25/09/2020

CCOO rechaza la congelación salarial en el ámbito de las administraciones públicas canarias

  • El sindicato señala que es el momento de reconocer el esfuerzo de las empleadas y los empleados públicos y reforzar los servicios públicos

 

El Área Pública de Comisiones Obreras Canarias exigió este martes “respeto institucional” y canalizar a través de las distintas mesas de negociación las condiciones del empleo público, evitando declaraciones altisonantes respecto de la congelación salarial de los empleados públicos canarios, una posición a la que, a tenor de lo publicado en algunos medios de comunicación, se suma el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres.

Para el Área Pública de CCOO Canarias, conformada por las federaciones de Enseñanza, Sanidad, Servicios a la Ciudadanía, lo “imprescindible” en estos momentos es reconocer el enorme esfuerzo realizado por las empleadas y empleados públicos para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos durante la pandemia de covid-19 “y que no merecen este trato por parte del Gobierno”.

A juicio del sindicato, lejos de anunciar congelaciones salariales, es urgente recuperar el poder adquisitivo y el empleo público perdidos en estos años, ampliar las plantillas y acometer las medidas necesarias para su rejuvenecimiento, así como el desarrollo de la clasificación profesional. Tanto el Gobierno estatal, como el canario, tienen una deuda con las empleadas y empleados públicos en materia salarial arrastrada desde la anterior crisis económica de 2008 que debe ser compensado.

Diálogo a golpe de titular

Asimismo, el Área Pública de CCOO Canarias no entiende que elementos tan importantes del diálogo social como es el salario de los empleados y empleadas públicas se diriman a golpe de titular de prensa. A este respecto, la organización sindical lamenta la escasa voluntad de diálogo del Ejecutivo regional, más preocupado por gestiones de malabarismos institucionales que por garantizar y asentar las condiciones de vida y trabajo de los trabajadoras y trabajadores públicos”.

Liquidez de las empresas y “efecto llamada”

El Área Pública de CCOO Canarias no es contraria, por otra parte, a que se liberen cantidades, incluso a fondo perdido, para facilitar la liquidez de las empresas, pero antes de optar por la congelación de los sueldos de los empleados públicos, lo que contribuye también a congelar el consumo y no ayuda a la recuperación económica, habría que asegurarse de que se activan y aumentan los controles para que esos fondos no se dediquen a destruir empleo.

El sindicato alerta del “efecto llamada” sobre el empresariado que supone un recorte salarial en el ámbito de las administraciones públicas, pues las decisiones gubernamentales pueden “invitar” a los empresarios a recortes salariales que pueden suponer un efecto muy negativo sobre los niveles de consumo interno que tanto necesitan las pymes canarias.

Efectos perniciosos de los recortes salariales

A este respecto, recuerdan los efectos extraordinariamente perniciosos de los recortes salariales y de efectivos en el ámbito de las administraciones públicas durante la crisis económica que se inició en el año 2008, una medida “catastrófica” que no solo afectó a la economía en general, sino también, y muy especialmente, a la calidad en la prestación de los servicios públicos más esenciales. Aquellas medidas, recuerda el sindicato, no solo no contribuyeron a salir de la crisis, sino que hicieron más difícil la salida.

Lo que ahora se necesita, afirma CCOO, es reforzar los servicios públicos para hacer frente de forma efectiva a la pandemia. Y eso no se consigue congelando los salarios de quien lucha en primera línea en el sector sanitario, sociosanitario, educativo, seguridad, incendios, limpiando las calles, tramitando ayudas y becas, a quienes se les ve directamente y a quienes están detrás, invisibles, tramitando todo lo necesario para que los servicios se presten. Y menos aún en el caso de Canarias, la comunidad autónoma que registra mayor índice de población bajo el umbral de pobreza y en la que la mayoría de los empleados públicos son mileuristas.

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