Las administraciones públicas tienen la obligación de informar. No sólo porque gestionan recursos que pertenecen a todos, sino porque buena parte de sus decisiones afectan, directamente, a nuestra vida cotidiana. Necesitamos conocer una convocatoria, un cambio en un servicio, una incidencia, una obra que altera el tráfico, la apertura de un plazo, la publicación de una nueva normativa, una ayuda disponible o cualquier circunstancia que pueda resultar de interés para la población. Las redes sociales han facilitado enormemente esta tarea. Son rápidas, económicas, accesibles y permiten que una Administración traslade información a miles de personas en pocos minutos. Nunca habíamos dispuesto de una herramienta semejante, para acercar la información pública al ciudadano. El problema, por tanto, no está en comunicar. El problema surge cuando dejamos de distinguir entre informar sobre la gestión; y celebrar, permanentemente, la gestión.
Hay una forma de hacer política que parece necesitar un sonajero. Lo agita cuando nace una idea, cuando se anuncia, cuando se consigue una subvención, cuando aparece una partida presupuestaria, cuando se redacta el proyecto, cuando se licita, cuando se adjudica, cuando comienzan las obras, cuando alguien visita las obras y, naturalmente, cuando finalmente se inauguran. Una misma actuación puede hacer sonar tantas veces el sonajero que, cuando llega el momento de comprobar qué ocurrió realmente, resulta difícil recordar qué se prometió al principio, cuánto debía costar, cuándo debía terminar y qué problema pretendía resolver. El problema no es que se comunique demasiado, sino que se celebra demasiado, ignorando los antecedentes y la acumulación de lo comunicado.
Conseguir financiación es importante. Aprobar un proyecto permite avanzar. Adjudicar una obra significa superar una fase necesaria. Iniciarla demuestra que algo empieza a materializarse. Pero ninguno de esos acontecimientos constituye todavía el resultado final. Presupuestar no es ejecutar, adjudicar no es terminar y terminar tampoco significa, necesariamente, haber solucionado el problema que justificó la inversión. Después habrá que comprobar si aquello funciona, si se utiliza, cuánto cuesta mantenerlo y qué resultado produce. Una Administración debería informar durante el camino, pero, tambié, demostrar al llegar.
En nuestra vida profesional aceptamos esta diferencia con absoluta naturalidad. Ninguno de nosotros espera que, después de cada jornada en la que ha cumplido correctamente con su trabajo, alguien venga a darle una palmada en la espalda. Ni la buscamos ni, normalmente, la recibimos. Ocasionalmente, podemos hacer algo extraordinario, alcanzar un objetivo especialmente difícil o culminar un esfuerzo colectivo que merezca reconocimiento e incluso celebración. Pero, convertir cada tarea realizada y cada resultado parcial en una ceremonia de autoafirmación, nos parecería pueril y acabaría resultando inútil. Cumplir correctamente con aquello para lo que trabajamos, forma parte del propio trabajo. No veo por qué la gestión pública debería funcionar de manera diferente. Cumplir con el trabajo no necesita una celebración permanente; sólo necesita los cauces para poder rendir cuentas de él.
Por eso, las redes sociales pueden ser magníficos instrumentos de información y pésimos instrumentos de autocelebración. Poder conocer una convocatoria, un aviso, una incidencia o una nueva norma tienen una utilidad inmediata para quien recibe el mensaje. En cambio, presentar cada reunión, cada visita, cada trámite ordinario o cada pequeño avance como una demostración de éxito, termina degradando la propia comunicación. Si todo es importante, nada termina siendo verdaderamente importante. Si todo merece felicitación, la felicitación pierde valor. Cuando todo se celebra, la celebración deja de tener significado y, cada vez que el sonajero suena, dejamos de escucharlo.
Existe además otro riesgo. La comunicación puede ir desplazando lentamente su centro de gravedad, desde la institución hacia las personas que, temporalmente, la dirigen. El ciudadano deja de recibir únicamente información sobre lo que hace su Administración y empieza a recibir una sucesión de imágenes, declaraciones y apariciones de quienes gobiernan. Gobernar implica, inevitablemente, exposición pública, y existen momentos en los que esa presencia es necesaria. Pero, la institución necesita comunicar mucho más de lo que el responsable político necesita aparecer. Cuando cada actuación ordinaria necesita un protagonista, una fotografía y una frase celebratoria, la frontera entre explicar la gestión y promocionar a quien la protagoniza empieza a desdibujarse.
