Los sindicatos trasladan al Gobierno canario su rechazo a la retirada del tacógrafo

Los sindicatos más representativos de Canarias —Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO), UGT Canarias e Intersindical Canaria— trasladaron este martes al Gobierno canario su unánime posición contraria a la retirada o modificación del tacógrafo en las islas, una medida que piden los empresarios del sector.

En la reunión mantenida con el consejero de Transportes, Sebastián Franquis, y con el director general de Transportes del Gobierno canario, Manuel Hernández Dámaso, los representantes del Ejecutivo canario escucharon con atención los distintos argumentos ofrecidos por los sindicatos respecto a la necesidad de seguir aplicando la normativa del tacógrafo en su integridad.

Asimismo, los representantes de los trabajadores no han mostrado inconveniente en abordar este asunto en una nueva reunión de todas las partes, a condición de que en la misma se aborde la solicitud por parte de las tres organizaciones de que el Gobierno de Canarias eleve al Gobierno central la necesidad de retirar el Decreto promulgado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014, que vino a empeorar, de forma muy sustancial, los tiempos de trabajo y descanso para las personas trabajadoras del transporte en Baleares y Canarias. Tanto Franquis como Hernández Dámaso no han mostrado ninguna objeción a abordar este asunto.

Los sindicatos han vuelto a reiterar que el tacógrafo es un instrumento imprescindible para garantizar la seguridad vial y los excesos de jornada, recordando al Gobierno canario que el hecho de que en Canarias se realicen trayectos cortos no disminuye la peligrosidad si se abre la puerta a las largas jornadas y el incumplimiento de los tiempos de conducción y descanso: en distancias cortas se pueden conducir muchas horas.

Retirar el decreto de Rajoy

Los sindicatos explicaron a los representantes del Gobierno canario la conveniencia de trabajar para derogar el Real Decreto promulgado por Rajoy en 2014 a instancias la patronal del transporte de Canarias con el beneplácito del anterior Gobierno canario presidido por Fernando Clavijo, que regaló a los empresarios canarios la posibilidad de reducir todos los días del año el descanso entre jornadas a 8 horas diarias, mientras que en el resto de Europa este descanso debe ser de un mínimo de 11 horas solo reducible a 9 horas un máximo de 3 días a la semana, siempre que en esa semana se hayan disfrutado los descansos semanales completos anterior y posterior.

Los sindicatos emplazan ahora al gobierno progresista de Ángel Víctor Torres a que acabe con los abusos que propició el anterior gobierno conservador de Canarias, ya que consideran que en nada influyen que las distancias sean más cortas para que en Canarias se trabajen más horas y se disfrute de un menor tiempo de descanso entre jornadas.

Paro del transporte escolar

En la reunión, los tres sindicatos coincidieron en condenar que los empresarios del transporte discrecional incumplieran por completo el servicio público del transporte escolar durante el paro patronal del pasado 9 de enero. Recuerdan que, en caso de convocatoria de huelga, los trabajadores deben cumplir con servicios mínimos que hagan convivir el derecho al conflicto laboral con el derecho a la movilidad de la ciudadanía, algo mucho más sensible cuando se trata del transporte escolar. Por este motivo, los sindicatos han solicitado al Gobierno canario que emplee la misma dureza contra los empresarios que incumplieron su contrato de concesión de servicio público que la que se hubiera aplicado contra los sindicatos que hubieran promovido un incumplimiento generalizado de los servicios mínimos durante una huelga.

Los representantes de FSC-CCOO, UGT e IC consideran que el deprecio a la ciudadanía canaria y a las familias, por parte de los empresarios del transporte, no puede quedar impune, máxime cuando se pide a la sociedad canaria que haga un esfuerzo para mantener las exenciones a los impuestos del combustible profesional. Los sindicatos señalan la falta de autoridad moral de los empresarios del transporte cuando piden esfuerzos económicos a las arcas públicas y, al mismo tiempo, mantienen bloqueados los convenios colectivos del transporte discrecional de viajeros y mercancías desde hace más de 12 años con los salarios congelados.

Un dispositivo en vigor en toda Europa

CCOO, UGT e IC recuerdan que el tacógrafo es un dispositivo asumido con normalidad en toda Europa y en todo el Estado español para el control de la jornada y los tiempos de conducción y descanso de los conductores. Mientras que en el resto de Europa se usa desde los años 80, en Canarias, incomprensiblemente, no entró en vigor hasta el 2010. Durante el tiempo que no existió esa herramienta, las jornadas laborales eran larguísimas, porque no podían ser controladas, por la falta de un dispositivo normalizado. Eso explica que su puesta en marcha se haya traducido en una importante cantidad de sanciones hacia las empresas. Pero la culpa, indican los sindicatos, no es del tacógrafo, sino de los abusos de la jornada.

Sin embargo, los empresarios alegan que las multan obedecen a que los conductores de Canarias se equivocan en la utilización del tacógrafo, lo cual es, para los tres sindicatos, “un insulto pueril e intolerable”. Lo que sucede es que se asignan cargas de trabajo que sobrepasan los tiempos de trabajo en detrimento de los descansos legalmente establecidos.

La correcta interpretación del Reglamento Europeo

Por otra parte, los representantes de los trabajadores recuerdan a la patronal del transporte que, si bien el Reglamento Europeo permite eximir del tacógrafo en las islas con un territorio inferir a  2.300 kilómetros cuadrados, no es menos cierto que ese mismo Reglamento vincula esa exención a “mejorar las condiciones de trabajo y seguridad vial, las prácticas de control y aplicación, así como las prácticas laboralesen el sector del transporte por carretera”. Sin embargo, la retirada del tacógrafo en Canarias en nada contribuiría a mejor esos principios sino, muy al contrario, a vulnerarlos y a generalizar el abuso a los trabajadores de forma impune sin mecanismo de control.

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