En Canarias, alrededor de 700.000 personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Cerca de una de cada tres. La tasa AROPE, el indicador utilizado por la Unión Europea para medir la pobreza y la exclusión social, se sitúa en el 31,2 %, mientras más de la mitad de la población reconoce tener dificultades para llegar a final de mes o afrontar gastos imprevistos. Son cifras suficientemente graves como para dejar de contemplarlas como una estadística recurrente, de esas que aparecen periódicamente en los medios, provocan unas horas de indignación y desaparecen hasta la publicación del siguiente informe.
La pobreza tiene rostro. Rostro de mujer, de niño, de mayor, de trabajador que cobra un salario insuficiente y de familias que, aún percibiendo ingresos, apenas consiguen atender sus necesidades ordinarias. Decenas de miles de niños crecen en hogares amenazados por la pobreza y una parte significativa de nuestros pensionistas recibe ingresos que apenas permiten sostener una vida digna. Mientras tanto, seguimos hablando de crecimiento económico, récords turísticos, creación de empleo y mejora de determinados indicadores. Quizá la pregunta no sea cuánto crece Canarias, sino cuántas personas participan realmente de ese crecimiento y cuántas permanecen, año tras año, exactamente en el mismo lugar.
La enorme distancia entre quienes más tienen y quienes apenas disponen de lo necesario, no debería resultar moralmente indiferente. Hay desigualdades que deben incomodar a cualquier sociedad decente. Pero reconocerlo no obliga a apelar a la lucha de clases ni a enfrentar a quienes tienen más con quienes tienen menos. Tampoco creo que la pobreza se resuelva señalando al que prospera, castigando el éxito o repartiendo culpabilidades colectivas. La riqueza creada de forma honesta, mediante el trabajo, la innovación, el ahorro o la inversión, no constituye un problema. De hecho, difícilmente podrá sostenerse un Estado del bienestar sólido, allí donde la actividad económica sea incapaz de generar los recursos que posteriormente habrán de redistribuirse.
Ésta es una cuestión que, a mi juicio, merece ser abordada con mayor serenidad. Antes de repartir riqueza, alguien tiene que haber contribuido a crearla. Puede parecer una afirmación elemental, pero con frecuencia desaparece del debate político. Los servicios públicos, las pensiones, la educación, la sanidad o las políticas sociales no nacen espontáneamente; dependen de una economía capaz de producir bienes, prestar servicios, generar empleo y recaudar impuestos. Cuando ese círculo se debilita, el propio Estado del bienestar comienza a resentirse.
Canarias ofrece un ejemplo especialmente claro. Nuestro archipiélago no dispone de grandes recursos minerales o energéticos cuya explotación permita financiar de forma extraordinaria el gasto público. Su principal patrimonio reside en el territorio, el clima, el paisaje, la estabilidad institucional, la capacidad de atraer visitantes y la iniciativa de quienes deciden invertir, emprender y desarrollar proyectos económicos. Ninguno de esos factores produce riqueza por sí solo. Todos necesitan organización, conocimiento, capital y personas dispuestas a asumir riesgos.
Resulta comprensible que quien invierte espere obtener una rentabilidad. Esa expectativa forma parte del funcionamiento normal de cualquier economía. Lo relevante es que esa inversión, cuando se desarrolla dentro de un marco jurídico estable y respetando las reglas comunes, produce efectos que trascienden al propio inversor: crea empleo, demanda bienes y servicios, impulsa nuevas actividades y contribuye, mediante impuestos y cotizaciones, a financiar el conjunto de las políticas públicas. Un territorio que aspire a sostener un amplio Estado del bienestar no puede permitirse despreciar sistemáticamente a quienes contribuyen a generar la riqueza de la que, después, depende ese mismo sistema.
