La parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Carmen Hernández defendió hoy, en el pleno del Parlamento, una Proposición No de Ley (PNL) destinada a mejorar las condiciones materiales, organizativas y laborales de la implantación de la Formación Profesional (FP) Dual en las islas, rechazada por la mayoría de los grupos que sustentan al Gobierno de Canarias de CC, el PP, la ASG y la AHI
Carmen Hernández reivindicó el potencial de la FP Dual como una herramienta fundamental para mejorar la formación y la cualificación de la población, reforzar la conexión entre los centros educativos y el tejido productivo y facilitar la transición del alumnado desde las aulas al empleo.
Esta FP, para la parlamentaria nacionalista, es una apuesta para la juventud, las personas trabajadoras, las empresas y para el conjunto de Canarias. Subrayó que, por la importancia de este modelo, es necesario garantizar que su implantación se realice “con recursos, planificación y garantías”.
La iniciativa defendida por NC-BC parte, según explicó Hernández, de las aportaciones realizadas por cientos de docentes de Formación Profesional y plantea una revisión de las condiciones en las que se está desarrollando el nuevo modelo de formación en empresas.
La diputada alertó de que la educación dual supone un importante cambio organizativo para los centros y para el profesorado. A las funciones docentes habituales, como expuso, se suman tareas de programación, tutoría y evaluación. Así como la búsqueda y coordinación de empresas, la negociación de plazas, la elaboración y revisión de planes de formación, la gestión documental, el seguimiento del alumnado, la resolución de incidencias y la comunicación permanente con las empresas.
A ello se añaden, en determinados casos, desplazamientos y disponibilidad fuera del horario ordinario, incluidos fines de semana, debido a que parte de las actividades formativas en empresa pueden desarrollarse en esos días.
“Este cambio de escala no puede hacerse simplemente trasladando nuevas responsabilidades a quienes ya tienen una carga docente importante”, defendió Hernández.
NC-BC reclama, por ello, que se regulen las condiciones de disponibilidad del profesorado y que se garanticen los medios materiales y económicos necesarios para desarrollar estas nuevas funciones, incluidos los gastos derivados de desplazamientos y otras actuaciones vinculadas a la formación en empresa.
Relación con las empresas
Uno de los principales elementos de la propuesta es la creación de una unidad pública de gestión de la formación en empresas, que permita descargar a los centros y al profesorado de parte de las tareas de prospección y gestión empresarial.
Hernández hizo hincapié en las dificultades derivadas de la estructura del tejido productivo canario, formado por pequeñas y medianas empresas, microempresas y trabajadores autónomos.
La propuesta también planteaba revisar la obligación de realizar visitas presenciales quincenales a las empresas por parte de los tutores y defendió que existen herramientas complementarias para realizar el seguimiento del alumnado, como los diarios de aprendizaje, comunicaciones registradas, informes, encuestas, sistemas digitales de seguimiento y la coordinación con los tutores de empresa.
Entre otras medidas planteadas por NC-BC se pide al Gobierno de Canarias que elabore, en un plazo de tres meses, una memoria de impacto organizativo que permita conocer la capacidad real del sistema para garantizar plazas de formación en empresa y detectar las necesidades existentes.
Defendió además que todo el proceso se desarrolle mediante el diálogo con las organizaciones sindicales, los equipos directivos, el profesorado, los centros de FP y los agentes económicos y sociales.
Aceptó durante el debate una enmienda planteada a la iniciativa al considerar necesario reforzar la coordinación entre las áreas de Educación y Empleo.
Carmen Hernández lamentó que una iniciativa concebida para mejorar la implantación de la FP Dual no haya contado con el respaldo de la mayoría parlamentaria.