El casamiento civil fue el primero de su tipo en la oriental provincia de Las Tunas, una de las quince que conforman este país insular caribeño.

«Se ha dado un paso de avance en la sociedad… hemos recibido apoyo y muchísimas personas han compartido esa alegría con nosotros. Tenemos la satisfacción de haber concretado algo que queríamos», sostuvo Cubas en diálogo con IPS desde Las Tunas, la capital provincial, a 610 kilómetros al este de La Habana.

Este país con un sistema político socialista se convirtió en el número 34 en admitir los matrimonios y uniones legales de parejas homoafectivas, a partir de la aprobación en referendo, el 25 de septiembre, del Código de las Familias.

La ley sustituyó a su predecesora de 1975, e incorporó, entre múltiples derechos, la adopción para parejas del mismo género y la gestación solidaria, como se denomina aquí la subrogada por ser altruista y estar prohibida la compensación económica.

A partir de los principios de igualdad y no discriminación que ampara desde 2019 la Constitución, la norma reconoce la pluralidad de formas que pueden adquirir las familias -conceptualizadas como célula básica de la sociedad-, y el derecho de todas las personas a formar una.

Datos oficiales confirman que 75 parejas del mismo género contrajeron matrimonio en la isla durante el primer mes de avalado el Código, 2,27 por ciento de las alrededor de 3300 nupcias efectuadas en el mismo periodo.

«Se trata de otro peldaño escalado en la larga escalera hacia una sociedad más equitativa, que no igualitaria», consideró Yennys Hernández cuando IPS preguntó si consideraba que se había hecho justicia después de décadas de luchas y activismo para la afirmación de derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales y queer (LGBTIQ).

Una de las principales críticas para la aprobación del Código vino justamente de personas LGBTIQ y actores civiles, al deplorar que derechos humanos fueran sometidos primero a consulta popular y luego a plebiscito.

El gobierno y autoridades jurídicas sostuvieron que no se estaba consultando sobre los derechos de un grupo en específico, sino que se optó por escuchar y tener en cuenta la mayor cantidad de criterios para disponer de una ley más inclusiva, dada su trascendencia.

Ampliar derechos

Hernández, profesora y química de profesión, se casó el 21 de octubre con la escritora y activista Annery Rivera. Ambas residen en la ciudad de Matanzas, 89 kilómetros al este de La Habana.

Los trámites para el casamiento, refirió Hernández, discurrieron «sin problemas, objeciones ni contratiempos» en el Registro Civil del capitalino municipio de Centro Habana, «donde ya se han celebrado varios matrimonios entre personas del mismo sexo y quizá por eso el proceso fue rápido».

El Código de las Familias define el matrimonio como «la unión voluntariamente concertada de dos personas con aptitud legal para ello, con el fin de hacer vida en común, sobre la base del afecto, el amor y el respeto mutuos».

«Tampoco tuvimos errores en la certificación de matrimonio, como le ha pasado a otras parejas. La nuestra dice dos veces datos de la cónyuge», acotó.

En contraste, Cubas enumeró las múltiples gestiones que debió hacer antes de la firma en la notaría, «desde llamadas al Ministerio de Justicia para preguntar sobre el modelo oficial para emitir la certificación de matrimonio, hasta recibirla por vía digital, imprimirla y llevarla nosotros mismo al Registro Civil para que nos la llenaran».

Hernández resaltó que casada con Rivera «se garantiza los efectos civiles (también en caso de divorcio), el disfrute de derechos en el orden patrimonial, la posibilidad de acogerse a pensiones, licencias y otros beneficios de la Seguridad Social, así como acceder a las técnicas de reproducción asistida o a la adopción». Nada de esto era posible con anterioridad.

El 28 de octubre, la Gaceta Oficial publicó la resolución 1151 del Ministerio de Salud Pública sobre el Reglamento de la reproducción asistida en seres humanos.

En el artículo 21 la resolución aclara que podrán beneficiarse de la gestación solidaria mujeres a quienes una causa médica les impida la gestación, integrantes de parejas homoafectivas masculinas y hombres solos, mientras que los tratamientos, procederes y técnicas correspondientes requerirán, de forma previa, autorización judicial.

