Las cárceles canarias no registran ningún caso de coronavirus entre los internos recluidos en los penales de las islas

ACAIP, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de II.PP, sindicato mayoritario entre los trabajadores penitenciarios de la provincia y del Sector de Instituciones Penitenciarias, afiliado a la Unión General de Trabajadores, les comunica que

A día de hoy, 29 de abril, no se registra ningún caso de contagio por Covid-19 entre las más de tres mil trescientas personas privadas de libertad recluidas en los cinco penales y dos Centros de Inserción Social ubicados en las islas. Esto se debe al moderado nivel de contagio que padece la comunidad autónoma y al seguimiento estricto por parte de trabajadores e internos del protocolo de prevención establecido por las direcciones de los establecimientos penitenciarios. Igualmente, de los más de mil trescientos cuarenta trabajadores penitenciarios sólo cuatro funcionarios han enfermado de coronavirus y siempre por contagio fuera del ámbito laboral sin contacto con la población reclusa.

Aislamiento provisional de los nuevos ingresos y escasez de drogas

El protocolo de prevención de Instituciones Penitenciarias dicta la cuarentena obligatoria durante catorce días de todas las personas que ingresan de forma reciente en prisión, con salida al patio de dos horas diarias. Esta medida busca paliar el carácter asintomático de la enfermedad y su posible expansión en el interior de los recintos. Se produce de este modo un doble confinamiento ya que los internos son aislados también de otros internos con los que comparten departamento pero que no entraron el mismo día en el centro penitenciario. A modo de ejemplo en la prisión de Salto del Negro hay treinta y ocho internos que guardan cuarentena en el módulo de Ingresos.

Entre estas medidas preventivas, la Secr. Gral ha suspendido las comunicaciones físicas entre los internos y sus familiares, los permisos de salida y la entrada de paquetes. Esta suspensión cierra las vías habituales de entrada de sustancias y objetos prohibidos a las cárceles y es el origen del incidente del pasado viernes cuando dos personas arrojan desde el exterior de Salto del Negro droga y teléfonos móviles.

Denuncia ante Inspección de Trabajo, solicitud al Cabildo de Gran Canaria y ausencia de test rápidos

A pesar de estos datos positivos, la escasez y la mala calidad de los medios preventivos de protección proporcionados por la Administración Penitenciaria han motivado la presentación por parte de este sindicato de una denuncia ante la Inspección de Trabajo de Lanzarote al considerar que la dirección del Centro Penitenciario de Tahíche no ha adoptado las disposiciones generales que en materia de prevención sí han dispuesto otros centros: entrega de mascarillas contra elementos infecciosos que imposibilitan el contagio con casos probables en los módulos de Enfermería e Ingresos, medición de la temperatura corporal a la plantilla así como limpieza y desinfección con alfombrillas desinfectantes a la entrada del centro, organización de brigadas específicas de desinfección compuestas por internos y la entrega de una mascarilla que debe durar treinta y ocho horas de trabajo casi continuado a pesar de estar recomendada su renovación a las cuatro horas de uso.

Esta falta de reposición de mascarillas, común a todos los centros de las islas, ha motivado que este representación sindical solicite al Cabildo de Gran Canaria la donación de seiscientas mascarillas ante los oídos sordos que en materia de elementos de protección ha demostrado el Ministerio del Interior.

Los trabajadores penitenciarios seguimos reclamando a la Consejería de Sanidad y a la Delegación del Gobierno que nos realicen la pruebas serológicas de detección rápida del SARD-COV-2 a todos los miembros de las plantillas de las cárceles canarias. A día de hoy únicamente las direcciones de los centros de El Rosario en Tenerife y la de Juan Grande en Gran Canaria ponen a disposición de sus trabajadores la realización de estos test probatorios, viéndose privados el resto de trabajadores de la realización de una prueba diagnóstica que nos permitiría aumentar la protección y la salud de todas las personas recluidas en los centros penitenciarios canarios.

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