Eso no significa aceptar cualquier modelo económico ni renunciar al papel del Estado. Al contrario. El mercado genera oportunidades, pero también desigualdades que requieren corrección. El Estado debe garantizar que nadie quede abandonado cuando la enfermedad, la discapacidad, la edad, la pérdida del empleo o cualquier otra circunstancia impidan desarrollar un proyecto de vida autónomo. Esa función protectora constituye una de las mayores conquistas de nuestras sociedades y difícilmente podría ponerse en cuestión. Lo importante es comprender que la protección y la creación de riqueza no son objetivos incompatibles, sino mutuamente dependientes. Un Estado fuerte necesita una economía dinámica, y una economía dinámica necesita instituciones estables capaces de ofrecer seguridad jurídica, infraestructuras, educación y cohesión social.
Desde esta perspectiva, el verdadero debate no consiste en elegir entre mercado o Estado, sino en encontrar un equilibrio que permita a ambos cumplir adecuadamente su función. Una economía incapaz de generar riqueza termina debilitando las políticas sociales. Un Estado que desincentive sistemáticamente la iniciativa privada acaba reduciendo la base económica sobre la que descansa su capacidad redistributiva. Del mismo modo, un mercado que ignore las situaciones de vulnerabilidad terminará produciendo fracturas sociales incompatibles con una convivencia estable. La cuestión no es optar por uno u otro modelo, sino conseguir que ambos se refuercen mutuamente.
Es precisamente en este punto donde la pobreza deja de ser únicamente un problema económico para convertirse también en un desafío político y moral. Proteger a quien no puede sostenerse por sí mismo constituye una obligación ineludible. Una sociedad se define, en buena medida, por la forma en que trata a quienes atraviesan mayores dificultades. Sin embargo, esa afirmación conduce inmediatamente a otra pregunta menos frecuente: ¿todas las situaciones de pobreza requieren exactamente la misma respuesta?
Probablemente no. Existen personas cuya situación exigirá una protección permanente, porque su edad, su estado de salud o sus circunstancias personales hacen imposible cualquier otra alternativa. Pero también existen muchas otras cuya dificultad puede ser transitoria o reversible si reciben el apoyo adecuado. Confundir ambas realidades conduce a diseñar políticas homogéneas para problemas profundamente distintos. La consecuencia suele ser una utilización menos eficiente de los recursos públicos y, sobre todo, la pérdida de oportunidades para quienes podrían recuperar progresivamente su autonomía.
No planteo esta reflexión desde el rechazo a las ayudas públicas. Sería una conclusión profundamente equivocada. Un servicio funerario, un viaje, un electrodoméstico, un servicio sanitario, unas gafas o lentillas, un panel solar, las becas educativas, los libros escolares, determinadas ayudas al alquiler, las políticas de dependencia o muchas prestaciones destinadas a atender situaciones excepcionales, cumplen una función imprescindible y, en numerosos casos, representan auténticas inversiones sociales, si sólo se distribuyen entre quienes realmente lo necesitan. La cuestión no reside en su existencia, sino en el objetivo que persiguen y en la forma de evaluar sus resultados.
Una política social no debería limitarse a comprobar cuántas ayudas se han concedido, sino a preguntarse, también, cuántas personas de las que realmente necesitaban la ayuda, han mejorado realmente su situación gracias a ellas. En ningún caso, debieran recibir una ayuda quienes no demuestren necesitarla justificada y razonadamente, evitando así cualquier uso político indiscriminado que busque gratificar el apoyo y la fidelidad electoral. Siempre se debe poder distinguir entre una ayuda que protege una necesidad inevitable y otra que, en el mejor de los casos y siendo bienintencionados, sólo termine prolongando una dependencia que, quizás, podría haberse reducido.
Esa diferencia, aparentemente sutil, condiciona el resto del debate. Porque una sociedad que únicamente aspire a aliviar las consecuencias de la pobreza corre el riesgo de acostumbrarse a convivir con ella. En cambio, una sociedad que se proponga reducir progresivamente el número de personas que dependen de la ayuda pública necesitará orientar una parte importante de sus esfuerzos hacia la formación, la capacitación, el acompañamiento y la creación de oportunidades reales de incorporación a la actividad económica. No se trata de sustituir unas políticas por otras, sino de equilibrarlas y de comprender que la protección constituye el punto de partida, pero difícilmente puede convertirse en el único horizonte de una política social moderna.
