Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) acusó hoy al presidente del Gobierno de las dos derechas canarias (CC y el PP), Fernando Clavijo, con documentación de “mentir, engañar y tergiversar” sobre el origen de las indemnizaciones millonarias de las moratorias turísticas, “todas” vinculadas a la Ley 6/2009 del Ejecutivo de Paulino Rivero (CC) y José Manuel Soria (PP). Nueva Canarias-BC denunció una “manipulación” y una “trampa” de Clavijo al culpar al Gobierno de Román Rodríguez (de1999 a 2003) para desviar responsabilidades y desacreditar el debate instalado en la sociedad sobre los límites al crecimiento turístico. La formación nacionalista progresista exigirá toda la documentación de los acuerdos extrajudiciales alcanzados por Clavijo, que, según los datos conocidos hasta ahora, supondrían el pago de cerca de 500 millones de euros de dinero público, mientras los particulares conservarán sus parcelas y sus derechos urbanísticos. NC-BC califica estos acuerdos de “rendición absoluta y negocio redondo”.
En la rueda de prensa ofrecida hoy por el secretario general y la vicesecretaria general, Luis Campos y Carmen Hernández, con el secretario de Formación, Programas y Estrategias, Román Rodrñiguez, la diputada Esther González y el coordinador del grupo parlamentario de NC-BC, Fermín Delgado; el secretario general acusó a Clavijo, de “desviar la atención” sobre el origen de las indemnizaciones y de vincularlas “falsamente” con las moratorias de 2001 y 2003.
Luis Campos denunció la “trampa” de utilizar este asunto para intentar desacreditar cualquier debate sobre los límites al crecimiento turístico y, aún más grave, la “rendición” del Gobierno de CC y el PP en la negociación de las indemnizaciones.
Por la información conocida hasta ahora, dijo que dichos acuerdos supondrán que los particulares reciben las cantidades pactadas, mantienen los terrenos y conservan sus derechos urbanísticos. “Han dado todo lo que han pedido y, además, les han dejado los derechos urbanísticos sin tocar. Rendición absoluta por parte del Gobierno” de Clavijo, mantuvo el secretario general de NC-BC.
En 2001 y 2003, cero euros de indemnización
Román Rodríguez, presidente del Gobierno en la legislatura de 1999 y 2003, fue tajante al separar las moratorias de 2001 y 2003 de las actuales reclamaciones. Recordó que, durante el Gobierno que presidió, se aprobaron la Ley 6/2001 y la Ley 19/2003, que permitieron desclasificar alrededor de 300.000 camas, incluidas las 20.000 de Veneguera.
Aquellas normas fueron objeto de 14 reclamaciones judiciales. Tras los procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el Tribunal Supremo, “todas las sentencias definitivas dieron la razón al Gobierno de entonces”, indicó. La consecuencia económica fue “inequívoca”, añadió. De los 866,6 millones de euros reclamados, se indemnizaron “cero, cero euros. No hubo indemnizaciones”, recalcó Rodríguez.
Por ello, NC-BC acusó a Clavijo de “mentir” cuando relaciona aquellas moratorias con las actuales indemnizaciones. “Miente Clavijo y mienten sus voceros cuando tratan de asociar sentencias condenatorias a la moratoria 2001-2003”, afirmó Román Rodríguez.
Mostró el documento del grupo parlamentario de NC-BC en la actual legislatura, una respuesta del gabinete de Clavijo a una petición de información parlamentaria, en la que reconoce que las leyes de 2001 y 2003 “no generaron sentencias condenatorias indemnizatorias”. El origen, continuó Rodríguez, está en el artículo 17.1 de la Ley 6/2009, como también reconoce la citada respuesta gubernamental.
Un artículo 17.1 que Román Rodríguez calificó de “temerario”. Según explicó, se presentaron 54 solicitudes para acogerse a este mecanismo. La “falta de respuesta” de la Administración dio lugar posteriormente a procedimientos judiciales.
NC-BC calcula que se produjeron 39 sentencias favorables a los reclamantes por esta falta de respuesta, aunque tres de los expedientes no reunirían finalmente todos los requisitos. Hizo hincapié en que las sentencias “no fijaban” las cantidades reclamadas por los particulares. “Las cantidades indemnizatorias aparecen en la demanda, no en la sentencia”, remarcó.
Según los datos manejados por la organización nacionalista, los particulares reclamaron inicialmente 887 millones de euros, mientras que la Intervención General habría situado la cuantía reconocible en una cifra sustancialmente inferior.
Ganar por 10 a cero
El dirigente canarista calificó de “negocio redondo” la situación que se desprende de los datos conocidos. “En torno a 500 millones de dinero público, se quedan con las parcelas y se quedan con la edificabilidad”. A eso se le llama, usando un símil deportivo, “ganar por 10 a cero”, afirmó Román Rodríguez.
Campos y Rodríguez insistieron en que NC-BC quiere conocer todos los detalles antes de establecer conclusiones definitivas. Quién negoció, qué informes técnicos se utilizaron, qué cantidades reclamaba cada particular, qué valoraciones hizo la Administración y por qué se alcanzaron finalmente los acuerdos anunciados.
“La diferencia es abismal, en algunos casos es sideral porque dicen cero (informes del Gobierno) y han pagado millones”, denunció Rodríguez. Por ello, anunció que la formación llegará “hasta el final, pase lo que pase y caiga quien caiga”.
La denuncia al Parlamento
Luis Campos, en su condición también de portavoz parlamentario, anunció que preguntará a Clavijo en el pleno que comienza pasado mañana miércoles, y hará comparecer al responsable de Política Territorial, Manuel Miranda. En paralelo, se reclamará toda la documentación de los acuerdos por las vías disponibles en el Legislativo.
“Queremos conocer la negociación de cada uno de esos acuerdos”, señaló. El objetivo, explicó el diputado canarista, es aclarar si el gabinete de Clavijo defendió “adecuadamente el interés general y si existían alternativas” a los acuerdos alcanzados.
NC-BC reclamó “luz y taquígrafos”. Consideró que el Parlamento debe dedicar el tiempo necesario a analizar un asunto que afecta, según las cifras anunciadas por el propio Ejecutivo, a cientos de millones de euros de dinero público.
“No vamos a aceptar la trampa de que no se pueden poner límites al crecimiento”, subrayaron. El Gobierno de Clavijo, para Campos y Rodríguez, utiliza esta polémica tergiversada para transmitir que cualquier política de limitación del crecimiento turístico conduce inevitablemente a indemnizaciones millonarias. “Eso es mentira”, censuró Campos.
NC-BC reivindica las moratorias de 2001 y 2003 como prueba de que es posible limitar el crecimiento turístico defendiendo el interés general. “Se pueden hacer moratorias, bien hechas como la de 2001 y 2003. Se pueden hacer mal, como la de 2009. Pero se puede volver a hacer bien”, sostuvo Román Rodríguez.
La formación mantiene como una de sus prioridades políticas establecer límites al crecimiento turístico, impulsar moratorias insularizadas, desclasificar camas donde no tenga sentido continuar creciendo, avanzar hacia un modelo turístico sostenible y establecerla tasa turística.
“No podemos seguir así”, advirtió Rodríguez ante el incremento de la presión sobre el territorio, el agua, la energía, los aeropuertos, las carreteras, la sanidad y los servicios públicos.
Luis Campos se dirigió al jefe del Ejecutivo al advertir de que “no se puede engañar a la sociedad canaria, no se puede mentir. No vamos a callarnos”. NC-BC anunció que continuará reclamando toda la documentación y que, una vez analizados los expedientes, exigirá las responsabilidades políticas que correspondan.