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Las políticas de contratación de las administraciones llevan a los vigilantes de seguridad a la perdida de sus puestos de trabajo

El constante recorte en los precios de adjudicación de los servicios de seguridad privada dependientes de la contratación pública ha llevado a la pérdida de su empleo a miles de vigilantes de seguridad privada en nuestro país en los últimos años.

Desde el Sindicato Federal de Seguridad Privada de FESMCUGT se ha venido denunciando ante ámbitos políticos de este país, las nefastas políticas de contratación de servicios de seguridad privada impulsada desde las administraciones públicas y donde los distintos Gobiernos con competencias en materia de contratación siguen siendo cómplices del deterioro de la profesión.

Contratos públicos cuyo único objetivo es abaratar costes, sitúan a lo largo del territorio nacional el crecimiento de empresas de seguridad de bajo perfil cuyo principal cliente es la administración pública, para posteriormente dejar de abonar las nóminas a las personas trabajadoras y mediante presentación de concursos traspasar sus deudas con hacienda y seguridad social a la misma administración que masivamente los convirtió en sus proveedores de seguridad sin ningún criterio objetivo de solvencia empresarial, calidad en sus servicios ni compromiso con el empleo de sus trabajadores y trabajadoras.

Mersant empresa adjudicataria de los servicios de seguridad privada dispuestos en dependencias municipales del ayuntamiento de Cádiz, no abona la nómina de setenta vigilantes de seguridad sumándose a una larga lista de empresas contratadas por las distintas administraciones públicas en nuestro país que iniciaron el abandono de los trabajadores de seguridad privada en idéntica dirección hasta situarlos en el desempleo.

Desde el Sindicato Federal de Seguridad Privada de FESMCUGT se ha vuelto a insistir ante responsables del Ministerio de Interior del necesario cambio de modelo que debe implementarse en un sector que como el de seguridad privada es contratado por las administraciones  públicas en lugares estratégicos y que debe potenciar en sus adjudicaciones de servicios criterios de calidad, precios que no distorsionen la realidad del mercado y un tejido empresarial más comprometido con las políticas de estabilidad en el empleo .

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