El Tribunal Supremo ha decidido inadmitir los recursos de PP y Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Los jueces, sin unanimidad, entienden que ninguno de los dos partidos estaban legitimados para recurrir. Dos magistrados de siete han votado en contra de esta decisión y emitirán votos particulares contrarios que se conocerán, junto con la sentencia, en los próximos días.

La sección de lo contencioso-administrativo estudiaba este martes los recursos interpuestos por Vox y el Partido Popular contra el nombramiento de Dolores Delgado. Los dos entienden que su pasado político inmediato como ministra y diputada por el PSOE inhabilitan a Delgado y ponen en tela de juicio su imparcialidad. La Abogacía del Estado, además de solicitar la inadmisión de los recursos por falta de legitimación de ambos partidos, alegaba que una posible parcialidad debía ser observada en cada procedimiento en el que interviniera.

La sentencia completa con todos los argumentos se conocerá en los próximos días pero los jueces entienden que los dos partidos políticos ni siquiera estaban legitimados para recurrir. En el caso particular de Vox y PP, esta no es la primera vez en que los jueces de la sala tercera del Supremo echan para atrás sus recursos por este motivo: en el caso de Vox lo hicieron cuando recurrieron el nombramiento de Cani Fernández como presidenta de la CNCM y en el caso del PP cuando recurrieron el nombramiento del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, José María Serena.

Fuentes del Supremo ya explicaban hace días a elDiario.es que magistrados de la sección apostaban por poder entrar a examinar el fondo del asunto, aunque sin adelantar si eran favorables o no a avalar el nombramiento. Los antecedentes, tal y como explicó este periódico, no eran favorables a los recursos de PP y Vox incluso en el caso de haber superado el primer escollo de la legitimación activa.

El caso ha sido examinado finalmente por una sección de seis magistrados y magistradas con la ponencia de Pilar Teso y bajo la presidencia de César Tolosa, el séptimo integrante de la sección y presidente de toda la sala tercera. Hace unos meses un grupo de magistrados intentaron que el caso fuera estudiado por el pleno pero el presidente Tolosa rechazó esa opción.

En las últimas semanas ambos partidos habían vaticinado en público el triunfo de sus recursos, algo que finalmente no ha sucedido. Fue por ejemplo el diputado de la formación ultraderechista, Javier Ortega Smith, el que aseguró en la Comisión de Justicia del Congreso que el Supremo «va a dar la razón al recurso de Vox». Añadió también que antes de conocerse la sentencia el presidente del Gobierno «saldrá corriendo a nombrarnos un fiscal general nuevo para no pasar el papelón de un cese desde el Tribunal Supremo», sin que ninguna de las dos predicciones se hayan cumplido.

El antecedente de Hernández

Hasta la fecha el Tribunal Supremo sólo había analizado el nombramiento de un fiscal general y fue en 1994 cuando anuló el de Eligio Hernández. En ese caso el pleno de la sala de lo contencioso entendió que no cumplía con el mínimo legal de llevar 15 años en activo en la carrera al no computar dentro de ese tiempo los años que pasó como gobernador civil y delegado del Gobierno en Tenerife y las islas Canarias, respectivamente.

Ya en esa sentencia de hace casi tres décadas los magistrados avalaron la legitimación activa de los recurrentes, que no eran partidos políticos: eran asociaciones judiciales y fiscales. En ese caso los jueces entendieron que «aparece afectado aquel estatuto jurídico básico, lo que determina que debamos considerar legitimada a la Asociación de Fiscales para pretender procesalmente su anulación».

 

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