La cuestión adquiere una dimensión diferente cuando la intervención pública se dirige a personas que, con el apoyo adecuado, podrían recuperar progresivamente su autonomía. En esos casos, la finalidad de la política social no debería limitarse a aliviar una necesidad inmediata, sino a crear las condiciones para que esa necesidad disminuya con el tiempo. Proteger sigue siendo imprescindible, pero la protección alcanza todo su sentido cuando también abre un camino hacia la independencia personal. Si la ayuda consigue que quien la recibe disponga de mayores capacidades, mejores oportunidades y una posición más sólida para desenvolverse por sí mismo, habrá cumplido plenamente su función. Si, por el contrario, después de años de intervención pública la situación permanece prácticamente inalterada, resulta razonable preguntarse si estamos actuando sobre las causas del problema o únicamente administrando sus consecuencias.
Esta reflexión obliga también a revisar el modo en que solemos valorar las políticas sociales. Con frecuencia se presentan como un éxito por el número de prestaciones concedidas, por el volumen de recursos distribuidos o por la amplitud de los colectivos atendidos. Todos esos datos tienen interés, pero ninguno responde a la pregunta esencial: cuántas personas han conseguido dejar de necesitar esa ayuda gracias a ella. Una política pública debería aspirar, siempre que sea posible, a reducir progresivamente el número de ciudadanos que dependen de su intervención. Si ese objetivo desaparece, existe el riesgo de que el sistema termine evaluando su eficacia por la capacidad de mantener indefinidamente una situación que precisamente pretendía corregir.
En este punto aparece otra cuestión que merece una reflexión serena. La necesidad nunca debería convertirse en un escenario ventajista para la política. Los recursos destinados a combatir la pobreza pertenecen a toda la sociedad y proceden del esfuerzo de los trabajadores, profesionales, empresarios y contribuyentes. Quien ocupa una responsabilidad pública tiene el deber de administrarlos con transparencia, eficacia y sentido del interés general. Cuando determinadas ayudas se presentan como una concesión personal de quien gobierna o se utilizan para reforzar vínculos de dependencia política, se debilita la confianza en las instituciones y se desvirtúa el sentido mismo del Estado del bienestar, que deja de percibirse como un derecho colectivo, para aproximarse peligrosamente a una relación de favor.
Pero la responsabilidad no corresponde únicamente a las administraciones. También alcanza, en la medida de sus posibilidades, a quienes reciben el apoyo de la sociedad. Esta afirmación exige una precisión importante. Nadie debería reclamar esfuerzos imposibles a quien no puede realizarlos. La enfermedad, la discapacidad, la edad o determinadas circunstancias personales justifican plenamente una protección continuada. Sin embargo, cuando una persona dispone de capacidad para formarse, trabajar o desarrollar una actividad productiva, la sociedad también puede esperar que participe activamente en ese proceso. No como una contraprestación impuesta, sino como parte del compromiso compartido que hace sostenible el propio sistema de solidaridad.
Quizás uno de los mayores riesgos de algunas políticas sociales sea tratar de forma permanente a personas adultas como si, únicamente, fueran beneficiarias de ayudas. Con frecuencia se les explica con detalle qué pueden recibir, pero mucho menos qué oportunidades pueden construir o qué instrumentos tienen a su alcance para recuperar autonomía. Proteger no debería significar sustituir la iniciativa personal, sino reforzarla allí donde resulte posible. La ayuda debe acompañar, no reemplazar el proyecto de vida de quien la recibe.
Llegados a este punto surge una pregunta inevitable. Si una parte de la pobreza puede revertirse, ¿por qué no se hace con mayor intensidad? La respuesta no es sencilla. Diseñar itinerarios personalizados exige coordinación administrativa, profesionales cualificados, seguimiento y evaluación. Todo ello resulta bastante más complejo que conceder una prestación económica. Además, los resultados suelen apreciarse a medio o largo plazo, mientras que la acción política trabaja con frecuencia condicionada por horizontes temporales mucho más breves. Es más fácil mostrar una ayuda concedida que demostrar, años después, que una persona ha conseguido recuperar plenamente su autonomía gracias a un proceso de acompañamiento.
