Cuando la debilidad de fondo afecta al paisaje, al empleo y a la continuidad agrícola, la respuesta pública más útil puede ser la construcción de un sistema estable de cooperación.
Las administraciones públicas disponen de instrumentos muy diversos para intervenir sobre la realidad económica, social y territorial. Pueden conceder subvenciones, convocar ayudas, ejecutar inversiones, contratar obras o servicios o articular fórmulas de colaboración para impulsar proyectos de interés general. Todos esos instrumentos son útiles en su ámbito. Pero la clave no es sólo disponer de ellos, sino saber en qué casos conviene aplicar unos u otros, y la calidad de la acción pública depende, en gran medida, de la adecuación entre la naturaleza de la necesidad y la naturaleza de la respuesta.
No todos los problemas son iguales. Algunos son puntuales, y pueden resolverse mediante una ayuda concreta o una actuación limitada en el tiempo. Otros responden a una debilidad persistente, dispersa y acumulativa, que no desaparece aunque se alivie uno de sus efectos inmediatos. En estos casos, actuar sobre la manifestación visible del problema puede ser útil, pero no suficiente. Lo decisivo sería abordar las condiciones que permitan una respuesta estable y sostenible.
Ahí está la diferencia entre lo fácil y lo conveniente. Lo fácil suele ser aplicar el instrumento más inmediato, el procedimiento más conocido o la actuación más visible. Lo conveniente, por su parte, exige preguntarse si esa respuesta se ajusta de verdad al problema que se quiere resolver, teniendo en cuenta que, cuando el problema es estructural, la respuesta útil también debe serlo.
Esto ocurre con frecuencia en el ámbito agrario. La continuidad del cultivo, el mantenimiento del paisaje productivo y la protección del suelo agrario no dependen sólo de grandes infraestructuras o de apoyos económicos puntuales. Dependen también del trabajo periódico y de la continuidad de aquellas tareas que, consideradas aisladamente, parecen menores, pero cuyo efecto acumulado resulta decisivo: limpieza, poda, desbroce, aplicación de tratamientos y atención ordinaria de las fincas, entre otras. Cuando estas tareas faltan de forma reiterada, disminuye la actividad, aumenta el abandono y se degrada el territorio.
Por eso, el debate no debería reducirse a una alternativa entre subvención puntual y gran proyecto intensivo en capital. Ambas fórmulas pueden ser necesarias, pero no bastan siempre. Entre la ayuda fragmentaria y la gran actuación material existe un espacio de intervención menos vistoso y, sin embargo, muy relevante: el de los modelos estables de cooperación, organización y ejecución, especialmente cuando la necesidad principal no es una inversión extraordinaria, sino la continuidad de un trabajo intensivo en personal.
En Hermigua, una parte importante de la actividad agraria descansa sobre pequeñas explotaciones agrícolas que, por separado, encuentran dificultades objetivas para sostener, de forma regular, determinados trabajos indispensables para su mantenimiento. La pequeña escala, la dispersión, la escasa masa crítica para organizar servicios y el elevado peso relativo de los costes del trabajo continuado, generan una fragilidad que no puede entenderse sólo como una suma de problemas privados.
Cuando una pequeña explotación pierde continuidad o entra en abandono, la consecuencia no afecta sólo a su titular. Afecta al paisaje agrícola, a la continuidad del suelo cultivado, a la actividad económica local y al equilibrio territorial del municipio. El paisaje agrario no es sólo una suma de parcelas privadas: es una realidad territorial compartida, con valor económico, funcional y social. Mantenerlo activo no significa sólo conservar una imagen, sino sostener trabajo, evitar deterioro y preservar una base productiva que, una vez perdida, resulta difícil recuperar.
Desde esta perspectiva, la ayuda puntual puede aliviar una necesidad concreta, pero no crea organización ni asegura continuidad. De ahí, la necesidad de pensar en una respuesta distinta: un modelo estable de cooperación capaz de organizar demanda, sostener trabajo y repartir cargas de forma razonable, en el que la administración no tenga por qué asumir la contratación directa de todo el personal. Lo que se le pide, sobre todo, es que lidere la consecución del engranaje para que ese trabajo pueda empezar a realizarse de forma ordenada, estable y eficaz.
En ese contexto cobra pleno sentido la construcción de un modelo estable de cooperación. No como un artificio formal, ni como una capa añadida de complejidad administrativa, sino como una respuesta proporcionada a una debilidad de fondo. La idea central es sencilla: allí donde la actividad aislada no alcanza escala suficiente para sostener ciertos trabajos, puede resultar más eficiente y más útil articular una estructura común que agregue las necesidades, organice las respuestas y permita continuidad.
En Hermigua, ese modelo podría apoyarse en cuatro elementos conectados entre sí. El primero, los titulares de las pequeñas explotaciones agrícolas, como base real de la necesidad. El segundo, una agrupación de interés económico constituida por esos titulares, con capacidad para agrupar demanda, ordenar prioridades y actuar como instrumento de organización. El tercero, una cooperativa de trabajo asociado, encargada de prestar de forma profesional y continuada los trabajos necesarios. Y el cuarto, el impulso institucional del Cabildo y del Ayuntamiento de Hermigua, no necesariamente como empleadores directos, sino como actores llamados a facilitar el encaje, respaldar el arranque y cofinanciar aquello que produzca un retorno público verificable.
