Escolástico Gil, alcalde de El Rosario, denunció la maraña burocrática a la que se enfrentan los ayuntamientos a la hora de gestionar los recursos y que, en su caso, lo han llevado, pese a no tener en contra el informe de ningún habilitado, a estar cinco veces sentado en el banquillo, porque “los alcaldes somos carne de fiscal”. Gil fue contundente durante su intervención en el ciclo de conferencias Cuestión de Equilibrio. El Agua en Tenerife, Tradición y Vanguardia, organizado por la Fundación Cultural Canaria de Ingeniería y Arquitectura Bethencourt y Molina, en colaboración con la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (RSEAPT).
El alcalde, que defiende su gestión como la de un gobierno verde que defiende la sostenibilidad, el agua y las energías limpias, aseguró que el problema está en que “las administraciones muchas veces tardan años en contestarte un proyecto, que tienen plazos para ejecutarse y justificar la inversión y, además, los materiales tardan seis meses en venir”. De hecho, Gil admitió que recientemente ha tenido que renunciar a alguna subvención por la imposibilidad de cumplir con los plazos, pero con todo se definió como “un alcalde con suerte”, porque El Rosario tiene una presupuesto de 18,7 millones y gestiona 37 millones de euros “gracias a funcionarios comprometidos y una administración ágil y rápida”.
En su opinión, el problema es la burocracia, porque “los que mandan son los funcionarios y los habilitados” y se preguntó por qué se le ha investigado a él cuando no hay ningún informe técnico en contra de sus decisiones.
El máximo responsable público de El Rosario comenzó su intervención afirmando que “cuando entras en la gestión municipal te das cuenta de que aquello no funciona y hubo que ponernos manos a la obra, porque era un municipio que no tenía técnicos”. En la actualidad, según indicó, hay cinco ingenieros, siete aparejadores, siente técnicos de la administración local, un arquitecto, administrativos…
Gil sostuvo que puede decir que “hemos conseguido cosas y todas las que nos quedan por hacer que son muchas, pero hemos hecho este trabajo pensando a medio tiempo, porque enterrar tuberías, el saneamiento o la red de agua no dan votos, pero los quita o te quitan de en medio los jueces y los fiscales”.
El municipio del Rosario tiene un total de 17 depósitos de agua; el depósito nodriza, el más importante en la zona alta es La Montañeta, donde llegan las aguas elevadas desde La Parra, que vienen del canal de Araya o las que vienen de Los Dornajos por el norte.
Gil se detuvo en el Depósito de Tabaiba II, que, según explicó, fue la primera decisión política “que tomé cuando llegué al gobierno; si no llego a tomar esa decisión en el año 2015, hoy Tabaiba-Radazul estuviera desabastecida y sin depósito”. Otro caso que citó fue el de Radazul Alto, “porque colapsó y cayó su forjado debido a los cloros y a que al depósito no se le había hecho nada en 40 años en esta urbanización privada” que asumió el Ayuntamiento. También se detuvo en el depósito de Barranco Hondo, que “en cualquier momento puede colapsar y estamos elaborando el proyecto para llegar a acuerdos con los propietarios”. En este último caso, aclaró que se trata de “una zona de protección ambiental y queremos que las administraciones nos dejen seguir adelante”.
El alcalde detalló la inversión realizada en el depósito Tabaiba II, que fue de 1,3 millones con fondos de cooperación y del Consejo Insular de Aguas, y apuntó que en este caso el forjado también colapsó y ahora disponen de una subvención del Gobierno de Canarias para reformarlo. Gil advirtió que la mayoría de los depósitos del municipio están en una situación precaria actualmente.
Respecto a las infraestructuras, explicó que el municipio tiene “dos pozos propios: un pozo que está en La Cañada y otro que está en Machado y tres elevaciones importantes. Según detalló, en el depósito de La Cañada se está elevando el agua desde 500,65 metros de profundidad y el nivel freático está a 552 metros. Además, el encamisado está directamente en el agua y no hay paredes a su alrededor, por lo que puede colapsar. En una situación similar está el pozo de El Guanchito, de donde se está sacando el agua desde 437 metros y el nivel freático está a 446.