Además, cuanto más se anuncia una actuación antes de terminarla, mayores pueden ser las expectativas creadas a su alrededor. Y cuanto mayor sean esas expectativas, mayor será también la decepción si, finalmente, el proyecto se retrasa, se encarece, cambia sustancialmente o no consigue los resultados esperados. En esos casos, la comunicación pública puede provocar, justamente, el efecto contrario al que pretendía. Lo que buscaba generar confianza, empieza a producir cansancio, indiferencia o escepticismo. El ciudadano recuerda vagamente haber escuchado varias veces que algo iba a hacerse, pero puede tener serias dificultades para saber qué ocurrió, finalmente, con aquello que tantas veces le anunciaron.
Sin embargo, puede que el mayor riesgo del sonajero no sea siquiera su convocante sonido, sino el hábito. Cuando un estímulo se repite, suficientemente, asociado a una recompensa, terminamos anticipando la recompensa antes de comprobar si, realmente, ésta existe. El conocido experimento de Pávlov sirve como metáfora. Suena el estímulo y aparece la expectativa. En la vida pública podemos acostumbrarnos también a una determinada secuencia: anuncio, subvención, inversión, inauguración; estímulo, expectativa y respuesta. Pero una ciudadanía informada debería poder ir mucho más allá del reflejo inmediato, y preguntarse cuánto cuesta, quién lo paga, qué problema pretende resolver, qué dejamos eventualmente de hacer para hacerlo, cuándo estará terminado y, pasado un tiempo, si realmente funcionó. Menos reflejo y más reflexión. Menos expectativa y más comprobación.
Nada de esto cuestiona la utilidad de los departamentos de comunicación de las administraciones públicas. Al contrario. Son necesarios, precisamente, porque gobernar también significa explicar. Una cifra no explica por sí sola por qué se adoptó una decisión, qué alternativas se estudiaron, qué negociación fue necesaria, qué dificultad apareció durante la ejecución, por qué un presupuesto inicialmente previsto resultó insuficiente, o qué circunstancia obligó a modificar una hoja de ruta. La gestión pública tiene una dimensión cualitativa que no cabe en una tabla de datos. Necesita contexto, razones y explicaciones, y esa es una función legítima y necesaria de la comunicación institucional y política.
El problema aparece cuando esa comunicación, inevitablemente selectiva, sustituye a la visión completa. Cada una de esas informaciones puede ser rigurosamente cierta y, sin embargo, su sucesión no ofrecer una imagen completa de la realidad. El ciudadano recibe fotografías aisladas, pero, difícilmente, puede reconstruir con ellas toda la película. Puede conocer que una obra acaba de comenzar y desconocer que debía haber comenzado un año antes; saber que se ha conseguido una subvención y no cuánto tendrá que aportar, además, la Administración; conocer el presupuesto actual y desconocer el, inicialmente, previsto. Una sucesión de informaciones verdaderas, aunque aisladas, puede producir una visión incompleta de la realidad.
Ahí reside el verdadero riesgo del sonajero. No en que sea incorrecto comunicar un logro, sino en que, quien decide qué se comunica, también decide, inevitablemente, en qué quiere concentrar nuestra atención. Resulta tentador destacar una subvención conseguida, un contrato adjudicado o una obra inaugurada y, bastante menos atractivo, recordar un sobrecoste, un retraso, una modificación sustancial, unas previsiones que no se cumplieron o, simplemente, un error. Pero tampoco sería justo recorrer el camino contrario, y construir el relato exclusivamente con los problemas. La consecución de una financiación adicional, una dificultad superada, una obra terminada antes de tiempo, un ahorro producido durante la ejecución o un servicio que funciona mejor de lo esperado, también forman parte de la realidad. Una realidad, continua y completa, que suele ser más incómoda que cualquiera de las versiones que se den sobre sus hitos.
Precisamente por eso, necesitamos algo que no dependa de qué parte de la historia interesa contar, en cada momento, a su protagonista. Necesitamos memoria.