Nuevas disposiciones legales deben ver la luz en semanas y meses venideros para materializar y complementar el contenido del Código.

Además de saldar una deuda histórica y ser coherente con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, muchos valoran de revolucionario que dos hombres o mujeres contraigan nupcias o adopten un niño o niña en el país.

Ello porque aquí en la década de los años setenta, se establecieron parámetros –la llamada «parametración»-, que vedaron el empleo en la educación y la cultura a personas con sexualidades no heteronormativas.

Otro periodo sombrío de la historia nacional reciente fueron las Unidades Militares de Apoyo a la Producción (Umap), campos de trabajo a los que fueron enviados de 1965 a 1968 unos 25.000 hombres, entre ellos homosexuales y creyentes considerados por las autoridades de entonces «desviados» o «lacras sociales» que debían ser «reformados».

Las Umap fueron disueltas por decisión del propio gobierno en junio de 1968.

Continuar la educación ciudadana

Desde 2008, el estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) y sus redes de activismo en el país organizan en mayo la Jornada Cubana contra la Homofobia, la Transfobia y Bifobia, que incluyen paneles científicos, charlas en centros educativos, y ferias comunitarias para la promoción de salud, entre otras.

Para activistas, estas iniciativas han contribuido a sensibilizar a la ciudadanía en el respeto a la diversidad sexual y la igualdad de género, en una nación de arraigada cultura machista.

La agenda proderechos también recibió el empuje de proyectos civiles, plataformas y medios de comunicación no reconocidos oficialmente que, además de mostrar las realidades de la comunidad LGBTIQ, abogan por aumentar sus protecciones jurídicas, inclusión y empoderamiento ante el avance en espacios públicos y redes sociales virtuales de posturas antiderechos y fundamentalistas.

Pese a estar aprobado, el matrimonio igualitario y otros contenidos del Código de las Familias «requerirán una continua formación educativa de la sociedad», apuntó Yoelkis Torres, coordinador del proyecto sociocultural AfroAtenAs, que sobresale por su activismo comunitario y a favor de los derechos humanos en la occidental ciudad de Matanzas.

Al conversar con IPS desde el Callejón de las Tradiciones, donde se ubica la organización en esa urbe, Torres recordó que el Ministerio de Educación mantiene postergada la implementación de la resolución 16, de febrero de 2021, que aprobó el Programa de educación integral en sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos en el sistema nacional de enseñanza.

En septiembre de 2021, activistas y ciudadanos solicitaron a las autoridades ministeriales auxiliarse de teleclases, software educativos y otras vías creativas, tras informarse que la resolución quedaba aplazada «hasta tanto estén creadas las condiciones necesarias».

Si bien Cuba es un país laico, muchos leyeron en la decisión una manera de no irritar previo a los debates y aprobación del Código de las Familias a integrantes de algunas iglesias que atribuyeron un supuesto impacto negativo en el bienestar de niñas, niños y adolescentes si se aplica la norma.

Para Torres es importante actualizar los contenidos «para que nuestras escuelas se distingan por una educación inclusiva y contribuyan a una sociedad plural libre de estigmas y discriminación, porque la sociedad patriarcal persiste».

Otras recomendaciones apuntan a educar con un enfoque de género a todos los profesionales en formación para sus futuras labores.

También se exhorta a una adecuada representación en los medios, sobre todo en los audiovisuales, y mostrar más historias de personas LGBTIQ desde enfoques enaltecedores.

Al trabajo durante décadas de instituciones y centros académicos, se sumaron recientes políticas públicas para fomentar la inclusión.

En marzo de 2021 entró en vigor el Programa para el Adelanto de la Mujer, que promueve la equidad, la eliminación de la violencia basada en el género y la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, mientras que en diciembre del propio año el Acuerdo 9231 del Consejo de Ministros estableció la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar.

Si bien el matrimonio nació como una institución heterosexual, «saber que puedes casarte o no, que no lo tienes prohibido, es algo satisfactorio, tras años de lucha, activismo, sacrificios y sensaciones inconclusas y de dolor», argumentó Torres quien prepara su boda para los primeros días de diciembre.

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