El próximo 4 de diciembre, se cumplirán 5 años desde que el Partido Popular mantiene bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es decir, habrán pasado más de 1.800 días, que se dice pronto, con un PP incumpliendo sin ningún pudor la Constitución Española que en su artículo 122 señala que la duración del mandato de los miembros del Consejo es de 5 años “improrrogables”. Su actual composición data, nada menos, del año 2013, cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno y el ahora rey emérito, jefe del Estado.
El inicio de un nuevo año judicial esta semana es una nueva oportunidad para recordarle al PP que su contribución a la regeneración democrática de España no sólo debe limitarse a cuando ellos están en el gobierno. Si, como dice Núñez Feijóo, los populares quieren que “mejore la calidad de nuestra democracia”, deberían asumir su responsabilidad y acceder de una vez a desbloquear el órgano de gobierno de los jueces.
El último informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea, de 2023, es claro al respecto y dice, literalmente, que con “carácter prioritario” se debe renovar el CGPJ e, “inmediatamente después de la renovación” y no antes o en paralelo, llevar a cabo una reforma del sistema por el que se elige a sus vocales.
Nuestro secretario general y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, le propuso hace unos días al presidente del PP, durante el encuentro que ambos mantuvieron, renovar el CGPJ antes del 31 de diciembre de este año “sea quien sea la persona elegida por el Congreso como presidente del Gobierno”. Pero Feijóo dio la callada por respuesta. Esta vez, ni se esforzó por dar una nueva excusa para no cumplir con su deber constitucional. Su propuesta para regenerar la vida democrática de nuestro país sólo sirve si gobierna él con sus socios de Vox.
De todos modos, la letra de esta canción ya nos suena. No es la primera vez que el PP bloquea la renovación de este órgano. Lo hizo entre 1995 y 1996, durante ocho meses. Y repitió la misma jugada entre 2006 y 2008, durante dos años más. Siempre ocurre cuando los populares están en la oposición y nunca cuando gobiernan. Es decir, cuando los socialistas hemos estado en la oposición y actuamos con la responsabilidad de la que el PP carece. Porque, visto lo visto, los populares únicamente acatan la Carta Magna cuando les conviene. Es una actitud vergonzante, que no sólo afecta a la calidad democrática de nuestro país, sino al día a día de los ciudadanos.
Lo recordó este lunes el presidente Sánchez, cuando dijo que este bloqueo “está afectando directamente en forma de costes económicos, de retrasos en sus trámites, también los procesos, por la imposibilidad de cubrir destinos judiciales y en el relevo también de los magistrados que acceden legítimamente a su jubilación”. El propio presidente del Tribunal Supremo, Francisco Martín Castán, aseguró también esta semana, que como consecuencia de este bloqueo los efectivos se hallan mermados en más de un 30% y que algunas de las salas se encuentran “al borde del colapso”. Lo hizo, por cierto, en una intervención inédita, durante la apertura del año judicial en la que habló él en lugar del presidente del Consejo, como suele ser habitual en este acto. Lo que deja en evidencia, además, lo insostenible de esta situación.
Desbloquear el órgano de gobierno de los jueces es una obligación constitucional y una forma de atender las necesidades de los españoles y españolas, que también reclaman una mejor Administración de la Justicia, gobierne quien gobierne y presida quien presida el Gobierno de España. Por eso, el PP debería comprometerse a resolver esta crisis institucional que, a punto de cumplir un lustro, sólo responde a los intereses de un partido por “controlar al Consejo por la puerta de atrás” utilizando las más burdas y cambiantes excusas.