Memoria que podríamos registrar en el Cuaderno de Gobernanza. No sería una memoria elaborada, apresuradamente, al terminar los cuatro años, cuando, inevitablemente, intervienen la selección de los recuerdos, la proximidad de las siguientes elecciones y el deseo de presentar, favorablemente, el trabajo realizado. Sería un registro público, sencillo, periódico y acumulativo, que, una vez creado, continuará, respectivamente, durante y después de cada mandato o legislatura. Cada actuación relevante tendría su ficha y podría recorrer, cuando correspondiera, estados comprensibles para cualquiera: IDEA, ESTUDIO, PROYECTO, IMPORTE PRESUPUESTADO, ADJUDICADO, EN EJECUCIÓN, TERMINADO y EVALUADO. No todos los proyectos o iniciativas tendrían, necesariamente, que atravesar todas las etapas. Algunas ideas se descartarán, después de que su estudio demuestre que no son viables; otras perderán su financiación; algunas serán sustituidas por soluciones mejores, y otras tendrán que modificarse durante su ejecución. Todo eso forma parte de la gestión y también merece quedar registrado.
Pero, cada ficha tampoco debería convertirse en otro expediente administrativo. Bastaría con recoger qué problema pretende resolverse o a qué sector de la población se pretende apoyar, cuál es el objetivo, cuándo se incorporó la actuación, cuánto se estimó inicialmente que costaría, qué financiación existe, qué calendario se preveía, cuál es su situación administrativa, cuánto dinero se ha ejecutado; qué avance físico presenta, cuando éste pueda medirse; qué modificaciones se han producido, qué incidencias han aparecido y cuál es el siguiente paso. Información sencilla, comprensible, fechada y procedente, fundamentalmente, de documentos que ya existen en la propia Administración.
Existe un conocido principio de diseño y gestión resumido en cuatro letras: KISS, Keep it simple, stupid. Sin necesidad de quedarnos con su traducción literal, podríamos expresarlo aquí, simplemente, como mantengámoslo sencillo. Si pretendemos acercar la gestión al ciudadano, creando una herramienta tan complicada que nadie quiera consultarla, habremos fracasado antes de empezar. El Cuaderno no necesita reproducir expedientes, contratos, certificaciones y documentos técnicos completos. Necesita extraer de ellos lo esencial, ordenarlo y hacerlo comprensible: pocos datos, claros, comparables y acumulativos. La complejidad puede estar en la gestión; pero no debería estar en la forma de explicarla. Primero entender; después, quien lo desee, podrá profundizar.
Pero existe una condición fundamental: la información anterior no debería desaparecer cuando llegue la nueva. Marzo no se borra cuando llega junio, junio no desaparece cuando llega septiembre y septiembre permanece, cuando incorporamos diciembre. Cada trimestre produciría una fotografía que quedaría congelada y se añadiría a las anteriores. Si, posteriormente, se descubre que un dato era incorrecto, tampoco debería borrarse silenciosamente: se rectifica, se fecha la corrección y queda constancia. Porque actualizar nos permite saber dónde estamos y, acumular, comprender cómo hemos llegado hasta ese estado.
Cada tres meses, podríamos responder así a cuatro preguntas muy sencillas: ¿dónde estábamos?, ¿qué ocurrió?, ¿cuánto avanzamos? y ¿por qué avanzamos, nos detuvimos o nos retrasamos? Incluso no haber avanzado, sería información. Una autorización pendiente, una licitación desierta, un recurso, una modificación técnica, una negociación complicada o una dificultad presupuestaria pueden explicar, perfectamente, que, durante tres meses, un proyecto apenas se haya movido. Lo importante no sería aparentar que todo avanza siempre, sino poder comprender por qué unas cosas avanzan y otras no, permitiéndonos, posteriormente, profundizar en los motivos.
Aquí es donde el Cuaderno y la comunicación pública encontrarían su verdadero encaje. No competirían ni se sustituirían. Cumplirían funciones distintas y complementarias. El Cuaderno diría qué ocurrió; la comunicación ayudaría a explicar por qué ocurrió. El primero conservaría fechas, costes, plazos, modificaciones, avances y resultados. La segunda aportaría contexto sobre las decisiones, dificultades, negociaciones y prioridades que existen detrás de esos datos. Una, conservaría la trazabilidad; la otra, aportaría explicación.
