El Congreso aprueba la reforma para desbloquear el Constitucional que la derecha aún confía en tumbar

Eldiario.es| Al final, no hubo choque. O, al menos, no de momento. La jornada de intrigas institucionales que amenazó durante muchas horas con una colisión de primera magnitud entre el Tribunal Constitucional y el Congreso de los Diputados acabó sin sobresaltos. La amplia mayoría de la Cámara Baja que apoya al Gobierno de coalición ha respaldado este jueves la reforma del Código Penal que incluye, entre otras cosas, nuevas reglas del juego para la renovación del propio tribunal de garantías, con los mandatos caducados por el bloqueo del PP y del sector conservador de los magistrados. Finalmente, el recurso presentado por los de Feijóo no ha impedido el desarrollo de la sesión.

La votación final se ha saldado con entre 184 y 188 previstos en las cuatro votaciones consecutivas celebradas pocos minutos después de las seis de la tarde. 100 diputados no han participado de la votación, la inmensa mayoría del PP (88). Su portavoz, Cuca Gamarra, ha explicado en un turno extra que le ha concedido la Presidencia de la Cámara que su grupo no se ha ido del Hemiciclo, pero no ha votado porque consideran que no se debería haber celebrado la sesión hasta que el Tribunal Constitucional no resolviera los recursos presentados.

Era lo previsto, pero durante buena parte de la mañana la propia celebración del debate parlamentario estuvo en el aire. De forma paralela al orden del día en el hemiciclo, el pleno del Tribunal Constitucional se reunía para debatir las medidas cautelarísimas contra la tramitación parlamentaria de la reforma solicitadas por el PP y que, en la práctica, suponían paralizar la sesión en el Congreso. Una situación inédita en democracia que mantuvo en vilo al conjunto de grupos parlamentarios y que condicionó la actividad de toda la Cámara. Hasta que el Constitucional anunció que aplazaba su decisión al próximo lunes.

Desde la Presidencia se había encargado previamente a los letrados de la Cámara un informe sobre los posibles escenarios que podrían abrirse en caso de que el tribunal de garantías hubiera llegado a paralizar el debate y la votación. Un escenario al que el PP dio pábulo y que los grupos parlamentarios que sustentan al Ejecutivo e incluso el propio Gobierno llegaron a temer. “Hoy atravesamos una situación que debe preocupar al conjunto de la ciudadanía. Espero que no se materialice, sería una crisis institucional sin precedentes”, dijo la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, unos minutos antes de conocerse el aplazamiento.

A pesar de la decisión del Constitucional de posponer su veredicto hasta el lunes, PP, Ciudadanos y Vox pidieron a Meritxell Batet paralizar el pleno. Iván Espinosa de los Monteros por parte de Vox, primero; Inés Arrimadas, de Ciudadanos, después; y Cuca Gamarra, del PP, por último, solicitaron a la presidenta de la Cámara que detuviese la sesión hasta que hubiese un posicionamiento de los jueces.

Batet declinó esas peticiones al no encontrar “razón ni obstáculo” para continuar con el procedimiento legislativo. Sus palabras generaron un rumor en la bancada de las derechas y los diputados de Vox abandonaron el hemiciclo. Su presidente, Santiago Abascal, denunció posteriormente en una rueda de prensa un “golpe institucional, un golpe al Estado de derecho y a la Constitución”.

Al final del debate, momentos antes de la votación, Vox ha vuelto a intentar paralizar la sesión. En ese momento, Batet ha intervenido para aclarar que si la Cámara hubiese recibido una “resolución judicial” la habría acatado “como no podría ser de otra manera”.

Un debate de alto voltaje

La sobreactuación de Vox y lo vivido en los pasillos durante la mañana condujeron el debate hacia un tono especialmente bronco especialmente durante el cruce de ataques entre el PSOE y el PP. La portavoz popular, Cuca Gamarra, denunció que el Gobierno hace “un traje a medida” de los líderes del procés con la reforma del Código Penal. “La reforma del delito de sedición no es solo un traje a medida, es el ejemplo de legislar para persona con nombres y apellidos”, dijo Gamarra, que a continuación pronunció en voz alta los nombres de los políticos independentistas condenados.

