administración pública puede influir sobre las condiciones que afecten a la decisión de las personas que deseen incorporarse a la actividad económica de que se trate: incentivos salariales o complementarios, ayudas para el alojamiento o transporte; contratos regulados, jornadas razonables y entornos seguros; campañas de comunicación institucional (“trabajo verde, trabajo digno”; vinculación, directa e inmediata, de la formación al empleo real; apoyo a la integración social de personas migrantes.
La promoción de una empresa pública de servicios de apoyo a la iniciativa privada, es una opción que compromete una inversión inicial mucho menor que la de una obra pública, con un gasto operativo sostenido que tiene la posibilidad de autofinanciamiento parcial, a través de la facturación de los servicios prestados. Con ello, se obtiene un doble valor inducido. De una parte, se facilita la creación y la consolidación de empresas privadas; y de otra, se consigue aportar dinamismo económico y fortalecer el ecosistema productivo local.
Apostar por equipos de apoyo (empresa pública o empresa parapública) no debe verse como un gasto, sino como una inversión estratégica. Su impacto multiplicador, tanto económico como social, los convierte en una herramienta esencial para cualquier política pública que aspire a ser sostenible, inclusiva y eficaz. Actúan como catalizadores del desarrollo local, gracias a su orientación a resultados y a su capacidad para operar como palanca de proyectos transformadores, multiplicando el impacto económico, social y territorial de las políticas públicas, con un elevado retorno económico en relación a su coste.
A diferencia de las empresas privadas, tanto las empresas públicas como las parapúblicas, de naturaleza mixta, (pública y privada), no tienen al lucro como único objetivo. Aunque las mixtas tengan lógicas empresariales más cercanas al mercado, ambas deben generar beneficios económicos, sociales, estratégicos y de desarrollo:
- Rentabilidad financiera, ¿es eficiente y autosuficiente?
- Rentabilidad social, ¿mejora la vida de las personas?
- Rentabilidad estratégica, ¿garantiza bienes/servicios clave?
- Rentabilidad ambiental, ¿ayuda a proteger el entorno?
- Rentabilidad en desarrollo e innovación, ¿genera valor futuro?
Dado que la iniciativa privada evita intervenir en áreas poco rentables, y acometer inversiones con retorno incierto o a largo plazo; que el Cabildo Insular tiene competencias en agricultura, ordenación territorial, medio ambiente y desarrollo rural; y que los ayuntamientos pueden colaborar en la recuperación de suelo agrícola abandonado y en el fomento de la actividad; tanto el Cabildo como el ayuntamiento de Hermigua podrían promover tejido productivo, impulsando una sociedad pública o mixta, con el objetivo de corregir los fallos de mercado vinculados al abandono de fincas agrícolas privadas, especialmente en un contexto de parcelas pequeñas, dispersas y con baja rentabilidad.
Con ello, no se estaría ayudando a una empresa privada, sino corrigiendo fallos de mercado y protegiendo bienes públicos de interés general, como el paisaje, la biodiversidad, la prevención de incendios o la captación de CO₂ que generan beneficios colectivos. También reduciría el abandono de las fincas agrícolas y sus amenazantes costes sociales (por incendios, despoblación, pérdida de suelo fértil), que sí paga toda la sociedad.
De esta forma, no habría “ayuda a una empresa privada” sino gestión pública de bienes con impacto social y ambiental. Para ello, se debería presentar la intervención, como una política ambiental y de resiliencia territorial, en vez de como una ayuda empresarial, definiendo el proyecto como de utilidad pública y de interés general vinculado a estrategias supramunicipales o europeas, como el Pacto Verde Europeo o los objetivos de desarrollo rural, porque la posible crítica de que pudiera “estar ayudando a empresas privadas”, ignora el valor público de la agricultura sostenible, especialmente en islas con fuerte riesgo de abandono y pérdida de paisaje como La Gomera.