Incluso, podría establecerse una regla muy sencilla: cada noticia institucional relacionada con una actuación relevante, debería permitir acceder a la ficha correspondiente del Cuaderno. Quien sólo quiera conocer la actualidad, podrá quedarse con la noticia. Quien quiera comprenderla, podrá recorrer la historia completa. El mensaje inmediato seguiría cumpliendo su función, pero dejaría de ser una pieza aislada. Detrás de cada flash existiría una historia accesible. La comunicación podría explicar una desviación; el Cuaderno conservaría la desviación, permitiéndonos preguntar por los motivos o causas que la produjeron.
Pero, la comunicación política no corresponde, únicamente, a quien gobierna. También la oposición necesita comunicar. Sus representantes y sus equipos deben poder analizar la gestión, fiscalizarla, cuestionarla, cuando lo consideren necesario; y presentar propuestas o alternativas. Para hacerlo, deberían poder consultar el mismo Cuaderno, además de acceder a la información que, legalmente, les esté permitido conocer. Lo que no debería corresponderles es elaborarlo, cumplimentarlo o mantenerlo, porque entonces dejaríamos de tener un registro institucional y comenzaríamos a tener otro relato político. El Cuaderno pertenece a la institución; la interpretación pertenece a la política. La Administración registra los hechos y conserva su trazabilidad, convirtiéndolo en un documento verificable y sujeto a control. Con esa confianza, el gobierno podrá explicar sus decisiones y responder por ellas; la oposición fiscaliza, critica y propone alternativas; y los ciudadanos conocen, contrastan y forman su propio criterio. Al fin y al cabo, si no hay nada que ocultar, no hay nada que temer.
Pensemos, ahora, en una obra que, inicialmente, debía terminar en junio y acaba haciéndolo en diciembre. El Cuaderno mostrará las fechas inicial y final, el presupuesto, sus modificaciones, el grado de ejecución y el resultado. El gobierno podrá explicar las razones técnicas, administrativas, económicas o políticas que, a su juicio, justificaron el retraso. La oposición podrá cuestionar esas explicaciones, señalar decisiones que considere equivocadas y explicar qué habría hecho de otra manera. Las interpretaciones serán diferentes, porque eso forma parte de la política. Los hechos, sin embargo, deberían ser comunes. No necesitamos que todos interpretemos igual los hechos; necesitamos poder conocer los mismos hechos, antes de interpretarlos. Para ello, cada Cuaderno de Gobernanza será el reflejo de la gestión acumulada durante cada mandato o legislatura; y su final, coincidirá con el principio del siguiente.
Esa neutralidad debe funcionar en ambas direcciones. El Cuaderno no puede convertirse en un catálogo de retrasos, sobrecostes y problemas porque, entonces, únicamente habríamos sustituido la propaganda del gobierno por el argumentario de la oposición. Y, también, debe poder registrar que una obra se ha terminado antes de lo previsto, la consecuencia de una financiación adicional, un ahorro producido durante la ejecución, una instalación que funciona correctamente o un servicio cuya utilización supera las previsiones. El dato tiene fuente; la opinión tiene autor. El Cuaderno aporta lo primero, y permite que, cada cual, construya después lo segundo.
Esto es particularmente importante, porque tendemos a recordar durante mucho tiempo aquello que funciona mal, y a olvidar, con sorprendente rapidez, aquello que funciona bien. Un problema permanece en nuestra memoria mientras nos molesta; cuando se resuelve, la solución se incorpora a la normalidad y dejamos de pensar en ella. El éxito puede terminar borrando su propia memoria. Por eso, el Cuaderno debería recoger no sólo grandes inversiones, sino también actuaciones menos espectaculares que forman parte de la vida cotidiana de cualquier administración pública. Por ejemplo, para un municipio: saneamiento, limpieza, jardines, muros, caminos, aparcamientos, mantenimiento de espacios públicos, programas de empleo, convenios o pequeñas intervenciones capaces de resolver problemas concretos. También, cualquier iniciativa orientada al sostenimiento y promoción en favor de la sociedad del bienestar. En todas ellas, el coste económico de una actuación no siempre coincidirá con su importancia, para quienes se benefician de ella.
El Cuaderno podría convertirse así, también, en una herramienta de justicia con la gestión realizada. No para repartir elogios ni reproches, sino para impedir que el paso del tiempo borre lo que, efectivamente, ocurrió. Una buena gestión no necesita ser adornada para ser reconocida; necesita poder ser comprobada. Del mismo modo, una actuación que salió mal, tampoco necesita calificativos. Bastaría con conocer qué se pretendía, qué ocurrió, cuánto costó, cuánto tardó y qué resultado produjo. Sencillo no significa superficial. Significa eliminar lo innecesario para poder ver, con claridad, lo importante.
