En un nuevo intento por cuestionar la legitimidad institucional, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a sembrar dudas sobre la limpieza del sistema democrático español. Durante una entrevista en esRadio, la dirigente madrileña ha asegurado que espera “trampas” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, llegando a acusar a La Moncloa de realizar “cirugía electoral”. [1]
Acusaciones sin fundamento y contradicciones
Sin aportar ningún tipo de prueba que sostenga sus afirmaciones, Ayuso ha instrumentalizado normativas como la Ley de Nietos o los procesos de nacionalización, sugiriendo de forma infundada que el Ejecutivo central altera el censo exterior de manera arbitraria para arañar escaños clave. [1, 2]
Esta estrategia de deslegitimación no es nueva. La líder del PP madrileño también ha aprovechado para cargar contra la organización de las elecciones generales de julio de 2023, tildándolas de convocatoria «a traición» y sugiriendo falsamente que una parte significativa de la población se quedó sin votar por correo. [1]
Sin embargo, los datos oficiales de aquel proceso desmienten categóricamente sus teorías: las elecciones de 2023 registraron un récord histórico con más de 2,6 millones de solicitudes gestionadas con éxito gracias a un refuerzo extraordinario de las plantillas de Correos. Al agitar estas sospechas infundadas a escasas semanas del 29N, Ayuso vuelve a desmarcarse de la moderación institucional y tensiona el debate democrático al abonar el terreno de la desconfianza ciudadana en las urnas.