- El XX Congreso de CERMIS Autonómicos reúne en Las Palmas de Gran Canaria al movimiento de la discapacidad de toda España para examinar los avances y desafíos pendientes tras veinte años de la Convención de la ONU.
- Representantes del Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas coinciden en la necesidad de reforzar la cooperación institucional, la accesibilidad y los recursos para garantizar la igualdad de derechos.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y CERMI Canarias han inaugurado este jueves, en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria, el XX Congreso de CERMIS Autonómicos, bajo el lema «La dimensión territorial de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Balance de dos décadas (2006-2026) de vigencia». La apertura ha situado en el centro del debate la necesidad de superar las desigualdades territoriales y convertir los derechos reconocidos legalmente en garantías reales para todas las personas con discapacidad, independientemente de su lugar de residencia.
La sesión inaugural ha contado con la participación de Fernando Clavijo Batlle, presidente del Gobierno de Canarias; Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI Estatal; Carmen Laucirica Gabriel, presidenta del CERMI Canarias; Antonio Morales Méndez, presidente del Cabildo de Gran Canaria; Carolina Darias San Sebastián, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, y Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Gobierno de España. La apertura ha incluido también una intervención en vídeo de Heba Hagrass, relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.
La presidenta del CERMI Canarias, Carmen Laucirica, anfitriona de esta edición, ha destacado que el vigésimo Congreso coincide con las dos décadas de la Convención y ha reivindicado la importancia de compartir experiencias y conocer las particularidades de Canarias. «España es muy diversa», ha recordado, insistiendo en que la realidad de las personas con discapacidad varía según el territorio en el que viven y reclamando especial atención a la ultraperiferia y la doble insularidad. Laucirica, ha resaltado la colaboración institucional y el compromiso del movimiento asociativo con el intercambio de experiencias y la defensa de los derechos desde las distintas realidades territoriales.
Por su parte, el presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, ha reivindicado el papel transformador del movimiento social organizado y de la Convención de Naciones Unidas, a la que ha definido como «lo mejor que nos ha pasado» a las personas con discapacidad. Ha destacado que el activismo de las personas con discapacidad y sus familias ha impulsado cambios legislativos, políticos y sociales mediante una acción colectiva que combina la colaboración institucional con la exigencia de cumplimiento de los derechos humanos.
Pérez Bueno ha situado el principal desafío en la distancia entre el reconocimiento normativo y su aplicación efectiva. «Los derechos humanos no se pueden solo declarar, tienen que ser efectivos», ha afirmado, advirtiendo de que «la diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos» sigue siendo uno de los grandes déficits de las políticas públicas. Esta situación, ha explicado, genera frustración entre las personas y familias que ven reconocidos sus derechos sin disponer siempre de los apoyos necesarios para ejercerlos.
Asimismo, ha defendido que la singularidad territorial de Canarias, marcada por la insularidad, la doble insularidad y la condición ultraperiférica, debe incorporarse a las decisiones públicas mediante medidas de acción positiva. Estas circunstancias, ha señalado, no pueden convertirse en factores de discriminación, sino que deben tenerse en cuenta para extender la inclusión y el bienestar a todas las personas con discapacidad, también en cada una de las islas.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, encargado de inaugurar oficialmente el Congreso, ha agradecido al movimiento de la discapacidad su capacidad para transformar las instituciones y ha destacado
la creación de una Dirección General específica de Discapacidad en el Ejecutivo autonómico como respuesta a una demanda de las propias organizaciones sociales.
Clavijo ha reconocido las dificultades añadidas de gestionar las políticas de discapacidad en un territorio «ultraperiférico, alejado y fragmentado» y ha valorado la colaboración presupuestaria del Gobierno de España y la cooperación entre administraciones canarias. Frente a la crispación política y los riesgos de retroceso en derechos, ha defendido que «la discapacidad no tiene color político» y debe abordarse desde el compromiso compartido de las instituciones. Asimismo, ha animado al movimiento asociativo a sentirse orgulloso de los avances conseguidos gracias a su perseverancia y capacidad de interlocución con los poderes públicos.
Además, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Gobierno de España, Jesús Martín Blanco, ha recordado que las obligaciones derivadas de la Convención vinculan a todas las administraciones. «El Estado no es el Gobierno de España. El Estado somos todos los poderes públicos y todas las administraciones en todos sus niveles», ha señalado, reclamando que comunidades autónomas, ayuntamientos y cabildos adapten sus normas, presupuestos y actuaciones a los mandatos internacionales de derechos humanos.
Martín Blanco ha rechazado los enfoques asistencialistas y ha defendido una ciudadanía basada en la igualdad, el respeto y los apoyos necesarios para ejercer la autonomía personal. «No queremos condescendencia, queremos respeto», ha subrayado, al presentar la Convención como la «brújula» que debe orientar las políticas públicas. También ha destacado las reformas impulsadas en materia de discapacidad y dependencia y el incremento de financiación destinado a los territorios para reforzar los apoyos a las personas con mayores necesidades.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha reconocido la perseverancia del movimiento asociativo, recordando que detrás de cada derecho conquistado existen años de reivindicación, propuestas y diálogo. Ha advertido de que las leyes, por importantes que sean, no transforman por sí solas la realidad si no van acompañadas de voluntad política, recursos públicos y administraciones comprometidas con su aplicación.
Morales ha planteado como asignatura pendiente la aprobación de una legislación canaria específica que garantice los derechos de las personas con discapacidad, evitando que su ejercicio dependa de las circunstancias económicas familiares o de cada administración. Asimismo, ha alertado de los riesgos de retroceso en derechos y de los desafíos de la inteligencia artificial, que debe evitar reproducir desigualdades y sesgos discriminatorios. «El progreso tecnológico solo merece llamarse progreso cuando se convierte también en progreso humano», ha defendido.
Por su parte, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha defendido que el reconocimiento de los derechos debe medirse por sus efectos en la vida cotidiana: poder salir de casa, desplazarse por el barrio, acceder a la educación y al empleo, comprender una comunicación administrativa o decidir dónde y con quién vivir. «Una ciudad accesible amplía las posibilidades de vivir con autonomía y vivir mejor», ha afirmado. Darias ha destacado la responsabilidad de los ayuntamientos como administraciones próximas a la ciudadanía y ha señalado que la accesibilidad debe incorporarse desde el inicio a la planificación urbana, los servicios públicos, la cultura y los entornos digitales. También ha reivindicado la participación directa de las personas con discapacidad en el diseño y evaluación de las decisiones que afectan a sus vidas, con especial atención a las mujeres y las personas jóvenes con discapacidad.
El XX Congreso de CERMIS Autonómicos continúa durante este jueves con sesiones sobre legislación y políticas públicas canarias, acceso a la justicia, el nuevo artículo 49 de la Constitución, el balance territorial de la Convención y los desafíos de los territorios ultraperiféricos. También se abordarán la necesidad de una ley canaria de derechos de las personas con discapacidad y los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad.
Las jornadas proseguirán mañana viernes, 23 de octubre, con mesas sobre buenas prácticas en Canarias, el papel de la Convención como guía para los CERMIS Autonómicos y las principales resistencias a la inclusión en educación, accesibilidad universal y vida independiente. El Congreso culminará con la lectura de la Declaración de Las Palmas de Gran Canaria, que recogerá las conclusiones y reivindicaciones del movimiento de la discapacidad en este vigésimo aniversario de la Convención