Y, probablemente, no sería una herramienta cara. Buena parte de los datos ya existen dispersos entre presupuestos, contratos, subvenciones, certificaciones, convenios y documentos técnicos. Una persona responsable de coordinar la información —o una pequeña unidad cuando el tamaño de la Administración lo justificara— podría recopilarla periódicamente y trasladarla, inicialmente, incluso a una base de datos sencilla o a una hoja de cálculo bien diseñada. El verdadero coste no estaría tanto en el dinero, como en asumir una disciplina: registrar regularmente, explicar las desviaciones y conservar la historia.
Esa disciplina tendría, además, una consecuencia importante hacia dentro de la propia Administración. Cada trimestre, quienes gestionen podrían observar la imagen agregada del mandato o de la legislatura: qué avanza, qué está detenido, qué empieza a desviarse de presupuesto, qué financiación corre riesgo de perderse, qué actuación necesita una decisión y qué proyectos están funcionando mejor de lo esperado. La transparencia hacia fuera, produciría, además, disciplina de gestión hacia dentro. El Cuaderno dejaría de ser, únicamente, una herramienta de información al ciudadano, para convertirse, también, en un sencillo cuadro de mando para quienes tienen la responsabilidad de gestionar.
Pero el recorrido de una actuación no debería terminar cuando aparece la palabra TERMINADO. Una obra puede estar terminada y no resolver el problema para el que fue concebida. Por eso, debería existir un último estado: EVALUADO. Transcurridos seis meses, un año o el periodo razonable asociado a cada caso, habría que regresar a determinadas actuaciones y preguntar qué ocurrió después de la inauguración. Cuántas personas utilizan el servicio, qué actividad genera, qué mantenimiento exige, qué costes recurrentes produce, qué problema ha solucionado o qué beneficios no previstos ha generado. La pregunta importante dejaría de ser, únicamente, cuánto invertimos o gastamos, y pasaría a ser otra, bastante más útil: qué conseguimos con lo invertido o gastado.
Si hacemos todo esto durante cuatro años, los cierres trimestrales irán formando algo mucho más valioso que una sucesión de noticias. Contaremos con dieciséis fotografías acumuladas que permitirán reconstruir la Historia del mandato o de la legislatura, mientras está sucediendo. Podremos saber qué se encontró al comenzar, qué se quiso hacer, qué se inició, qué se terminó, qué quedó pendiente, cuánto costó, cuánto tardó, qué dificultades aparecieron, cuáles se resolvieron y qué resultados se obtuvieron. También quedarán registradas aquellas actuaciones que se anunciaron y, finalmente, no llegaron a realizarse; permitiendo, luego, explicar por qué: pérdida de financiación, inviabilidad técnica, cambio de prioridades o aparición de una alternativa mejor. Y, con idéntica claridad, permanecerán los proyectos que funcionaron correctamente, con las decisiones que produjeron buenos resultados. No sería la historia de los éxitos, ni la historia de los fracasos. Sería, sencillamente, la historia de lo ocurrido.
Y aquí volvemos al sonajero. Si existe un momento, especialmente adecuado, para mirar atrás y hacer balance es, precisamente, cuando finaliza el mandato o la legislatura. Entonces, sí tiene sentido abrir el Cuaderno y explicar a los ciudadanos qué se encontró cuatro años antes, qué se propuso hacer, qué consiguió terminar, qué no pudo terminar, cuánto costó, qué dificultades encontró y qué resultados dejó. Es también el momento en que, quienes han gobernado, pueden recordar a los electores su trabajo; y éstos, pueden tenerlo en cuenta al formar su propio juicio ante la renovación democrática de los cargos públicos electos. Pero, habría una diferencia fundamental respecto a una campaña construida únicamente sobre recuerdos, anuncios e imágenes: el relato podría contrastarse, con cuatro años de hechos acumulados.
