El Pleno de la Cámara regional ha aprobado este miércoles [28] por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista para favorecer la participación de las personas con discapacidad en los consejos escolares de Canarias, a través de la modificación de Ley 4/1987 de los Consejos Escolares, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa.

En la iniciativa, defendida por la diputada socialista Teresa Cruz, se solicita en concreto que se promueva la modificación de la Ley de los Consejos Escolares para incorporar en calidad de vocal a un representante del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en Canarias.

La propuesta también pide que se favorezca la asistencia a las reuniones del Consejo Escolar de Canarias de un representante del CERMI Canarias, entre tanto no se haga la modificación legislativa correspondiente.

En este sentido, Cruz Oval aclaró que la presencia del CERMI en el Consejo Escolar permitirá unas estructuras educativas “más integradoras” y un “conocimiento cercano” de las necesidades de las personas con discapacidad.

Además, destacó que el marco normativo define al Consejo Escolar de Canarias como el órgano que garantiza la participación de los sectores afectados en la programación general de la enseñanza en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como el asesoramiento respecto a los proyectos de Ley o Reglamentos que hayan de ser propuestos o dictados por el Gobierno de Canarias.

La diputada socialista consideró que la responsabilidad del éxito escolar y la inclusión social de todo el alumnado no solo recae en el esfuerzo y voluntad del alumnado, sino también sobre el de sus familias, el profesorado, los centros docentes, las administraciones educativas y, en última instancia, sobre la implicación de la sociedad.

“Es decir, para garantizar una educación de calidad para toda la población, es imprescindible el compromiso de todos los componentes de la comunidad educativa y de la sociedad. Una de las consecuencias más relevantes del principio del esfuerzo compartido consiste en la necesidad de garantizar a toda la ciudadanía capacidades de aprender a ser, de aprender a saber, de aprender a hacer y de aprender a convivir”, añadió.

Para los socialistas, el sistema educativo no debe ser “ajeno” a los desafíos que plantea la ciudadanía, contar con un sistema de calidad para todo el alumnado, sin que exista discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, origen racial, étnico o geográfico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad sexual, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Asimismo, apuestan por un sistema que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades, también entre mujeres y hombres, que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008.

 

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