La agrupación de interés económico tendría aquí una función claramente sustantiva. No se trataría simplemente de dar cobertura jurídica a una suma de explotaciones, sino de convertir una necesidad dispersa en una necesidad organizada. Agrupar significa, en este caso, crear una escala de interlocución, ordenar demanda, racionalizar encargos y hacer posible una relación estable con una estructura operativa. Cuando la debilidad nace de la fragmentación, la primera respuesta útil suele consistir en corregir esa fragmentación mediante un instrumento de agregación. Sin ese paso previo, muchas explotaciones seguirán enfrentándose por separado a problemas que, precisamente por su escala, no pueden resolver solas con eficacia.
La cooperativa de trabajo asociado aportaría la dimensión ejecutiva del sistema. Su valor no radicaría únicamente en la aportación de mano de obra, sino en la posibilidad de dar continuidad, profesionalización y organización al trabajo requerido. La diferencia entre conseguir trabajos de forma ocasional y disponer de una base operativa estable, es decisiva. Una cooperativa puede organizar equipos, acumular experiencia, ajustar tareas, dar regularidad a los encargos y convertir una necesidad recurrente en una prestación sostenible. Ante problemas estructurales, la continuidad operativa no es un aspecto secundario: es una parte esencial de la solución.
El papel de las administraciones públicas debe definirse con precisión. No se propone que asuman toda la actividad ni que incorporen de forma directa a su propia estructura la contratación del personal necesario para sostener el paisaje agrario. Tampoco se plantea una simple transferencia de fondos sin arquitectura organizativa. Lo que se plantea es algo distinto: que ejerzan una función de liderazgo institucional en la construcción del engranaje. Es decir, que ayuden a reunir las piezas, a legitimar el sistema, a respaldar su diseño, a facilitar su encaje y a contribuir a su sostenimiento inicial cuando exista un interés público objetivo vinculado a sus resultados.
Hay ocasiones en las que la mejor intervención pública no consiste en sustituir completamente a los actores del territorio, sino en hacer posible que una solución organizada pueda existir. Una administración puede activar, ordenar, acompañar y estabilizar una solución compartida, sin eliminar la responsabilidad de los titulares de las explotaciones, pero sin abandonarlos a una lógica individual, ni tener que asumir toda la actividad. Se trata de construir las condiciones para una estructura basada en la corresponsabilidad, resulte útil, funcione con suficiente escala, respaldo, lógica y reglas claras.
La ventaja de un modelo así, no es sólo operativa. También es institucional. Permite distribuir responsabilidades de una manera más razonable. Los titulares de las pequeñas explotaciones participan porque obtienen una herramienta que, individualmente, no podrían sostener con la misma eficacia. La cooperativa participa porque encuentra una base material para organizar trabajo de forma continuada y rentable. Las administraciones participan porque existe un retorno público objetivo en forma de paisaje mantenido, actividad agraria sostenida, empleo local y mayor estabilidad territorial. No se trata, por tanto, sólo de cofinanciación. Se trata de corresponsabilidad ordenada, de alineación de intereses y de una forma de intervención pública más ajustada a la realidad del problema.
Además, un sistema estable introduce previsibilidad y confianza. Permite anticipar trabajos, organizar recursos, ordenar encargos y reducir improvisaciones. Y también facilita la evaluación pública: cuánta superficie se atiende, qué continuidad alcanzan los trabajos, qué abandono se evita, qué empleo se sostiene y qué efectos territoriales se producen. Frente a la dispersión de actuaciones sueltas, la estructura organizada permite una relación más clara entre recursos movilizados y resultados obtenidos.
La situación agraria de Hermigua presenta los rasgos propios de un problema estructural. La pequeña escala de muchas explotaciones, su fragmentación y la necesidad de trabajo continuado generan una fragilidad que no puede corregirse suficientemente con ayudas puntuales ni resolverse por completo mediante grandes actuaciones intensivas en capital. Ambas fórmulas pueden ser útiles, pero ninguna sustituye la necesidad de una estructura capaz de organizar y sostener continuidad.
En este contexto, la definición y puesta en marcha de un sistema estable de cooperación entre los titulares de las pequeñas explotaciones agrícolas, una agrupación de interés económico, una cooperativa de trabajo asociado y el impulso institucional del Cabildo Insular de la Gomera y del Ayuntamiento de Hermigua aparece como una respuesta razonable. No como una suma de piezas aisladas, sino como una arquitectura funcional orientada a transformar una fragilidad dispersa en una capacidad organizada.
Si este diagnóstico es correcto, el paso siguiente debe ser práctico. Corresponde abrir una fase de trabajo institucional para estudiar con rigor la viabilidad concreta del modelo, identificar a los actores implicados, definir su encaje jurídico y diseñar una propuesta operativa solvente.
Ese trabajo debería permitir, al menos, avanzar en cuatro direcciones: determinar la base real de pequeñas explotaciones que podrían integrarse en la agrupación de interés económico; precisar el diseño y la capacidad de una cooperativa de trabajo asociado apta para prestar los trabajos requeridos; estudiar las fórmulas de respaldo y cofinanciación que podrían asumir el Cabildo y el Ayuntamiento de Hermigua; y establecer criterios de evaluación sobre paisaje, actividad, empleo y continuidad agraria.
Y si las administraciones públicas concernidas no consideran que éste sea el modelo más adecuado, lo razonable no sería refugiarse en la duda indefinida ni en la inercia administrativa, sino formular una alternativa mejor y más eficaz, porque es legítimo discrepar sobre la forma concreta del engranaje. Pero, lo que ya no parece admisible es prolongar la falta de respuesta estructural, mientras el deterioro del campo sigue avanzando.
En esta materia, el tiempo no es neutral. Cada demora consolida el abandono, debilita la continuidad productiva y erosiona un poco más el paisaje agrícola. Si no ha de ser este modelo, que se proponga otro. Pero que se proponga urgentemente, porque, mientras divagamos, la agricultura de Hermigua se muere.
@JulioMora60
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