A ello se añade una organización administrativa que, en ocasiones, fragmenta la respuesta pública. Servicios Sociales atiende la necesidad inmediata; Empleo desarrolla programas de inserción; Educación impulsa la formación; Agricultura, Industria o Turismo gestionan sus propios instrumentos de apoyo; los ayuntamientos conocen de cerca la realidad social de sus vecinos y los cabildos disponen de competencias relevantes en desarrollo local. Cada uno actúa desde su ámbito, pero pocas veces todas esas actuaciones se articulan alrededor de un mismo proyecto personal. El resultado es que los procedimientos avanzan, mientras muchas personas continúan atrapadas en la misma situación que motivó la intervención inicial.
Precisamente por esa razón convendría aprovechar mejor los periodos de crecimiento económico. Las fases de expansión ofrecen condiciones mucho más favorables para reducir la pobreza estructural que las etapas de crisis. Cuando aumenta la inversión, se crean nuevas empresas, crece el empleo y las administraciones disponen de mayores recursos, resulta más sencillo formar, acompañar e incorporar a quienes pueden desarrollar una actividad productiva. Esperar a las épocas de dificultad para intentar resolver estos problemas significa actuar cuando las oportunidades son menores y los recursos más escasos. La reversibilidad de determinadas situaciones de pobreza encuentra su mejor contexto cuando sopla el viento a favor, no cuando toda la economía lucha simplemente por resistir.
La agricultura puede ilustrar esta idea con especial claridad, aunque no constituye la única alternativa. Mientras muchas fincas están abandonadas y numerosas explotaciones agrarias desaparecen, por falta de relevo generacional o por falta de personal que las trabaje, existen personas que buscan una oportunidad estable de empleo o de emprendimiento. No todas encontrarán en el sector agrario su futuro, pero tampoco todas lo encontrarán en la hostelería, el comercio o la construcción. Lo relevante no es el sector concreto, sino la lógica de la propuesta: identificar capacidades, ofrecer formación práctica, acompañar durante el proceso de incorporación, reducir los riesgos iniciales y facilitar una transición gradual desde la dependencia hacia la autonomía económica. Ese mismo planteamiento podría aplicarse a muchos otros ámbitos donde existan necesidades productivas y posibilidades reales de inserción.
Las administraciones disponen ya de buena parte de los instrumentos necesarios para impulsar un cambio de enfoque. Los ayuntamientos pueden identificar personas y necesidades; los cabildos coordinar políticas de empleo, desarrollo rural y formación; el Gobierno de Canarias integrar las actuaciones de carácter social, educativo y laboral; y el Estado adaptar los mecanismos que faciliten la compatibilidad temporal entre determinadas prestaciones y la incorporación progresiva al trabajo. Más que crear nuevas estructuras, quizá convenga coordinar mejor las existentes y fijar un objetivo común: que la política social se mida también por el número de personas que consiguen recuperar su autonomía.
Ésa es, probablemente, la cuestión de fondo. El verdadero éxito de una sociedad no consiste únicamente en proteger con dignidad a quienes nunca podrán valerse por sí mismos, sino también en evitar que otras personas permanezcan innecesariamente atrapadas en una situación de dependencia cuando existen posibilidades razonables de revertirla. La solidaridad seguirá siendo imprescindible mientras exista necesidad, pero alcanzará plenamente su finalidad cuando, allí donde resulte posible, contribuya a que cada vez menos ciudadanos necesiten vivir permanentemente de ella.
Quizás nunca logremos erradicar completamente la pobreza. Siempre existirán circunstancias que exigirán una respuesta colectiva y una protección continuada. Sin embargo, aceptar esa realidad no debería resignarnos frente a toda forma de vulnerabilidad. La verdadera ambición de una política social moderna debería consistir en distinguir, con claridad, aquello que sólo puede aliviarse de aquello que también puede transformarse. Si conseguimos avanzar en esa dirección, no habremos reducido únicamente el número de prestaciones necesarias; habremos ampliado, sobre todo, el número de personas capaces de desarrollar un proyecto de vida más libre, más autónomo y más digno, que, en definitiva, es la forma más exigente y también la más valiosa de entender la solidaridad.
@JulioMora60
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