Según dichos datos Agulo invierte al año 205,62 euros por habitante, seguido de Valle Gran Rey con 157,21 euros, le sigue Alajero con 85,87 euros, Hermigua 65,84 euros, San Sebastián de la Gomera con 60,28 y en ultimo lugar Vallehermoso con solo 31,32 euros por habitante.
Las estadísticas del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales muestran los recursos económicos que desembolsaron todos los municipios de las Islas en ayudas a domicilio, información, apoyo a la unidad convivencial o prevención e inserción social
Unos pocos municipios de Canarias sobresalen con fuerza en el gasto por habitante del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, un programa financiado por todas las administraciones públicas para el desarrollo de ayudas comunitarias en las entidades locales. Las localidades de Garachico (405,91 euros), Betancuria (266,87), Agulo (205,22), Los Llanos de Aridane (168,01) y Valle Gran Rey (157,21) lideran la clasificación del desembolso per cápita de este programa en 2022. La mediana entre los 88 ayuntamientos isleños se sitúa en 47,16 euros por persona.
Este plan, firmado en 1988, incluye prestaciones de información y orientación, ayuda a domicilio, apoyo a la unidad convivencial, alojamiento alternativo y prevención e inserción social. El mecanismo recoge las prestaciones básicas que “cubren a la población más vulnerable”, explica el ex director general de Derechos Sociales del Gobierno canario, cuando gobernaba el Paco de las Flores, Javier Bermúdez. Bajo la cobertura de dicha herramienta fueron atendidas 480.015 personas en 2022. La financiación total alcanzó los 95 millones de euros (54,4 millones aportados por las propias entidades locales, 36 millones del Ejecutivo regional y 5,2 millones del Estado).
El criterio para distribuir los fondos del llamado Plan Concertado viene determinado en función del número de habitantes, índice de paro, dispersión y doble insularidad en el caso de las islas periféricas, según reza un decreto publicado en el año 2002 en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Luego, ese reparto es acordado por el Gobierno canario y la Federación Canaria de Municipios (FECAM). En el último convenio puede apreciarse las aportaciones dinerarias que hicieron tanto el Ejecutivo autonómico como el Ministerio de Derechos Sociales a las entidades locales.
Por otro lado, las corporaciones deben presentar proyectos susceptibles de ser cofinanciados. Estos pueden estar vinculados a la dotación y mantenimiento de los tipos de centros del plan (albergues, instalaciones de servicios sociales y de acogida) y las ayudas del mismo.