Asimismo, recordó que el agua en el municipio está abajo y las casas están arriba, lo que supone un “disparate” en cuanto a los costes energéticos, porque el agua nos llega por medianías, por los canales. “Las elevaciones, que son fundamentales, suponen unos gastos insoportables para una corporación local de 18.000 habitantes”, aseveró.
Según describió, El Rosario tiene una red de distribución de 233,2 kilómetros y “en un municipio con la extensión de El Rosario significa un problema añadido, puesto que mantenerla es realmente complicado porque estamos hablando que es desde la playa hasta el monte”, aclaró Gil, quien añadió que “nos estamos centrando en los núcleos de población más importantes, puesto que sin ayudas sería imposible que un municipio de esta categoría pudiera sacar nada adelante”.
Respecto al coste económico que supone al Ayuntamiento el suministro de agua, especificó que la compra de agua, superan los 2,3 millones y la electricidad ha pasado de 1 millón de euros a casi 2,6 millones en un municipio con un presupuesto de 18,7 millones. En definitiva, el gasto en agua y energía supone un desembolso que se aproxima a los 5 millones de euros.
La cárcel
El alcalde señaló que el municipio alberga, además, una infraestructura crítica del Estado que es la prisión Tenerife II, que consume 8,5 millones de litros de agua cada mes, puesto que “tiene una población mayor que cinco municipios de Canarias y esos cinco municipios tienen sus depósitos, sus infraestructuras”. Sin embargo, denunció que “desde hace 34 años en este municipio se hizo una infraestructura crítica, que ha significado un problema añadido para el Ayuntamiento, porque esta institución hizo la prisión y se marchó y nunca más se supo”.
Según afirmó, desde 2017 hemos intentado con los distintos gobiernos que “pusieran una solución a sus propias deficiencias, porque no se puede pretender que un municipio de 18.000 habitantes con una capacidad de inversión de 600.000 euros sea el que tenga que realizar este tipo de inversiones”.
Recordó que en pleno incendio, colapsados el canal del norte y el canal de sur, se quedó sin agua para la población y sin agua para la prisión, porque gran parte del agua estaba destinada a intentar sofocar el incendio. “En ese momento vino una ministra y cuando le preguntaron por la falta de agua en la cárcel, le echó la culpa al alcalde o al Cabildo. Es decir, los acaldes somos culpables de todo”, se quejó.
Gil reprochó que lleva “8 años suplicando en el desierto” al delegado del Gobierno, al ministro, al jefe de Gabinete e incluso recurrió a un juez de la Audiencia para que le contara el problema de la cárcel al ministro. Incluso, asegura, “pusimos soluciones sobre la mesa para el problema de la cárcel, que no es otra que conexiones con los depósitos de La Cañada y de La Parra, pero no se nos hizo caso”. Sin embargo,
“el día que las madres de los reclusos llamaron al Diputado del Común y el caso pasó al Defensor del Pueblo, automáticamente el alcalde tiene que dar explicaciones de porqué no tiene agua la prisión. La prisión no tiene agua porque el estado nos ha abandonado”, insistió.
Para el alcalde el “gran caballo de batalla” es evitar las pérdidas de agua. En este sentido, detalló que en 2018 se perdía o estaba fuera de control el 62 por ciento y en 2022 se ha reducido esa pérdida al 48 por ciento. En este punto citó el caso de Radazul, donde después de la obra realizada las pérdidas pasan del 42 por ciento a apenas el 2,8 por ciento. Esto datos demuestran, según Gil, el compromiso del gobierno local con el ciclo del agua.
En este momento de su intervención, se refirió al Polígono La Campana, donde se ha realizado una inversión de 14 millones de euros para la urbanización del polígono en redes de agua, saneamiento y resto de servicios que necesita un polígono de interés insular con 300 empresas y unos 3.000 trabajadores.
Otra obra que “tengo que acometer urgentemente es la de Tabaiba Alta y Media”, señaló.
Con este fin el Ayuntamiento pedirá un crédito de 2 millones de euros para invertirlos en el ciclo del agua y urbanizar las calles, pero el alcalde aclaró que los vecinos van a tener que pagar parte.