Por su parte, el diputado socialista, Felipe Sicilia, acusó a la derecha durante su intervención de haber querido en su día “parar la democracia con tricornios y hoy han querido hacerlo con togas. Y no lo han conseguido porque nuestra democracia y nuestras instituciones son fuertes y sólidas”, clamó desde la tribuna.

Tras las palabras de Sicilia, Gamarra reclamó un turno por alusiones para defender a su partido de las acusaciones de querer repetir el golpe del 23F. “Aquél día gobernaba el centro derecha, que estaba sentado en esta Cámara”, dijo antes de arremeter contra la Ley de Memoria Democrática por intentar, en su opinión, “reescribir” la historia.

En su turno, Arrimadas, que minutos antes le había recordado a Batet las palabras que ella mismo le dirigió a la presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, durante el debate en el Parlament en 2017 de las leyes de desconexión, volvió a describir la situación como un “momento histórico” que, en su opinión, tendrá consecuencias. “Esto tendrá un coste, hoy es el origen de muchos problemas graves que vamos a tener en nuestro país”.

“Se trata de qué hacemos para frenar a Pedro Sánchez, tenemos que utilizar todas las herramientas democráticas”, dijo antes de definir la reforma como una sumisión a los intereses del independentismo. “Ahora robar es más fácil si eres enemigo de España y amigo de Pedro Sánchez. Los separatistas hacen esto porque odian a España pero ustedes hacen esto porque aman el poder, por eso es ruin lo que están haciendo”, espetó a la bancada socialista.

En su turno, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, al igual que Arrimadas, aunque por otras razones, comparó lo vivido este jueves con lo sucedido en el Parlament de Catalunya en 2017. “Me tomo muy en serio las palabras de la señora Arrimadas porque la última vez que le habló así a la presidenta de un parlamento fue a nuestra compañera Carmen Forcadell, que acabó en la cárcel”, dijo tras la intervención de la presidenta de Ciudadanos.

Rufián ironizó sobre el papel del tribunal de garantías al afirmar que hablaba desde la tribuna “con miedo a que entre Tejero con toga”. Y rechazó que la reforma del Código Penal responda a un chantaje de su grupo. “Nada de lo que está sucediendo es un chantaje o exigencia del independentismo. Hay dos millones de personas que, de forma recurrente en Catalunya, votan opciones independentistas, guste más o guste menos. Vehicular este anhelo, esta opción política, no es un delito. Y no se le pueden meter a 9 personas 100 años de cárcel por vehicular este deseo”, concluyó.

Ese “golpe con toga” fue un hilo conductor, con mayores o menores matices, de las intervenciones también de los diputados de la izquierda. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem, Jaume Asens, acusó al PP de perpetrar junto a al derecha judicial un “golpe silencioso”. “Lo que ha sucedido esta mañana es muy grave, inaudito: el PP intentando utilizar el TC con el mandato caducado intentando sustituir la voluntad del pueblo, atacando la separación de poderes, intentado imponer una mayoría que perdió hace tres años, una mayoría que todavía está en el órgano de gobierno de los jueces”, censuró el diputado del grupo confederal.

“La democracia va a resistir, pero el estigma del PP les va a perseguir toda su vida política. Aunque no hayan dejado agujeros aquí arriba, ustedes están intentando perforar la democracia con un golpe silencioso y nuestra obligación como demócratas es impedirlo”, zanjó Asens.

100 diputados no han participado de la votación, la inmensa mayoría del PP (88). Cuca Gamarra ha explicado en un turno extra que le ha concedido la Presidencia de la Cámara que su grupo no se ha ido del Hemiciclo, pero no ha votado porque consideran que no se debería haber celebrado la sesión hasta que el Tribunal Constitucional no resolviera los recursos presentados.