Tampoco debería existir ninguna necesidad de ocultar que determinados proyectos quedan sin terminar. Hay actuaciones cuyo periodo de estudio, maduración y ejecución supera, inevitablemente, la duración de una legislatura. Un gobierno puede haber hecho correctamente su trabajo, aunque no sea quien corte, finalmente, la cinta de su inauguración, la colocación de la primera piedra; o el anuncio de un proyecto o iniciativa, dirigida a quienes son más vulnerables. Si recibió una actuación como idea, y la entrega estudiada, financiada, contratada y en ejecución, ese avance forma parte de su gestión, y debería quedar registrado. Si otro gobierno la culmina años después, también quedará registrado. El mérito de una actuación pública no debería limitarse a quién llegue a tiempo para hacerse la fotografía de la inauguración.
Esta continuidad es especialmente importante porque una administración pública no comienza, desde cero, cada cuatro años. Cambian las personas, pueden cambiar las prioridades y puede cambiar, incluso, la orientación política, pero permanecen contratos, subvenciones, proyectos, obligaciones, obras en marcha, problemas sin resolver y experiencia acumulada. El Cuaderno podría convertirse, entonces, en el testigo que una gestión entrega a la siguiente. Quien llegue debería poder saber qué encontró su antecesor, qué intentó hacer, qué consiguió terminar, qué funcionó; qué no funcionó, qué quedó pendiente, qué compromisos existen y desde qué punto, exacto, debe continuar, una vez validada la veracidad de la información recibida.
También debería transmitirse aquello que no siempre aparece, fácilmente, en los expedientes: qué solución dió buen resultado, qué dificultad inesperada apareció, qué error convendría no repetir o qué proyecto iniciado por otro gobierno merece continuar porque está funcionando. Los proyectos no pertenecen al político que los anuncia, al que los inicia y, ni siquiera al que, finalmente, los inaugura. Pertenecen a la administración pública correspondiente. Si cada mandato o legislatura entregara su Cuaderno a la siguiente, con el paso de los años, esos documentos acabarían formando algo todavía más valioso: una verdadera Historia de la gestión pública. El cargo cambia de manos; pero la administración pública continúa.
No hace falta esperar a la próxima legislatura para hacerlo. Podemos empezar ahora. Recuperemos las principales actuaciones de la actual; reconstruyamos, hasta donde sea posible, el recorrido de cada una, y hagamos un primer cierre que permita saber, con claridad, dónde estamos. A partir de ahí, cada tres meses bastaría con añadir una nueva fotografía, sin borrar ni sustituir las anteriores, dejando constancia de los avances y los retrasos, de lo terminado y lo pendiente, de los costes y sus desviaciones, de los problemas encontrados y de los resultados conseguidos, ya sean sociales, laborales, económicos, ambientales, o de cualquier otro tipo. No necesitamos crear otra gran estructura administrativa, producir documentos interminables, ni comunicar todavía más. Necesitamos método, sencillez, continuidad y voluntad de dejar constancia. Empecemos el Cuaderno de Gobernanza y escribamos la Historia del mandato o de la legislatura, mientras está sucediendo. Dentro de cuatro años, no tendremos que reconstruirla desde la memoria, ni depender, únicamente, de la versión de quien decida contarla. Habrá quedado escrita, trimestre a trimestre, a medida que los hechos ocurrían.
Sólo entonces, el sonajero podrá volver a ocupar el lugar que le corresponde. Utilicemos las redes sociales para informar, convocar, advertir y explicar. Utilicemos la comunicación para proporcionar contexto a aquello que necesita ser comprendido. Destaquemos también los acontecimientos verdaderamente relevantes, y celebremos cuando corresponda, los resultados que realmente merezcan ser celebrados. Pero no necesitamos agitar, permanentemente, el sonajero para recordar a los ciudadanos que quienes gobiernan están trabajando. Informemos durante el camino, expliquemos las decisiones y las dificultades, dejemos constancia de los retrasos y reconozcamos los avances. Permitamos que el gobierno explique, que la oposición fiscalice y proponga, y que el ciudadano disponga de los hechos necesarios para valorar a ambos. Y cuando lleguemos, midamos los resultados. Si lo realizado funciona, habrá tiempo para celebrarlo, y serán muchas veces los propios ciudadanos quienes hagan sonar el sonajero.
El problema nunca ha sido que suene, sino que con su sonido se pretenda sustituir a la historia completa. Las noticias pasan, los relatos compiten, los cargos cambian y los mandatos o las legislaturas terminan. Pero, los hechos, en cambio, deberían permanecer registrados para su consulta por parte de todos.
@JulioMora60
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