El portavoz parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, calificó hoy en el Parlamento de “rendición absoluta” el resultado de los acuerdos extrajudiciales alcanzados por el Gobierno presidido por Fernando Clavijo con determinados promotores turísticos para cerrar las sentencias derivadas del artículo 17.1 de la Ley 6/2009, aprobada durante el Ejecutivo de Paulino Rivero (CC) y José Manuel Soria (PP). Campos exigió “transparencia” sobre unas operaciones que supondrán el pago de cerca de 500 millones de euros a particulares y desmontó ante el pleno lo que calificó como “mentiras, el engaño, la manipulación burda y el bulo” difundidos por el Gobierno de Clavijo sobre el origen de estas sentencias.
En la comparecencia solicitada al consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, el portavoz de NC-BC planteó que, por su dimensión económica, estos acuerdos extrajudiciales constituyen una de las “decisiones más relevantes” de la actual legislatura. Por ello, reclamó conocer “todos” los expedientes, las sentencias, las cantidades inicialmente reclamadas, las finalmente pactadas y el conjunto de documentos e informes que sustentan las decisiones adoptadas por el Ejecutivo.
Campos estructuró su intervención en tres cuestiones fundamentales. La primera fue desmontar el cuento sobre el origen de las indemnizaciones. El portavoz fue categórico al afirmar que es “absolutamente falso” que estén en las leyes de la moratoria de 2001 y las directrices de 2003 impulsadas durante el Gobierno presidido por Román Rodríguez.
Según explicó, las 36 sentencias que están detrás de los actuales acuerdos económicos derivan del artículo 17.1 de la ley 6/2009. “Todas, absolutamente todas, desde la primera hasta la última de las 36 sentencias y, por tanto, de las indemnizaciones, sin excepciones, derivan” de dicha legislación, recalcó.
Para Campos, aclarar este origen resulta especialmente importante porque atribuir las actuales indemnizaciones a las moratorias de 2001 y 2003 puede generar un grave equívoco en un debate que NC-BC considera esencial para Canarias. Se refería a la necesidad de establecer límites al crecimiento.
Por este motivo, distinguió entre las moratorias de 2001 y 2003, que no dieron lugar a indemnizaciones, “cero euros”, y la legislación de 2009. Recordó que las dos leyes permitieron desclasificar suelo con capacidad para unas 350.000 camas turísticas, cuando existía suelo clasificado para más de un millón de nuevas plazas. Citó expresamente el caso de las 20.000 camas de Veneguera, cuya desclasificación estuvo precedida por una histórica movilización ciudadana y ecologista.
“Los riesgos de las moratorias mal hechas son las que cuestan dinero (la de 2009)”, afirmó Campos. Defendió así, como segundo gran argumento, la necesidad de continuar avanzando en políticas que permitan poner límites al crecimiento y garantizar un futuro sostenible para Canarias.
El tercer eje de su intervención se centró en el resultado de la negociación del Gobierno de Clavijo con los promotores. Dejó claro que NC-BC no cuestiona que se haya negociado. “Nosotros no hemos dicho que fuera malo negociar, todo lo contrario; el problema es el resultado final”, afirmó ante la bancada gubernamental.
Ahí situó su principal crítica. El Ejecutivo de Clavijo, según denunció, no solo ha acordado el pago de unos 485 millones de euros, sino que además mantiene para los promotores los derechos urbanísticos sobre los terrenos.
“Esto no es un win-win, esto no es ganar. Esto es darles todo lo que le piden y además dejarles todos los derechos”, censuró. Resumió su valoración con contundencia al calificar el resultado como “una rendición absoluta”.
Para NC-BC, “no es un gran acuerdo para la defensa del interés general” y, especialmente, para la sostenibilidad del Archipiélago. Luis Campos cuestionó que pueda presentarse como un éxito una operación en la que, a su juicio, se entrega a los promotores la cantidad económica que reclaman y, además, se mantienen sus derechos urbanísticos sobre los terrenos.
El portavoz canarista exigió también al Gobierno que aclare las cifras “reales” de la operación. Dijo que inicialmente se habló de reclamaciones de hasta 1.000 millones de euros, posteriormente de unos 800 millones, después de 600 y finalmente de cerca de 500 millones de euros.
En su opinión, estas cifras hacen necesario revisar el discurso del Ejecutivo sobre el supuesto ahorro para las arcas públicas. “Ahora resulta que lo que se ha ahorrado la comunidad ya no son casi 500 millones, van a ser unos ciento y pico millones”, criticó.
Campos recordó, además, que durante la pasada legislatura se elaboraron informes jurídicos sobre las distintas parcelas y sus posibles indemnizaciones. En algunos casos, las cantidades reclamadas por los propietarios estaban “a años luz” de las que se desprendían de esos análisis jurídicos.
Este hecho refuerza, a su juicio, la necesidad de conocer en profundidad los acuerdos alcanzados y someterlos al máximo escrutinio parlamentario. “Transparencia absoluta”, volvió a reclamar.
Para NC-BC, la cuestión no consiste únicamente en determinar cuánto dinero público se va a pagar a los particulares, sino en saber qué obtiene Canarias a cambio y qué derechos urbanísticos se mantienen sobre los terrenos.
Luis Campos advirtió de que no permitirá que las consecuencias económicas de una legislación mal ejecutada se utilicen para cuestionar las políticas de contención del crecimiento. Reafirmó que NC-BC “no va a cejar en la defensa” de los límites al crecimiento y rechazó cualquier intento de presentar las moratorias como el problema.
“La responsabilidad no está en el origen, sino en quien no fue capaz de cumplir”, sentenció el también secretario general del nacionalismo progresista.