Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, puede llevarse su empresa al país que considere oportuno. Pero, por favor, no nos dé lecciones de patriotismo
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La mayor sanción, el año pasado, fue de 40,4 millones, “por alterar durante más de 25 años” miles de licitaciones junto a las otras cinco grandes del sector mediante un grupo ilegal del que fue socio fundador
El presidente anuncia que el Ejecutivo analizará si el traslado de Ferrovial «corresponde con la legalidad» y carga contra su presidente: asegura que hay «grandes empresarios comprometidos con su país» pero que «no es el caso del señor Del Pino».
El Gobierno remarca que la “seguridad jurídica” española es mayor incluso que la de EEUU y no cree que se pueda paralizar el movimiento empresarial pero tampoco que se vaya a producir un “efecto contagio”