El próximo 12 de octubre, las demandas del sector pesquero canario resonarán con fuerza en los pasillos de las instituciones europeas. El director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Esteban Reyes, encabezará una delegación oficial en Bruselas con una misión crítica: hacer entrega a la Comisión y al Parlamento Europeo de un documento que defiende a ultranza el Desarrollo Local Participativo (DLP) como el motor de supervivencia de las comunidades costeras del Archipiélago de cara al Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034.
Esta ofensiva institucional no es un hecho aislado. Se enmarca dentro de una estrategia que el Ejecutivo canario lleva tejiendo desde hace casi tres años de la mano del sector primario, administraciones locales y el resto de las Regiones Ultraperiféricas (RUP). El objetivo común es inamovible: blindar el tratamiento diferenciado que las islas necesitan debido a sus condicionantes geográficos y económicos permanentes.
Un modelo bajo amenaza de dilución
La alarma saltó tras la propuesta presupuestaria presentada por la Comisión Europea en julio de 2025. El nuevo diseño financiero de Bruselas plantea una integración de instrumentos que canalizaría los fondos a las comunidades pesqueras a través de los denominados Planes Nacionales y Regionales de Asociación.
Para las autoridades canarias, este movimiento es un arma de doble filo. El temor real es que el Desarrollo Local Participativo pierda su identidad y capacidad de decisión al quedar diluido en macroestructuras financieras como el programa agrario LEADER. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, defiende que el DLP «acerca las políticas europeas al territorio» y que es vital que las comunidades costeras mantengan el poder de decisión sobre sus recursos.
Los GALP: el éxito de la proximidad
En el centro del debate se encuentran los Grupos de Acción Local de Pesca (GALP), entidades público-privadas de proximidad que conectan la economía azul con las realidades insulares. Canarias exige para ellos una financiación «suficiente, estable y previsible» que les permita mantener sus equipos técnicos y planificar proyectos a medio plazo sin los asfixiantes baches administrativos entre periodos de programación.
Los datos respaldan la efectividad de este modelo de gobernanza. Durante el periodo 2014-2020, los GALP españoles impulsaron 2.645 proyectos con una inversión que superó los 170,9 millones de euros. Estas iniciativas no solo fortalecieron la cadena de valor de la pesca tradicional, sino que generaron empleo verde y sostenible, impulsaron la igualdad y promovieron la innovación en las costas españolas.
El frente de las regiones ultraperiféricas
La principal baza de Canarias ante los burócratas de Bruselas es la exigencia de un reconocimiento explícito a su condición de RUP. Los costes adicionales derivados de la ultraperiferia, la lejanía y la fragmentación territorial encarecen notablemente la producción, la conectividad y la comercialización en las islas.
Por ello, el documento que se entregará en Bruselas reclama una flexibilidad de gestión adaptada y mecanismos específicos de compensación. La Consejería ya ha advertido que continuará batallando para que el futuro modelo presupuestario de la Unión Europea responda con soluciones diferenciadas a territorios con retos estructurales que son, por naturaleza, permanentes.