Por tanto, la justificación general destacaría que, en el contexto insular de La Gomera, especialmente en municipios como Hermigua, la progresiva pérdida de actividad agrícola en pequeñas fincas privadas está generando un deterioro del paisaje, pérdida de biodiversidad, aumento del riesgo de incendios forestales, y una mayor vulnerabilidad al cambio climático y a la despoblación rural.
Estos efectos no son sólo un problema privado, también son un problema público que justifica la intervención directa de las administraciones insulares y locales para corregir fallos estructurales del mercado, ya que se actúa para proteger bienes públicos, como el paisaje, el suelo fértil o el clima; fomentando, además, la empleabilidad local y la economía verde.
Muchos creemos que es absolutamente posible y jurídicamente viable, que un ayuntamiento declare de interés general municipal el cuidado y la recuperación de fincas privadas, con el objetivo de preservar el paisaje agrícola y rural, como factor dinamizador de la economía local.
La legislación local, autonómica y estatal permite declarar de interés general cualquier actuación que:
- Persiga un fin público (paisaje, sostenibilidad, prevención de riesgos), mediante el desarrollo de tareas como desbrozar, limpiar, triturar, podar, recuperar suelos con el picado o mantillo, aplicar tratamientos fitosanitarios, con los permisos debidos.
- Tenga impacto colectivo, aunque actúe sobre bienes de titularidad privada.
- Se base en acuerdos voluntarios, no en imposición ni expropiación.
Los plenos municipales podrían aprobar acuerdos o reglamentos que definan como “de interés general” determinadas actuaciones que pueden justificarse para:
- Proteger el paisaje agrícola en terrazas: Patrimonio cultural y natural, que atrae turismo y da valor al territorio.
- Mantener la agricultura como actividad estructurante, porque, su desaparición impacta en toda la comunidad.
- Prevenir y evitar incendios y erosión: Fincas abandonadas generan riesgos públicos.
- Desarrollar la económía rural: La recuperación agrícola puede crear empleo, fijar población y sostener servicios.
El paisaje rural de Hermigua es un activo ambiental, cultural y económico, cuya conservación interesa no sólo a los propietarios, sino al conjunto de la población y al modelo de desarrollo sostenible del municipio. Así, consideramos necesario apoyar la declaración de interés general, para el municipio de Hermigua, de la recuperación, conservación y gestión activa de las fincas agrícolas privadas que lo deseen, y que se encuentren en situación de abandono o infrautilización, con el fin de preservar el paisaje rural, fomentar la economía local y garantizar la sostenibilidad ambiental del territorio.
El municipio de Hermigua, como otros territorios rurales e insulares, sufre una progresiva pérdida de actividad agrícola y el abandono de numerosas fincas de titularidad privada, especialmente en zonas de ladera y bancales. Esta situación, lejos de ser un problema exclusivamente privado, tiene efectos directos sobre el interés público municipal, que justifican la intervención activa de la administración local.
Se identifican múltiples impactos sociales, ambientales y económicos negativos derivados del abandono agrícola:
- Pérdida de suelo fértil por erosión y escorrentías, especialmente en terrenos en pendiente.
• Reducción de la capacidad de los suelos para captar y retener carbono (CO₂).
• Desaparición de empleo vinculado a la actividad agraria.
• Envejecimiento de la población y pérdida de relevo generacional en el campo.
• Reducción del atractivo del entorno rural para el turismo sostenible.
• Degradación del paisaje tradicional en terrazas.
• Pérdida del conocimiento agrícola tradicional acumulado.
• Riesgo de presión para el cambio de uso del suelo (urbanización, abandono total).
Una empresa pública o parapública de interés general, a una escala municipal, como la de Hermigua, sería perfectamente viable y, de hecho, podría llegar a ser una herramienta estratégica muy potente para enfrentar el abandono rural de forma estructural, ofreciendo, por medio de brigadas de apoyo agrícola, entre otros, las siguientes tareas específicas: poda, recolección, deshierbe, mantenimiento de bancales, limpieza, etc., que integren laboralmente a jóvenes, parados y migrantes regularizados.
@JulioMora60
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