El Gobierno Canario blinda a sus altos cargos con pólizas «opacas»
Paulino Rivero
La pasada semana, el consejero regional de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, reconocía que, pese a la previsión de crecimiento de un 2% en el PIB de Canarias y la mejoría prevista en la recaudación de impuestos, los presupuestos autonómicos de 2015 volverá a ser «restrictivos».
Según manifestó González Ortiz a la prensa local, el Ejecutivo canario efectuará un nuevo recorte de 150 millones de euros en las partidas destinadas a los servicios públicos, continuando con la política de «austeridad» impuesta Por la UE, el BCE y el Fondo Monetario Internacional. Una receta económica ideada para posibilitar el masivo trasvase de recursos públicos a la gran patronal y el sector financiero mediante el recorte drástico del gasto social, el impulso a las privatizaciones y la progresiva reducción de salarios, subsidios y pensiones.
Esta «austeridad», sin embargo, no parece que vaya a afectar a los altos cargos del propio gobierno. Así se desprende, al menos, de la denuncia efectuada por Intersindical Canaria este mismo miércoles, en relación a las espléndidas pólizas de seguro de las que éstos se continuarán beneficiando.
De acuerdo a lo denunciado por este sindicato, el Proyecto de Presupuestos Generales para el año 2015 «sustrae de los fondos de «acción social», destinados a los trabajadores, el dinero para la renovación de estas pólizas de seguro para los altos cargos, con el objeto de cubrir eventuales indemnizaciones por invalidez o fallecimiento por valor de entre 75.000€ y 150.000€». «En origen -afirman desde la organización sindical – dicha partida estaba destinada a ayudas médico-farmacéuticas, ayudas para formación y seguros de accidente y fallecimiento de los empleados públicos como parte de su masa salarial, como sucede también en grandes empresas del sector privado. Pero tras los sucesivos recortes de derechos y retribuciones de los trabajadores públicos, quedó relegada únicamente a este último concepto».
«PARA EL GOBIERNO LA VIDA DE UN ALTO CARGO VALE DOCE VECES MÁS QUE LA DE UN TRABAJADOR PÚBLICO»
Intersindical Canaria ha informado, asimismo, que actualmente el Gobierno de Canarias mantiene contratada una póliza con VidaCaixa que asegura a los trabajadores por un importe de 6.000€ por invalidez permanente y 12.000€ por fallecimiento. Una cifra que contrasta con la cobertura de 75.000€ y 150.000€, respectivamente, que se reservan para los propios miembros del Ejecutivo.
La organización sindical critica, igualmente, la negativa de los dirigentes socialistas de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a facilitarles, tal y como han solicitado, el acceso a la póliza de los altos cargos, «con el fin de analizar las condiciones particulares del contrato y poder encontrar los argumentos objetivos y técnicos que permiten a un Gobierno valorar doce veces más la vida de un alto cargo político, que la de un trabajador público o de una persona cualquiera». Desde la consejería dirigida por Francisco Hernández Spínola – dicen – «se niegan rotundamente a aportar la documentación precisa y a publicarla en la web de transparencia del Gobierno, donde sí se encuentra la póliza de los trabajadores».
«Que el fallecimiento de un responsable político tenga una cobertura mayor que la de un trabajador que incluso, paradójicamente, puede suceder bajo las mismas circunstancias, y que se oculten los términos de un contrato con dinero público es un hecho – aseguran – que transciende más allá de la disputa sindical en el contexto de un colectivo de trabajadores afectado por un proceso de severos ajustes, que ha reducido seriamente su masa salarial y degradado sus condiciones y entornos de trabajo».
«Constituye – opinan desde Intersindical Canaria – una muestra más del absoluto desprecio de los dirigentes políticos canarios hacia una sociedad, asfixiada económicamente, a la que tendrían que servir desde la igualdad, para administrar sus recursos con profesionalidad, honestidad y transparencia».
En este sentido, el sindicato entiende que «los altos cargos del Ejecutivo deberían devolver individual y proporcionalmente a la hacienda canaria las cantidades contratadas este año por encima de la cobertura estándar a un empleado público, y extraer para el presupuesto del 2015 dicha cobertura de la masa salarial del colectivo de trabajadores».
