La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Isla de Tenerife (ARMHT) ha expresado su rechazo por la nueva maniobra, esta vez por parte del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de Santa Cruz, para proteger el Monumento a Franco, tras el fracaso del intento de declarar BIC este elemento franquista.
“Nos parece lamentable que en pleno siglo XXI, a casi veinte años de la Ley de Memoria Histórica, y a nueve días de haber conmemorado el 90 aniversario del Golpe militar de 1936, se opte por atacar la memoria de los familiares de las víctimas que sufrieron la persecución y la muerte, usando todos los recursos para ello”, manifiesta su presidenta.
A la entidad de memoria le preocupa que el gobierno local de CC-PP haga seguidismo absoluto de las hipótesis y las estrategias de VOX. “En materia de memoria parece que, la voz cantante de la representación de los tinerfeños y tinerfeñas, quiere buscar tiempo para dilatar una retirada de una escultura de homenaje al dictador Francisco Franco”, asegura.
Recuerda que la entidad ya presentó alegaciones al expediente número 220/2026, relativo al Catálogo de protección de bienes patrimoniales de Santa Cruz de Tenerife, formulado por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y tal y como establecen las funciones recogidas en los estatutos de la entidad. Hoy recibieron por sorpresa la decisión del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de Santa Cruz de incluir el Monumento a Franco, que como tal no aparecía en el documento presentado a exposición pública.
Mercedes Pérez Schwartz, presidenta de la Asociación, recuerda que han solicitado que se proceda a finalizar el Catálogo canario de incumplimiento de elementos franquistas, que ya se registró inicialmente en 2021 y que ahora recoge los elementos de toda Canarias. “Por desgracia llevamos esperando por una cita solicitada a la consejería y por que nos den respuesta, como entidad presente en la comisión canaria, sin que se haya dado la menor respuesta”, asegura.
La entidad cree que resulta muy grave que las autoridades canarias asuman y mantengan postulados que en otros lugares son propios de la extrema derecha. Piden que se aborde la realidad de la memoria desde el respeto a las leyes que existen, como la propia ley canaria de 2018. Las familias de la víctima de la dictadura van a solicitar al Ministerio de Memoria una línea de acción que permita colaborar jurídicamente con las víctimas en el cumplimiento de la normativa de memoria, como vulneración de valores fundamentales. “Resulta escandaloso que quienes hemos perdido familiares, quienes hemos sufrido la persecución y el saqueo de bienes por la dictadura, no tengamos recursos para poder afrontar procesos judiciales que son más que necesarios, para evitar que decaigan en el caso de que la extrema derecha cumpla su promesa de defender la memoria de la dictadura, eliminando las leyes ya aprobadas democráticamente”, apostilla.