Respecto a los vertidos que se producen en El Rosario, Gil explicó que el Diagnóstico y Propuestas de Actuación en Materia de Saneamiento (DPS) estipulaba 31 actuaciones en su municipio y de estas se está ejecutando o en proyecto de ejecución 12 y destacó el caso de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (EDARI) del Polígono de La Campana, “la primera de Canarias que hemos hecho en el ayuntamiento de El Rosario y por emergencia, igual que la depuradora de la Urbanización Costanera y la estación de bombeo. En este punto, aclaró que “tuvimos que invertir 3.000.000 de dinero municipal, en una corporación con un presupuesto de 18,1 millones y con una capacidad de inversión de 600.000 euros.”
Según el alcalde, para acometer estos proyectos fue necesario “utilizar todos los fondos del remanente y
meterlos en el ciclo del agua”.
Como consecuencia, aseguró que “estoy sin un céntimo; ando por las consejerías porque tengo más de 30 millones en proyectos y ya no tengo liquidez, porque yo no puedo pagar el 40% de cada proyecto de Transición Ecológica ni el 20%, ni el 15%”. Gil admitió que “estoy esperando a ver si alguno se compadezca y nos dé lo que tenían comprometido; deberían ayudarnos porque somos un ayuntamiento con la responsabilidad ante jueces y fiscales y la población, y porque estamos trabajando en redes de forma importante en la carretera general de La Esperanza hacia abajo. Se trata de una obra con una subvención del Gobierno Canarias de 3 millones y medio, con la que estamos sacando las aguas residuales del Barranco del Chorrillo en Cho Pinito, que estaba contaminando el acuífero y estaba por supuesto contaminando todo el medio. “Estamos trabajando en una estación de bombeo y además en todo el colector”, puntualizó.
Destacó también que donde desemboca esta obra se está invirtiendo 1.100.000, en cooperación con el Cabildo, en una obra que une la carretera del Llano del Moro al colector de El Tablero. Además, de que la otra mitad de la calle ya está en el plan de cooperación 2022 2025 y “será una zona urbana, cuyo proyecto es de alrededor de otros 3 millones”.
Respecto a los vertidos, el alcalde de El Rosario volvió al Polígono de La Campana, un “polígono con un desastre medioambiental terrorífico”, que colapsó y “aprovechando una obra de la TF-1, se cogieron las aguas residuales industriales, se metió una tubería y se metieron en un pozo absorbente ilegal en la Urbanización Costanera hace diez años” y ahora estamos hablando de los castigos de Europa es que no nos han dado más leña de milagro”. Además, recordó que el Ayuntamiento recogió el Polígono de la Campana, porque si no lo hacía no recibía los 14 millones para hacer la urbanización y otros 10 millones para la depuradora de aguas residuales industriales.
Gil afirmó que en el tramo que va en que el Ayuntamiento recoge el polígono y empiezan las obras, se produce la crisis de los vertidos, “un río de mierda bajando a la mar”, y que entonces pidió auxilio al consejero insular de aguas, que le respondió que pidiera autorización de vertidos. Según Gil, en ese momento habló con su socio de gobierno Fidel Vázquez y le dijo que “si venimos aquí para hacer lo mismo que los demás nos vamos para casa; yo no voy a a pedir autorización de vertidos al mar de aguas industriales que están sin tratar”. Entonces, decretó la emergencia de las obras de la depuradora y se hace la estación de bombeo y la depuradora de Costanera y, además, decretó la emergencia de la estación de bombeo y de la depuradora del Polígono de La Campara. A raíz de estas decisiones, “me denuncia la oposición política (PSOE, Coalición Canaria y Podemos) por el vertido al mar y por decretar la emergencia de la depuradora de La Campana. La jueza, que advirtió a las acusaciones que no podía denunciarlo por un problema y por solucionarlo, archivó la causa, pero Gil, insistió que “los alcaldes somos carne de fiscal”.
Otro de los asuntos que destacó el alcalde de El Rosario es la apuesta que está realizando por energías limpias como, por ejemplo, la fotovoltaica en varias de las infraestructuras que está poniendo al día en el municipio, como en la depuradora de La Campana y, según sus datos, las ya instaladas está produciendo ya 150 kw y evitan 100 toneladas de CO2.
Su próximo objetivo es la digitalización de los contadores.