La PMP reclama a la ministra de Política Territorial una digitalización de los servicios públicos y privados más respetuosa con los derechos de las personas mayores

  • El encuentro de la PMP con la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se enmarca en su campaña de interlocución con las administraciones públicas con el objetivo de hacer valer los derechos de las personas mayores y las personas con discapacidad mayores ante la creciente y brusca digitalización de numerosos servicios públicos y privados.
  • La Plataforma ha trasladado su “preocupación” por los problemas de exclusión de colectivos vulnerables que produce la creciente digitalización de la sociedad, en cualquiera de sus ámbitos, pero especialmente en cuanto a los servicios prestados por las administraciones, debido a las deficiencias de los portales públicos en términos de accesibilidad, usabilidad y estándares técnicos.
  • También ha reclamado durante el encuentro la necesidad de un “periodo de transición” que permita la coexistencia de la atención presencial y los servicios digitalizados, aunque sea temporalmente; además de la puesta en marcha de planes específicos de formación para garantizar la inclusión digital de las personas mayores, especialmente en el medio rural.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), el movimiento más representativo a nivel estatal (con 15.079 asociaciones y más de 5.746.000 afiliados) para la defensa de los derechos de las personas mayores y pensionistas ante los poderes públicos, privados y el conjunto de la sociedad, ha trasladado durante un encuentro con la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, su preocupación por la brecha digital que produce la creciente digitalización de la sociedad en todos los ámbitos, al tiempo que ha reclamado que dicho proceso de transformación digital, “aunque sea inevitable”, debe producirse “de forma respetuosa” con los derechos individuales y colectivos, en especial con los derechos de los colectivos más vulnerables como son las personas mayores y las personas con discapacidad mayores.

Así, la PMP ha recordado a Isabel Rodríguez la necesidad de un “periodo de transición” que permita, aunque sea temporalmente, la coexistencia del acceso a los servicios de manera online y mediante atención personal, dado que siempre quedará un sector de la población no “digitalizado” por incapacidad, condicionantes o por decisión personal, que tiene derecho a acceder a servicios públicos y privados en igualdad de condiciones que quienes acceden por medios digitales.

Por otro lado, la Plataforma también ha trasladado su especial preocupación por las deficiencias de los portales públicos en términos de accesibilidad, usabilidad y estándares técnicos. Estas deficiencias se perciben en menor medida en los servicios prestados por la administración general del Estado, pero progresivamente se incrementan cuanto más se desciende competencialmente, a nivel autonómico, provincial y local. En este sentido, la PMP ha recordado a la ministra que las administraciones autonómicas y locales han de garantizar la atención y provisión de servicios a toda la ciudadanía, priorizando a quienes se encuentran en una situación vulnerable y tienen mayor dificultad de acceso digital por diferentes motivos, en especial en lo que se refiere a servicios sanitarios y sociales.

Otro de las reclamaciones que la PMP ha puesto de manifiesto durante su encuentro con Isabel Rodríguez es la necesidad de que las personas mayores, especialmente aquellas que viven en el medio rural, tengan acceso a una formación específica que garantice su inclusión digital. Esta formación ha de ser diseñada desde los intereses y situaciones de las personas mayores destinatarias. No se debe ofrecer una formación estandarizada, a la que muchas personas mayores no se sumarían nunca, y es muy importante que desde las administraciones autonómicas y locales se cuente con el movimiento asociativo para la definición y ejecución de dicho plan formativo.

Por último, durante el encuentro, la PMP se ha ofrecido como agente interlocutor y colaborador con la administración para la implementación de todas las medidas mencionadas, ya sea realizando el diagnóstico de necesidades en colectivos y personas vulnerables; colaborando con entidades locales desde su red asociativa o con la medición del impacto de los planes de formación y capacitación digital.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) nace como un proceso de confluencia de las Organizaciones, Federaciones y Confederaciones de Mayores y Pensionistas más importante del país, con el objetivo de representar al movimiento asociativo de las personas mayores y facilitar la interlocución con los poderes públicos y otros actores sociales.

La PMP ha sido puesta en marcha por Unión Democrática de Pensionistas (UDP), constituida por 50 asociaciones territoriales y 13 asociaciones sectoriales con más de un millón de afiliados; la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), con 25 organizaciones de mayores de las diferentes Comunidades Autónomas, con más de 800.000 socios de base y más de 1.500 asociaciones; y por la ONCE, con representación territorial en todo el país, en la que más del 50% de sus afiliados son personas mayores.

Además, como entidad social de referencia, participa el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), con 8.000 asociaciones que representan a 4 millones de personas con discapacidad, de las que más del 60% son personas mayores (2,6 millones). Y, por otra parte, como socio ordinario se ha incorporado también la Asociación CONJUPES (Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de España), con 1.500 asociaciones y 550.000 afiliados. También se ha sumado a la PMP como socio adherido la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), con 1.483 asociaciones y más de 600.000 asociados, de los que un 70% son personas mayores de 65 años (420.000).

 

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