Curbelo reclama consenso en el plan de choque ideado por el Estado para acabar con la temporalidad pública

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El portavoz de ASG pide que el documento del Gobierno central para luchar contra el abuso de la temporalidad cuente con el beneplácito del conjunto de los sindicatos, además de las administraciones autonómicas y locales
“Aún estamos a tiempo de enmendar este plan, elevando nuestras propuestas al Estado para evitar la inseguridad jurídica de miles de empleados públicos cuyas plazas tienen fecha de caducidad el 31 de diciembre de 2024”, indica 

El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, reclamó, en sesión plenaria, el consenso con las administraciones autonómicas y locales en el plan de choque ideado por el Estado, con el objetivo de acabar con la temporalidad de los trabajadores interinos y temporales de la Administración Pública.
Si bien, Curbelo incidió en la importancia de luchar contra el abuso de la temporalidad, que en España es del 41%, mientras que Europa exige un máximo del 8%, requirió contar con el mayor respaldo posible. “Ha faltado el consenso institucional de las entidades autonómicas y locales, así como del conjunto de los sindicatos, pues no todos han dado su bendición a este plan, cuando estos agentes son los principales interesados”, explicó.
Reconoció que la solución no es sencilla, pues el propio Ejecutivo regional ha tratado en varias ocasiones de buscar soluciones que pasan por cambiar la propia normativa autonómica, la convocatoria de OPE o incluso un cambio normativo a nivel nacional, opciones que han sido desechadas por diversos motivos e inconvenientes.

Sin embargo, consideró que el plan de choque planteado por el Gobierno central, que luego se confirmó en Consejo de Ministros con la aprobación de un Real Decreto Ley, dista mucho de ser unánime y consensuado, por lo que defendió la necesidad de abrir un proceso que permita elevar las propuestas de las autonomías al Estado.

A su juicio, este plan ha generado mayor inseguridad en miles de empleados públicos que ponen la vista en el 31 de diciembre de 2024, fecha en la que se convocarán sus plazas a la estabilización, poniendo en riesgo sus puestos de trabajo. “No nos parece razonable que estas personas, si no superan las pruebas, pierdan su puesto de trabajo y como contraprestación tengan una indemnización de 20 días por año trabajado”, criticó.

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