El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha adoptado las primeras medidas con respecto a los funcionarios implicados en los expedientes de cese de actividad de la discoteca Teatre, donde murieron 13 personas en un incendio el pasado domingo, del año 2022 ordenados por el exconcejal de Urbanismo, Andrés Guerrero, y que no llegaron a ser ejecutados, de modo que han sido apartados cautelarmente mientras continúa la investigación interna puesta en marcha.
Se desconoce aún el número de funcionarios públicos afectados por esta medida. Esta medida cautelar se establece mientras se lleva a cabo la investigación que se inició el pasado lunes, horas después de la tragedia de Atalayas, para determinar con precisión las circunstancias en el proceso administrativo, apunta en un comunicado el consistorio de la capital de Segura. Desde el Ayuntamiento murciano aducen que la investigación interna se realizará “con carácter prioritario y urgente” y se requerirán los datos e informes “necesarios” de los distintos servicios.
El pasado domingo Ballesta dio orden de “revisar la situación administrativa de todos los locales de ocio del municipio, así como comprobar el cumplimiento de las órdenes de cese de actividad dictadas”, subrayan.
“El cierre no se puede quedar en el limbo”
“Cualquier inspección es ocular. Además, si te ordenan el cierre de un local con precinto eso es lo que tienes hacer, no contar que la empresa está buscando vías de legalización en un acta, que podría ser hasta falsedad documental. Porque ¿qué vas a inspeccionar si no vas?”, apunta una persona conocedora del funcionamiento del Ayuntamiento murciano.
“Y no solo eso, los superiores tenían que haberle requerido de nuevo al inspector que cumpliese el decreto de cierre y se asegurara de que, finalmente, la discoteca estuviera precintada. Si no se hizo así, existe una responsabilidad hasta llegar al jefe de Servicio Técnico de Obras y Actividades”, que es José Carlos Miquel López. El inspector municipal no puede redactar este acta a sus superiores y que esta “se quede en el limbo”, continúa, “tampoco se puede hacer una inspección sin ir al lugar; una llamada o un correo electrónico no es una inspección”.
“Lo normal habría sido requerir al inspector que ejecutase la orden del concejal de Urbanismo”, añade.
“Girar visita”
El 11 de octubre de 2022, el entonces teniente alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, el socialista Andrés Guerrero, emitió una “comunicación interior” en la que ordenaba a la Inspección de Actividades que visitase la discoteca Teatre y comprobase si seguía funcionando. En caso de que así fuera, el concejal ordenaba al inspector “girar visita” y “proceder a la ejecución forzosa mediante precinto del establecimiento”. Ese precinto nunca se aplicó, según informó La Verdad y ha confirmado elDiario.es. La discoteca Teatre y su local segregado ilegalmente, Fonda Milagros (que nunca existió, a efectos administrativos) ardieron el pasado domingo, costando la vida a 13 personas.
En lugar de lo que le pedía el entonces concejal, el inspector de actividades incumple la orden y decide no precintar el local. Argumenta esa decisión en que los titulares de la empresa aportan “justificación de la presentación de la documentación técnica que les faltaba”, para poder obtener una nueva licencia de actividad, tras la segregación del local de Fonda Milagros en 2019. El inspector recoge estos datos en un informe del 21 de octubre de 2022, donde, además, no explicita si ha visitado el local (como pedía el concejal), sino que afirma haber “contactado” con los titulares. Queda pues la duda de si el inspector se personó o no en el local de la calle Isla Cristina 6. El diario La Opinión de Murcia da por hecho que los trámites se hicieron “sin acudir al local” y que “el inspector no llegó a más que hacer una llamada telefónica o a enviar un correo electrónico”

